domingo, 26 de agosto de 2012

HA MUERTO PACO FERNÁNDEZ BUEY



Francisco Fernández Buey ha fallecido en la tarde del 25 de agosto. Es una mala noticia para tod@s. Paco  ha sido un referente fundamental para la crítica política y teórica de este viejo y miserable mundo capitalista. A continuación, se recupera un artículo, publicado por La Insignia hace diez años. Habla de la barbarie del capitalismo y del imperialismo. En un día tan triste, leer a Paco Fernández Buey es un acto consciente para reivindicar su memoria y su ejemplo.





17 de enero del 2002


Imperio

Francisco Fernández Buey

Primo Levi, reflexionando sobre el Holocausto, escribió que la historia de la barbarie es como un silogismo práctico. La premisa mayor de este silogismo reza así: "Todo extranjero es enemigo". La conclusión del mismo no es única: puede ser el genocidio o el etnocidio, la limpieza étnica o el asimilacionismo, los campos de concentración o los campos de destrucción de otros pueblos, de otras culturas. Por desgracia, la aceptación de la premisa mayor de este silogismo es casi siempre inconsciente para la mayoría de los humanos. Pero siempre que en la historia de la humanidad esta premisa mayor se ha convertido en dogma, mediante la afirmación autoexcluyente de la propia cultura, que se considera a sí misma superior, el resultado ha sido la planificación de la propia barbarie: el holocausto, el quemar todo lo otro, la implantación del infierno sobre la tierra. En el transfondo del Holocausto está la afirmación arrogante de la Kultur frente a la Zivilisation. 

Lo característico del capitalismo posmoderno en la época del Imperio único es que se presenta a sí mismo como vencedor de las fuerzas que causaron el último gran holacausto del siglo XX, pero al mismo tiempo, al afirmar la superioridad de la propia cultura mercantil, quema todo aquello que considera antagonista o enemigo, crea otros holocaustos y los presenta ante la propia opinión pública como necesarios, como respuesta supuestamente "civilizada" ante el riesgo de que aparezca en el horizonte un nuevo Hitler. Avisa de que viene El Lobo y, mientras tanto, convierte en lobos a los paisanos. La paradoja de los nuevos holocaustos es que éstos se presentan como una retorsión del principal Holocausto del siglo XX: el capitalismo posmoderno dice querer hacer modernos a todos los demás, induce en las otras culturas nuevas necesidades y, cuando llega a la conclusión de que estas nuevas necesidades inducidas no pueden ser satisfechas más allá del mundo de los ricos, quema y destruye las tradiciones y culturas que no se adaptan a los designios del Imperio. 

Este quemar todo lo otro tiene ahora, en el cambio de siglo y de milenio, dos aspectos: material uno y simbólico el otro. 

Materialmente, el Imperio quema todo lo que considera antagónico mediante las guerras. Identifica reiterativamente lo antagónico con el espectro de Hitler y a continuación bombardea todo tipo de instalaciones civiles de aquello que llama "enemigo". Así en Bagdad, en Belgrado o en Kabul. En estos bombardeos han muerto desde 1991 cientos de miles de personas inocentes, un número muchísimo mayor que el de los muertos inocentes causados por los distintos tipos de terrorismo marginal. La ideología imperial se escandaliza ante los actos bárbaros de los otros y pone sordina a las consecuencias de su propia barbarie siempre impulsada por la enorme superioridad tecnológica y militar de los Estados Unidos de Norteamérica, de los gobiernos que dicen amen a todo lo que manda el gendarme imperial y de los gobiernos que utilizan la sumisión al Imperio para recomponer sus propios sueños imperiales frustrados. 

Simbólicamente, el Imperio quema, destruye o confisca algunas de las mejores piezas de las culturas que considera antagónicas. Se escandaliza con razón cuando los otros destruyen parte del patrimonio artístico-cultural, pero al mismo tiempo, en su centro, quema y destruye indiscriminadamente cada año muchos más libros que los que quemó y destruyó la Inquisición a lo largo de la historia. Y lo hace por razones exclusivamente mercantiles: para liquidar stocks, ahorrar en almacenes y limitar la competencia editorial. El capitalismo imperial posmoderno exige que toda la humanidad se cosifique en las gélidas aguas del cálculo egoísta.

Las instituciones monetarias del Imperio quieren que todos los pueblos del planeta vivan en las gélidas aguas del cálculo egoísta. Desde Rusia a Argentina recomiendan a los gobiernos de las provincias la religión de la desregulación y cuando estos gobiernos han sacrificado a los pueblos en el altar de la competición crematística los dejan caer en la desolación y en la crisis aduciendo que no han sabido aplicar las reglas de sus recetas neoliberales. Dolarizan el mundo y luego dicen que el mundo no está preparado para la dolarización. Liquidan estados y luego dicen que el estado-nación está en crisis. Exigen seguridad para que haya inversiones y cuando han liquidado las industrias incipientes en las provincias ofrecen medidas y técnicas policíacas para garantizar los beneficios de las empresas transnacionales, que son, en realidad, nacional-imperiales. 

De ese tipo de cinismo dijo Oscar Wilde: "Sabe el precio de cada cosa, pero no sabe el valor de ninguna".

El Imperio se mofa de las banderas de los otros aduciendo que pasaron ya los tiempos de las banderas "provincianas" y a continuación exalta la propia bandera en todas las actividades cotidianas y la impone a otros pueblos a miles de quilómetros de su centro. El Imperio se cisca en la inteligencia crítica y llama "inteligencia" al espionaje. Forma "luchadores de la libertad" donde tiene intereses geoestratégicos y luego, cuando quieren autodeterminarse, los llama terroristas. Se llena la boca con la palabra "libertad" y en las provincias no reconoce otra que la Quinta Libertad, el Séptimo de Caballería posmoderno. Hunde la enseñanza pública universitaria donde lo hubo y luego dedica enormes recursos a la compra de intelectuales de los cinco continentes, convierte sus obras en mercancías cosmopolitas y les exige que renuncien a sus orígenes declarando que ha llegado la guerra entre civilizaciones. Dedica importantas sumas a la investigación de medicamentos para combatir las enfermedades de la civilización y luego se lucra con ellos condenando a la muerte a los pobres que no pueden pagarlas.
En las provincias, la cultura imperial afirma su superioridad mofándose de las otras culturas y humillándolas. El Imperio desprecia cuanto ignora: coloniza culturas a las que trata de primitivas, invade los desiertos de África con las naderías de la París-Dakar y silencia a los que allí quieren autodeterminarse; arranca los velos medievales allí donde éstos cubren los rostros de las mujeres pero a continuación prostituye todo aquello que no entra en la división internacional del trabajo; denuncia la persistencia de la vieja esclavitud pero a continuación crea nuevos esclavos y se beneficia de la nueva esclavitud; impone la coca-cola en lugares en que falta agua o el agua está contaminada; subasta con arrogancia, en Londres o Nueva York, las mejores piezas de las culturas precolombinas. 

La cultura imperial se apropia de las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas de América, África y Asia y luego las patenta para vendérselas, a precios desorbitados, a los descendientes de los que las crearon; deja sin espacio, en nombre de la religión del petroleo, a los pueblos que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos y dice que lo hace en nombre de la conciencia ecológica planetaria; predica austeridad a los pobres en nombre del desarrollo sostenible y luego se niega a firmar convenios internacionales para la reducción de las principales emisiones contaminantes; destruye agriculturas de siglos e impone cultivos cuyos beneficios van a parar a las transnacionales de la agroindustria; obliga a emigrar a millones de personas y luego niega la libertad de circulación a los que tienen que emigrar; produce sociedades multiculturales y luego dice que el multiculturalismo es un peligro para la civilización occidental; ficha, cataloga y controla a todo bicho viviente, animal o racional, y luego lo mete en guetos y reservas. 

Con motivo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 algunas personas sensibles, pocas, se han preguntado en EE.UU y en Europa por qué hay hoy tanto odio en el mundo contra la civilización que cree representar el Imperio. La respuesta es tan sencilla como difícil de entender para el Padre Padrone que aún cree que los siervos tienen que estarle agradecidos. La respuesta es: por la extensión de la pobreza, del hambre, de las enfermedades y de la esclavitud; por la destrucción de lenguas y culturas que un día fueron tan cultas (o más) como la lengua y la civilización del Imperio; porque el capitalismo posmoderno ha convertido el mundo en una plétora miserable y presenta esto, contra la evidencia, como el mejor de los mundos posibles; porque los desesperados están hartos de que les hayan matado a sus dioses y encima se rían de ellos los que no creen en ninguno. 

El odio no justifica, obviamente, la barbarie de los otros (tan moderna y a veces tan posmoderna, por cierto, como la del Imperio), pero explica la desesperación que conduce a ella. El capitalismo imperial posmoderno exalta constantemente la violencia en los medios de comunicación que domina, fomenta la Sociedad del Rifle, practica la pena de muerte y luego interviene violentamente para combatir la violencia que él mismo ha inducido. El capitalismo imperial posmoderno llama fundamentalismo a la desesperación de los otros y oculta el fundamentalismo propio. De ahí surgen varios holocaustos selectivos y una nueva especie de macartismo global. 

He aquí otra vez el "poder desnudo" del que hablaba el viejo Einstein al acabar la segunda guerra mundial. Un tipo de poder que a él le recordaba la época del ascenso del nacional-socialismo en Alemania. Retorsión de lo que hubo. Esta vez son los musulmanes y asimilados quienes más sufren. Pero conviene recordar, con Levi, que ya en el infierno de Auschwitz se llamaba "musulmanes" a los más desgraciados de entre los desgraciados del campo de exterminio. ¿Una premonición? La última imagen de la dimensión que ha alcanzado el "poder desnudo" ha sido el traslado forzoso de los talibanes afganos desde Kabul a Guantánamo, cuerda de presos organizada con los últimos adelantos tecnológicos que, sin embargo, trae a la memoria alguna de las escenas del Espartaco de Kubrick. Todo un símbolo. Por lo que significaba Kabul, en el corazón de las tinieblas, y por lo que significa Guantánamo, territorio imperial en la isla de Cuba
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Nuevamente en el Imperio. Como dijo Walter Benjamin, no hay documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de la barbarie.

¿Hay alguien ahí? 


jueves, 9 de agosto de 2012

VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN COLOMBIA 1984-2011










Nuestro corresponsal en Colombia, amigo y doctor por la UCLM, Edgardo González, nos envía este artículo publicado en la Revista Cultura y Trabajo de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, obra de un profesor de historia, Ricardo Sánchez Ángel que se titula "¿Eufemismo o imparcialidad?", donde se comenta críticamente un informe avalado por el PNUD. El tema de la violencia contra el sindicalismo en Colombia es silenciado conscientemente desde los medios de comunicación globales. Pero sigue presente, y este texto alude de forma impresionante a la gravedad de este fenómeno.



A propósito del Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011
A la memoria de Alfredo Correa de Andreis
I.

EL RECIENTE PASADO COLOMBIANO, PERIODIZADO ENTRE 1984 Y 2011, OPERA COMO UNA PESADILLA SOBRE EL PRESENTE y no da confianza sobre el futuro. Solo el principio de esperanza. La crisis humanitaria en este país adquiere dimensiones mayúsculas y, sin duda en estos tiempos, es la más grave de nuestra América al lado de Haití: violación a los derechos humanos, secuestros, crímenes, genocidios, desplazados domésticos y al exterior, abandonados, desaparecidos, en fin, un universo pavoroso contra la vida y la dignidad. Los crímenes cometidos desde 1986 hasta 2011, según cifras de la ENS, son 2.863; según el CINEP, entre 1984 y 2010 alcanzan los 4.791; y para la Federación Internacional de Sindicatos, ascienden a 3.000 desde 1986, de los cuales alrededor de 1.000 corresponden a maestros.
El desafío es el esclarecimiento de las distintas causalidades, de las estructuras económico-sociales y de las superestructuras político-culturales, en el entramado de nuestra historia y los contextos internacionales. Son varias las investigaciones académicas, de centros populares, fundaciones, de entidades paragubernamentales, de periodistas y de protagonistas de lo ocurrido, como víctimas o autores.

La disputa por la caracterización de lo ocurrido y cómo nombrarlo, es una cuestión de primer orden por el carácter simbólico, representativo del tipo de sociedad constituida. No es una discusión sobre el sexo de los ángeles, meramente nominal. Por ello, no es lo mismo que se reduzca el conflicto interno al terrorismo, a que se reconozca que es una guerra, horrorosa, pero una guerra, o mejor, guerras simultáneas. Ni es lo mismo que se hable de homicidios cuando se trata de masacres, de genocidios, de crímenes continuados. Este es un problema grueso que presenta el documento que comento. Es restrictivo a la conducta de homicidios, lo cual no trae consecuencias en el derecho internacional humanitario, al contrario de las otras tipologías penales, duramente sancionables y que ponen en cuestión la legitimidad estatal.

El informe que comento se divide en dos tomos: i) la presentación de los análisis sobre la violencia contra los sindicatos y sindicalistas 1984-2011 y ii) el Resumen ejecutivo en el que los autores destacan en forma sintética las principales conclusiones. Se trata de la cristalización de un acuerdo de voluntades entre el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), las centrales CTC y CGT, con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, España, Canadá y Países Bajos. Para la investigación se vinculó a distintos centros que han realizado trabajos cualitativos y cuantitativos sobre la violencia contra los trabajadores, los cuales sirvieron de insumo para la elaboración del Informe del PNUD con su coordinación académica. Aunque es obvio que no se trata de una responsabilidad compartida por el contenido, de parte de los centros y personas vinculadas como aportantes.

Así las cosas, se trata de un documento funcional a los sectores nombrados, y especialmente a los intereses de un gobierno que estaba sancionado en lo moral, lo diplomático y lo político por el Congreso de los Estados Unidos, quien negó la aprobación del TLC precisamente por los crímenes contra los sindicalistas como uno de los aspectos centrales.

La sola ilustración cliométrica destiñe el maquillaje de la democracia colombiana. Con el actual informe, al presentar las cifras desprovistas de un análisis cualitativo y crítico adecuado, se coloca una máscara, cuando lo que se necesita es mirar de frente un rostro. La razón de ello es que se careció de un campo intelectual autónomo para adelantar este tipo de trabajo, se buscó complacer al gobierno, al igual que a la ANDI, y a la nomenclatura de las dos centrales progobiernistas. El análisis realizado responde al pensamiento blando, ligero, sin penetrar ni contextualizar lo ocurrido. El propósito de producir un informe a la carta fue logrado, pero al precio de escamotear la gravedad de lo sucedido.

II.

Una tarea de estas dimensiones tiene como referente central a las víctimas, se debe investigar desde el campo moral de ellas, en que lo científico está articulado a sus intereses, siendo éstos los que la verdad defiende, lo que implica otras valoraciones, distintas a las presentadas en el documento. Razones tuvo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al manifestar su desconfianza sobre la finalidad del informe, aunque hubiese sido de mayor utilidad su presencia en las discusiones respectivas.

El resumen del Informe sintetiza así el objetivo central: “El PNUD ha articulado el conocimiento proveniente de los estudios y de esas discusiones para consignarlo en este informe. Su objetivo es contribuir a la profundización y refinamiento de los debates y a la formalización de unas propuestas que permitan realizar entre todos los actores, a mediano y largo plazos, las mejoras necesarias para superar esa situación. En tal orden de ideas, este informe se basa en los resultados y hallazgos de los seis estudios de los centros y en las discusiones de los conversatorios y del seminario” (Resumen ejecutivo, p. 8).

En el Informe se elude una jerarquización de las causalidades del modelo económico-social vigente de sobrexplotación y desigualdad social que operan como caldo de cultivo para los distintos tipos de violencias. El eufemismo usado a través de los documentos es el método dominante de la exposición. Dice así, por ejemplo: “Aunque se abordan algunos casos conocidos de complicidades de empresas privadas con grupos paramilitares, este Informe llega hasta donde las sentencias y los registros de las fuentes facilitan, a partir de lo cual, en el epílogo de propuestas formula la necesidad fundamental de la cooperación de todos los actores, primordialmente del Estado, para superar la realidad actual de desinformación y de altos índices de impunidad al respecto” (Resumen ejecutivo, p. 36).

Hay momentos en que este Informe parece más una defensa de los empresarios, realizada a través del método de la caricatura: “Lejos de caer en la estigmatización hacia el sector empresarial, con estereotipos infundados de proclividad paramilitar, hecho tan repudiable como el estereotipo del ‘sindicalista guerrillero’, es cierto que existen casos individuales de empresas y empresarios que cierta o presuntamente han buscado y obtenido el beneficio de paramilitares” (Resumen ejecutivo, p. 26).

Que yo sepa, no hay víctima ni sindicato que señale al sector empresarial en general como culpable de las violencias. Al revés, la seriedad de las denuncias se concreta en señalamientos directos, como en el caso de las multinacionales Chiquita Brands y Drummond que el propio Informe recoge, sectores ganaderos como el representado por el anterior Presidente de Fedegan, al igual que sectores bananeros. Lo que el Informe elude es que, el capítulo de la paraeconomía y la narcoempresa, se abrió a través de distintas investigaciones judiciales, a partir de testimonios de víctimas y victimarios, como los de algunos jefes paramilitares.

Las agencias del Estado encargadas de la seguridad ciudadana tienen inmensa responsabilidad como instituciones en los crímenes contra los sindicalistas, situación que el Informe minimiza. Dado que se habla de “complicidad entre miembros de las AUC y de funcionarios del DAS en la Costa Caribe”, cuando la acción del DAS operó a escala nacional, acompañada de un vasto sistema de espionaje, elaboración de listas oficiales entregadas a los paramilitares para cometer crímenes, el complot contra la Corte Suprema de Justicia, la persecución a los opositores políticos y sindicales, que sin ambages deben ser caracterizadas como expresiones de un Estado Policía. No fueron funcionarios simplemente, fue la institución.

No se puede explicar con prudencia, objetividad y verdad histórica, la realidad de un crimen continuado como el que se cometió contra los sindicalistas, con distintos propiciadores, estructurado en varias decisiones de largo alcance, sin que el Estado y sus sectores más decisivos en el manejo de la violencia legal, no sean responsables por acción y omisión. Al igual que la situación de impunidad documentada en el Informe, que señala un alto grado de irresponsabilidad por parte del establecimiento colombiano. No se puede dejar de lado que estos crímenes se desarrollaron casi en paralelo al exterminio de los movimientos políticos como la Unión Patriótica (UP), de magistrados, jueces y periodistas, de indígenas y campesinos, de líderes políticos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez.

Aunque el Informe se titula sobre la violencia, otras violaciones a los derechos humanos y sindicales no se comentan, eludiendo asuntos graves de la criminalidad. En el resumen se afirma: “Otras modalidades de violaciones, como la desaparición forzada y la tortura, pueden ser incluso más graves que el homicidio, pero por su carácter más esporádico, no serían susceptibles de este tratamiento cuantitativo. El caso de las amenazas, aunque de frecuencias altas, en general mayores que las del homicidio, presenta mucho más dificultades que las otras desde el punto de vista de las exigencias del rigor del tratamiento cuantitativo” (Resumen ejecutivo, p. 15). Reducir la violencia a sindicalistas a solo homicidios, con las exclusiones anunciadas, constituye un eufemismo y es francamente inaceptable, al utilizar la excusa de las dificultades al cuantificar los desaparecidos y torturados, porque se debe y puede presentar estimativos hipotéticos y sobre todo, análisis cualitativos inclusivos al tema.

El esfuerzo del Informe en la presentación de los contextos de violencia se centra en enfatizar el papel del paramilitarismo y las guerrillas, minimizando el rol de los aparatos de fuerza legal del Estado. El método utilizado incorpora aspectos duros y crudos de los aportes de los centros de investigación para luego realizar conclusiones débiles. Así, dice el Informe: “No cabe duda, entonces, sobre la existencia de casos que ilustran la complicidad de algunos agentes del Estado con grupos criminales, específicamente con los paramilitares. Existen más raramente casos de complicidad con las guerrillas, más frecuentemente en el ámbito local, como en la masacre de las milicias de las FARC en el barrio La Chinita de Apartadó (Antioquia), en cuyo proceso hubo imputación de cargos contra funcionarios civiles del orden municipal” (Informe, p. 134).

III.

Sobre los epílogos, tanto en el Resumen como en el Informe, proponen varias medidas aceptables, tales como el fortalecimiento de la Fiscalía, una política criminal efectiva, la reparación individual y colectiva en todos sus aspectos, una política pública de protección y prevención sostenida e integral, y otras más.

Donde yo expreso dudas preocupantes es sobre el mantenimiento del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que el Informe define como oficial en estas materias, que está en cabeza de la Vicepresidencia de la República. El tema de la información y el sistema estadístico debe integrarse en un organismo no gubernamental, sí estatal, público, que centralice la tarea que adelanta el Observatorio, con la actividad de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El nuevo ente, con presupuesto propio y dirección con período fijo, debe estar adscrito a la Defensoría del Pueblo.

Las recomendaciones a los sindicatos y empresas son consejos paternalistas, lo mismo ocurre con los medios de comunicación. La primera exigencia que levantan las víctimas debe ser aceptada con todas sus letras: verdad, justicia y reparación. Superación rápida y completa de la impunidad.

Este Informe y su Resumen deben suscitar la atención de las víctimas directas, como los sindicatos y familiares que viven el dolor por los asesinados. Debe interesar al mundo intelectual y político, a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, a la justicia nacional e internacional. El Informe ofrece una documentación estadística analizada en forma cuantitativa, geográfica y por sectores laborales y sindicales, producto de la valiosa contribución que hacen los centros de investigación popular y universitaria. El Informe sustenta su validez en la ponderación cliométrica: esta es su importancia.

Propiciar que este Informe sea aceptado en el presente por los herederos de los asesinados, los trabajadores, equivale a aceptar “que ni siquiera los muertos estarán seguros”. Se trata de no olvidar con consciencia histórica, como fuerza cultural, la tradición de lucha que los asesinados encarnan. No es mero recuerdo, es memoria viva, completa, que solo puede lograrse suprimiendo los eufemismos, las verdades a medias, la fantasía política que propugna que la armonía con los poderosos; es el precio que hay que pagar por la verdad.


Nota breve
Este comentario se realiza a partir del texto Reconocer el pasado, reconstruir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011, con el sello editorial del Proyecto sobre Violencia contra Sindicalistas y Trabajadores Sindicalizados, y PNUD Colombia. Bogotá (Colombia), Diciembre de 2011.
Los centros de investigación, de universidades que hicieron sus aportes para la elaboración del informe son: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Centro de Investigación y de Educación Popular (Cinep), Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), Fundación Ideas para la Paz (FIP), Universidad Externado de Colombia y Universidad Nacional de Colombia.
Como organizaciones de la sociedad civil: Escuela Nacional Sindical (ENS) y Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)