El lunes 28 de junio se cumple el aniversario del golpe de estado en Honduras. La postura de Estados Unidos ha permitido a los golpistas estabilizarse en el poder. La posición tibia de la Unión Europea y en concreto de España, no ha ayudado al restablecimiento de la democracia, lo que contrasta fuertemente con las reacciones firmes de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, con Lula a la cabeza. Los demócratas son perseguidos y amenazados. Muchos han pagado su lealtad al sistema democrático con la vida. Las represalias se extienden a todos los niveles, y se ha conocido el despido de los jueces que fueron contrarios al golpe. La magistrada Tirza Flores (en la foto de arriba), trajo a España la imagen y la reivindicación de estos jueces y fiscales, a los que pese a la presión internacional, el tribunal supremo hondureño ha convalidado el despido. En la resolución de esta situación, que constituye un peligroso precedente para las democracias suramericanas y caribeñas, es decisiva la posición del guardian del norte, Estados Unidos, que domina el ejército hondureño y es capaz de presionar a su oligarquía. Por eso resulta interesante a carta que a continuación se inserta de los congresistas demócratas a la secretaria de estado Hillary Clinton sobre la quiebra democrática que para todo el mundo supone el caso de Honduras. No olvidemos Honduras, pues mientras no se resuelva de forma democrática el panorama político y social, no debería ser considerada como nación con capacidad de decisión en el plano internacional.
A la honorable Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 “C” Street, N.W.
Washington, DC 20520
Estimada Secretaria Clinton:
El próximo lunes 28 de junio es el primer aniversario del golpe de Estado en Honduras. Le escribimos para expresar nuestra constante preocupación sobre las graves violaciones a los derechos humanos y al orden democrático que se iniciaron con el golpe y que continúan hasta hoy. Reconocemos los retos que enfrenta el Presidente Lobo y apoyamos los esfuerzos para reconciliar al país y fortalecer el imperio de la ley, en forma consistente con los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias.
Creemos que el Departamento de Estado debería proceder de acuerdo a las actuales circunstancias y encargar al Secretario Adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo, Michael Posner, que visite Honduras y realice una pronta evaluación de lo que está ocurriendo allá en relación a los derechos humanos y políticos. Sin un pronto y preciso informe, estaríamos renuentes a que el apoyo de Estados Unidos a Honduras continúe sin antes poner en práctica significativas restricciones.
Durante su reciente visita a América Latina, usted señaló que Honduras ha hecho progresos desde que el Presidente Lobo iniciara su presidencia en enero de 2010. Sin embargo, vemos que la violencia política continúa afectando a Honduras y que la inseguridad oprime a gran parte de la población. Algunos reportes indican que muchos hondureños temen por su seguridad, que no tienen confianza en el imperio de la ley, que permanecen expuestos al capricho de quienes están en el poder, incluyendo quienes planearon y participaron en el golpe de Estado del año pasado y que están protegidos por un clima de impunidad.
En lo que va de este año, nueve periodistas han sido asesinados en Honduras, y muchos más han sido torturados, secuestrados y han sufrido amenazas de muerte, incluyendo amenazas contra sus familias. Asimismo, existen casos de reporteros que han sido obligados a dejar el país debido a estas amenazas, algunos de ellos buscando asilo acá en Estados Unidos y en Canadá. Miembros de movimientos sociales que se oponen o critican al gobierno han sido víctimas de la violencia y sujetos a constante intimidación. Varios jueces han sido sumariamente expulsados por realizar, basados en principios, cuestionamientos sobre la legalidad del golpe de Estado.
Como telón de fondo, un grupo de oficiales de las fuerzas armadas sospechosos de estar involucrados en el golpe han sido nombrados en varios puestos ejecutivos en el gobierno de Lobo. Incluso el general Romeo Vásquez Velásquez, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas durante el golpe de Estado, es ahora el presidente de Hondutel, la empresa nacional de telecomunicaciones. El nombramiento de Velásquez, un actor fundamental del golpe, es preocupante pues en su nuevo puesto controla el sistema telefónico del país, además de internet y las líneas de fax, en momentos en que los defensores de los derechos humanos y los líderes de la oposición política temen estar siendo perseguidos por su activismo.
El presidente Lobo, según sus propias palabras, está deseoso de sepultar el pasado. Pero estas violaciones a los derechos humanos y al orden democrático persisten en Honduras bajo su mirada. Al mismo tiempo, el país ha fallado en agilizar sus compromisos relacionados con la Comisión de la Verdad y establecer un gobierno de unidad nacional, aspectos que fueron definidos por Estados Unidos el año pasado como prerrequisitos para que Honduras sea tratado nuevamente con la legitimidad de un gobierno democrático.
Creemos firmemente que quienes deciden las políticas de Estados Unidos necesitan una evaluación precisa de la situación actual de los derechos humanos en Honduras, de manera de formular políticas que puedan apoyar los esfuerzos del gobierno de Lobo para fortalecer el imperio de la ley y reinstaurar el orden democrático en el país.
Respetuosa y enérgicamente recomendamos que usted ordene al Secretario Adjunto, Michael Posner, que visite Honduras con el propósito de recopilar los hechos relacionados con la actual situación de los derechos humanos y políticos, y que le informe tanto a usted como a nosotros tan pronto como sea posible sobre los siguientes problemas, aparte de otros que puedan existir:
1. Los asesinatos, asaltos, amenazas y exilio de periodistas
2. Los asesinatos, asaltos, amenazas y exilio de miembros del Movimiento de Resistencia, sindicatos de trabajadores, de las comunidades afro-hondureñas, indígenas y de las minorías sexuales.
3. La expulsión decretada por la Corte Suprema de jueces que se opusieron al golpe de Estado.
4. Los recursos disponibles y el mandato para Ana Pineda, asesora especial del Presidente Lobo en derechos humanos, para que pueda realizar su trabajo.
5. El potencial de la Comisión de la Verdad para conducir al país hacia la justicia y la reconciliación.
El Congreso necesita una evaluación clara y franca de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las condiciones en terreno en Honduras, describiendo la realidad, no como la imaginamos ni lo que desearíamos. Nuestro país no puede pretender la defensa de los valores democráticos en juego en Honduras o más ampliamente en la región, y nosotros en el Congreso no podemos aprobar apoyo adicional para el gobierno de Honduras, sin un informe confiable sobre el estatus de los derechos humanos y políticos que predomina bajo el gobierno del presidente Lobo, además de un plan para evaluar y enfrentar estas condiciones efectivamente.
Atentamente,
Los siguientes miembros del Congreso de los Estados Unidos de América:
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James P. McGovern
Janice D. Schakowsky
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Sam Farr Michael
M. Honda
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Barbara Lee
Raúl Grijalva
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Donald M. Payne
James L. Oberstar
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John Conyers, Jr.
Chellie Pingree
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John W. Olver
George Miller
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Richard E. Neal
Gwen Moore
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Tammy Baldwin
Donna F. Edwards
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Michael E. Capuano
Danny K. Davis
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Stephen F. Lynch
James P. Moran
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Edward J. Markey
Bill Delahunt
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Rosa L. DeLauro
John F. Tierney
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José E. Serrano
Betty McCollum
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Bobby L. Rush
Con copia a: Michael Posner, Secretario Adjunto del Departamento de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo
Arturo Valenzuela, Secretario Adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos
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