miércoles, 28 de diciembre de 2011

UNA "NUEVA CUESTIÓN SOCIAL" EN CHILE. UN INFORME DE LA FUNDACIÓN SOL



Todos los países tienen narraciones oficiales sobre las bondades de su gobierno respecto de la creación de empleo. En España las hemos conocido casi todas, aunque en los últimos tiempos se hayan especialziado en cómo crear nuevos puestos de trabajo y en reducir el proceso de destrucción de empleo. La solución neoliberal - preconizada por la Comisión Europea, el Banco Central y los gobiernos de toda condición - afirma que degradando los derechos se crea más empleo. El ejemplo chileno es emblemático al respecto. Por eso el informe de la Fundación Sol que aquí se resume es esclarecedor del precio de crear empleo sin derechos.

En Chile, durante los últimos 2 años se ha celebrado positivamente la marcha del empleo a nivel nacional dada la creación de más de 570.000 puestos de trabajo durante el actual gobierno, lo que significa más de la mitad de la promesa presidencial de llegar a un millón de nuevos empleos. Además, el año 2011 se ha observado un estancamiento estadístico de la tasa de desocupación, ante lo cual algunos han hablado de la posibilidad de llegar al pleno empleo.



Sin embargo, un reciente estudio denominado “Precariedad laboral y modelo productivo en Chile”, del Área de Tendencias del Trabajo de la Fundación SOL, presenta evidencia que apunta a una conclusión mucho menos auspiciosa. El informe fue elaborado utilizando los datos aportados por la Nueva Encuesta de Empleo del INE que, según los investigadores de la Fundación, “aporta datos suficientes como para derribar el mito de un país de trabajos formales, protegidos, estables y productivos, listado que siempre es sacado a la luz por los sectores empresariales para aplicar políticas que profundicen la flexibilidad laboral de un trabajo, que a su parecer, tiene altos costos de contratación, es muy rígido y poco productivo”.



Según el Índice de Empleo Protegido que elabora mensualmente Fundación SOL en sus Minutas de Empleo, hoy sólo el 39% de los ocupados y el 52% de los asalariados tiene un empleo protegido. Por otro lado, según el Índice de Inserción Laboral, medida que divide a la población chilena en función de su relación con el mercado de trabajo, la población chilena se inserta crecientemente en el trabajo de una forma endeble.



Este índice clasifica el tipo de inserción de los ocupados en tres anillos jerarquizados y diferenciados en protección, continuidad y formalidad. El Primer Anillo de Inserción Laboral Alta, es el núcleo de alta protección, formalidad, continuidad y estabilidad en el trabajo. El Segundo Anillo de Inserción Laboral Media, es aquel compuesto por empleos caracterizados por algún grado de formalidad o protección, y/o de continuidad y estabilidad. El Tercer Anillo de Inserción Laboral Baja, finalmente, es donde se concentra la informalidad, desprotección e inestabilidad laboral.



Según los resultados del informe, el único anillo que ha aumentado es el tercer anillo de la desprotección y la informalidad. En especial los trabajadores por cuenta propia subempleados, es decir, aquellos que trabajan jornada parcial y desean trabajar más horas pero no encuentran esa opción (jornadas parciales involuntarias), los cuales han aumentado en un 46%.



“Estos datos indican claramente, utilizando las palabras del sociólogo francés Robert Castel, la presencia de una ‘nueva cuestión social’, similar al pauperismo del siglo XIX, al generarse en relación al trabajo una población con condiciones críticas de vida que tiene una gran vulnerabilidad” plantea Patrizio Tonelli, historiador de la Fundación SOL y uno de los autores del documento.



El palabras de los autores la precariedad del mercado laboral se enmarca en la ola liberalizadora de los años ‘70 “con la impronta específicamente chilena del desmembramiento de la industria – incompleta, pero existente – y una reorientación de la producción hacia la exportación de commodities, lo que configuró una pequeña economía abierta al exterior, catapultada por actividades extractivas de recursos naturales, que no generan riquezas por medio de valor agregado del trabajo.”



“El presente estudio pone en marcha una reflexión que toma el peso social a la precariedad laboral del país, insertándola en el problema más general del modelo económico de desarrollo y la matriz productiva de Chile, los cuales intrínsecamente, poseen una limitada capacidad de generar empleos productivos y de buenas condiciones. Lo que queremos instalar es que una economía no productiva, no genera empleos de calidad” señala el sociólogo Alexander Paéz, otro de los autores del documento.

Para descargar el contenido del informe en pdf:
http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2011/12/Ideas-1-Tendencias-del-Trabajo2.pdf

martes, 27 de diciembre de 2011

LA LUCHA DE LOS MINEROS MEXICANOS (RECOPILACIÓN DE TEXTOS DE OSCAR ALZAGA)




La lucha de los mineros mexicanos en Pasta de Conchos o en Cananea siguen siendo hitos decisivos para el movimiento obrero americano. Oscar Alzaga ha preparado una bellísima recopialción de poemas y de textos que versan sobre la minería, los mineros, su obra y sus luchas desde una perspectiva histórica. No hay espacio acá para acoger el texto en su integridad. Basta sólo algún ejemplo suficientemente ilustrativo. Hemos escogido el relato que el secretario general del sindicato minero realzia de la huelga general en la minería de 1944. Es el que se inserta a continuación


De la huelga general de 1944:



“Por fin, el 6 de junio de ese año, los americanos y los ingleses se decidieron a desembarcar en Normandía… necesario para apresurar el triunfo de las naciones aliadas sobre la dictadura nazi-fascista. […]

El 8 de junio, el Presidente Ávila Camacho llamó a su despacho al secretario general (Juan Manuel Elizondo) del sindicato. El presidente exigía que se aplazara por un tiempo más o menos largo, el estallido de la huelga minera. Sus argumentos no carecían de peso. Afirmaba que una nueva masa de soldados estaba involucrada ahora en la guerra, con la apertura del Segundo Frente. Que, como se sabía, la industria de guerra de Estados Unidos no disponía de otras fuentes de minerales que no fueran las de México, toda vez que era imposible transportar minerales de América del Sur y mucho menos de África o de Asia. Y que, precisamente en el momento en que se estaba haciéndose el máximo esfuerzo para terminar la guerra, México suspendía el abasto de minerales a su industria bélica.

Como es claro, a esas alturas la huelga general no podía suspenderse ya que lo impedían razones de orden puramente prácticas. Se le explicó al Presidente que, en esos momentos, eran las cinco de la tarde del día ocho y nos encontrábamos discutiendo el caso en el Palacio Nacional. Que, aún deseándolo, no podía ser detenida la huelga porque ni siquiera había tiempo, para que la orden del Comité Ejecutivo fuera transmitida a las secciones y recibida oportunamente por éstas. Dicha orden, en caso de dictarse, sería transmitida al día siguiente, ya que en la mayoría de las pequeñas y medianas unidades no existía servicio telefónico. La absoluta mayoría de las secciones no recibiría dicha orden sino hasta después del día 10, es decir, cuando la huelga ya hubiese estallado. Lo único que se lograría con esa orden de suspensión, sería el desconcierto entre las distintas secciones del sindicato, ya que unas, las que las recibieron a tiempo, podrían o no acatarla en vista de su carácter intempestivo y abrupto, mientras que otras saldrían a la huelga.

En vista de esas circunstancias, no se ganaría nada con la orden de suspensión de la huelga y, en cambio, el sindicato sufriría un verdadero colapso en su organización. Además, se le explicó al Presidente, durante los sesenta días anteriores que las empresas no habían concurrido a ninguna cita de la Secretaría de Trabajo, para negociar con el sindicato y con las autoridades, la solución del conflicto. Se le explicó también, que si bien era cierto que estaban muriendo muchos soldados en el frente recién abierto, esos soldados eran norteamericanos y que, como era lógico y moral, eran las empresas mineras norteamericanas, especialmente ASARCO, las obligadas a procurar que el abasto de minerales de México a Estados Unidos no se suspendiera por una huelga de trabajadores mineros. Que las empresas podían suspender la huelga, con sólo otorgar a sus obreros una pequeña parte de las sobre-utilidades, provenientes del aumento del precio de los metales. Y que, en todo caso, no eran los trabajadores mineros mexicanos los que iban a pagar con el sacrificio de sus salarios, la sangre derramada en Europa por los soldados norteamericanos, en tanto que las empresas mineras norteamericanas se beneficiaban tanto del esfuerzo de los trabajadores mexicanos como de la sangre derramada por sus compatriotas en el Segundo Frente de la guerra.

Lo único que respondió el Presidente de la República a esos argumentos fue:

-Bueno, pero no la hagan muy larga…”



Juan Manuel Elizondo. (“La huelga general de los mineros de 1944” en revista Trabajo y Democracia Hoy, Núm. 104, Las 100 Luchas Obreras del Siglo XX, 4ª edición, Julio-Agosto, 2009, p. 54). La huelga duró 40 días y el resultado fue un triunfo rotundo de los mineros.



La cárcel de Cananea está situada en una Mesa.

Donde yo fui procesado por causa de nuestra lucha.



Corrido popular. (Hoy la cárcel es El Museo de la Lucha Obrera.)

sábado, 17 de diciembre de 2011

La UCLM acogerá un seminario sobre la regulación laboral española entre 1930 y 1950



La UCLM acogerá un seminario sobre la regulación laboral española entre 1930 y 1950




La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo acogerá el próximo martes el seminario "Modelos del Derecho del Trabajo español. Democracia y fascismo en la regulación laboral (1930-1950), enmarcado en un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2010-19398 / JURI) que se está desarrollando en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete.



Según indican los organizadores del encuentro, el objetivo es "realizar una reflexión sobre los procesos ideológicos, culturales y políticos que van construyendo el aparato regulativo de las relaciones de trabajo en España". Frente a una visión más común de un análisis limitado a la producción legislativa y su contexto histórico, la atención se dedicará a los procesos de construcción doctrinal y teórica que explican y dan sentido a los instrumentos de regulación del trabajo, los modelos intelectuales y políticos que los inspiran y la forma concreta de desarrollar tales influencias.



"Mediante este enfoque se quiere ir diseñando los contornos de los modelos del derecho del trabajo español y sus características principales políticas e ideológicas, haciendo especial hincapié en la acción de los juristas del trabajo, en los prototipos teóricos y culturales en los que se mueven", precisan los organizadores. Encuadrado el derecho históricamente determinado en una etapa concreta (la II República, el terror de la represión franquista, la primera década del Nuevo Estado) es posible "llevar a cabo una tarea de clasificación y modelización de los significados normativos e interpretativos que en cada uno de estos momentos históricos se lleva a cabo sobre las imágenes y los paradigmas del Estado y del Derecho respecto del trabajo asalariado", prosiguen.



El seminario se estructura sobre dos grandes ejes, el primero es el del momento de la fundación del Derecho del Trabajo en España, con la II República, y en ese contexto se van a examinar circunstancias determinantes de ese modelo, como la presencia de la crisis económica aguda (que se entremezcla con la crisis política del propio Estado liberal-democrático), la influencia importante del modelo weimariano en la constitucionalización de la política social, sus permanencias y negaciones en el período republicano y, en definitiva, los ejes del prototipo regulativo del trabajo asalariado en la II República.



A este tema estará dedicada la sesión de mañana, con una intervención del profesor de la Universidad regional Joaquín Aparicio, que introducrá las grandes líneas del debate; le seguirán las conferencias de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, ambos profesores de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y en la Universidad de Barcelona respectivamente, y la de Clara Álvarez, profesora de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.



La sesión de tarde está dedicada a la irrupción del franquismo y la guerra civil de clase con la derrota de la II República y la imposición de la represión y del terror como base de la construcción del régimen. Sobre este aspecto introducirá el debate Mirta Núñez Diaz-Alabart historiadora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, a la que acompañarán las intervenciones de Juan Terradillos, penalista en la Universidad de Cádiz, y Enrique Olivas, filósofo del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos. "La cultura del miedo no tiene que ser necesariamente la cultura de los juristas vencedores, y es posible interrogarse si, en lo relativo al derecho del trabajo, la declamación fascista no evita una afirmación contractual e individualista de las relaciones de trabajo, y en qué medida se emplean los materiales normativos anteriores, alterando eso sí su función", señalan fuentes de la organización. Ese es el objeto de la última sesión que introducirá el profesor de la UCLM Antonio Baylos, cerrando así el contenido del seminario.



Al acabar, se notificará el plan de trabajo del año sucesivo, en donde está prevista la realización de otro encuentro de debate y discusión con los juristas italianos que han iniciado un tipo de trabajo histórico-cultural sobre el Derecho del Trabajo que converge plenamente con este proyecto de investigación, y del que además de Umberto Romagnoli puede citarse a Giovanni Cazzetta, Lorenzo Gaeta y Paolo Passaniti.

(Gabinete de comunicación UCLM)



lunes, 12 de diciembre de 2011

REPENSAR EL DESARROLLO: UN SEMINARIO DE ESTUDIOS EN ALBACETE








Cerca de 70 personas participan en el curso "Repensar el Desarrollo. Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales", que se celebra durante los días 12 y 13 de diciembre en el salón de actos del edificio Melchor de Macanaz, en Albacete. El acto de presentación ha corrido a cargo del decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Joaquín Aparicio, la profesora de la UCLM y directora del curso, Amparo Merino, y el coordinador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) de la Asociación Paz con Dignidad y codirector del curso, Pedro Ramiro.



En su intervención, Joaquín Aparicio re refirió a este curso como un foro donde se va a hablar, entre otros asuntos, de los derechos humanos ligados a la actividad de las empresas transnacionales, "por una parte estas compañías son fuente de inversión y desarrollo tecnológico, pero por otra parte y en algunos casos, son fuente de desigualdades y de violación de derechos humanos". Aparicio citó como ejemplo a dos empresas multinacionales envueltas en pleitos que han sido denunciadas por estar presuntamente involucradas en asesinatos de sindicalistas en Colombia.



Por su parte, Pedro Ramiro señaló que "a pesar de que en las memorias de las grandes empresas transnacionales se habla de su contribución al desarrollo de los países, lo cierto es que los beneficios y la redistribución de la riqueza no acaban llegando a la mayoría de la población".



El turno de ponencias se ha abierto con la intervención de la profesora de la UCLM Berta Valdés, que ha hablado sobre el poder de las empresas transnacionales en el mundo contemporáneo, a la que han seguido Amparo Merino y el profesor de la Universidad del País Vasco Juan Hernández Zubizarreta. El seminario continuará mañana martes, 13 de diciembre, con la participación de Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción, que tratará los impactos socio-ambientales de las relaciones comerciales Norte-Sur. Posteriormente se celebrará un ‘videoforum’ titulado: "Recursos naturales, desarrollo y derechos humanos: las multinacionales españolas en Colombia y Bolivia", en el que participará Erika González, de OMAL/Paz con Dignidad. La jornada se reanudará por la tarde con la intervención de Ignacio Martínez, de Plataforma 2015 y más, para continuar con la ponencia de Miguel Romero, de Viento Sur. Tras la misma, se procederá a la clausura del curso.



Esta actividad está organizada por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, en colaboración con el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) de la Asociación Paz con Dignidad y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).






viernes, 9 de diciembre de 2011

DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE DE ALAL: LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA COMO RESPUESTA A LA GLOBALIZACIÓN Y A LA CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA


ALAL - Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas - que representa a once países del continente americano, ha celebrado su congreso en Santiago de Chile. Coincidente en el tiempo con la importante cumbre constituyente de la CELAC, ha elaborado un manifiesto de extremo interés del que se da noticia a continuación. Además la Asociación ha renovado su equipo dirigente con Luiz Salvador (Brasil) de Presidente (en la foto), Lucho Ramírez  (Argentina) como Vicepresidente y Lidia Guevara (Cuba) como Secretaria General. A los tres amigos entrañables y luchadores por la emancipàción social, nuestra enhorabuena y un fuerte abrazo solidario desde esta orilla del Atlántico.

El siglo XXI se ha iniciado con una de la las crisis más graves y profundas del sistema capitalista. Tan grave que no son pocos los que sostienen que no se trata de una de las tantas crisis cíclicas por las que ha pasado, sino que estamos en presencia del principio del fin de un modelo civilizatorio.

Es evidente que se trata de una crisis multidimensional del capitalismo, que primero fue financiera, después económica y ahora social y política, y que prueba el fracaso de la globalización neoliberal y de su modelo de desarrollo.

Sin embargo, se da la paradoja que la estrategia para la salida de la crisis del capitalismo es… más capitalismo. Es así que los organismos financieros internacionales, que no sólo fracasaron en prever y prevenir la crisis, sino que son parte de los responsables, ahora reaparecen en escena con las mismas recetas, la misma racionalidad y sin la menor autocrítica.

El salvataje a los bancos con billones de dólares de las arcas públicas desnuda al sistema y le hace perder toda legitimidad política: ¿qué clase de capitalismo es este capitalismo sin riesgos, que descarga sobre la sociedad el costo de sus errores? La impresionante movilización de dinero público, que permitió socorrer a bancos y grandes empresas, mientras se exige "austeridad” a la sociedad, es la prueba cabal de los valores perversos del orden económico y social vigente, que se mantuvo impasible frente a la miseria de más de mil millones de personas, que sufren hambre y desnutrición en el mundo.

Uno tras otro van cayendo los gobiernos que han dejado de ser útiles a las fuerzas y grupos hegemónicos que dominan la economía mundial. En su retirada prestan un último servicio: asumir sutilmente ante la gente su responsabilidad por la crisis, ocultando así a los verdaderos responsables y permitiendo la llegada al poder de tecnócratas al servicio del poder financiero, o de representantes de la derecha política, como acaba de ocurrir en España.

El neoliberalismo se pasea triunfante por Europa y, más temprano que tarde, llegará a nuestras costas con sus conocidas recetas: recorte del gasto social, reducción o eliminación de derechos laborales y provisionales, menos Estado y más privatizaciones, mano de obra dócil y barata, etc., etc. Latinoamérica debe estar preparada para enfrentar a una nueva ofensiva contra los intereses populares en general, y contra los derechos de los trabajadores en particular.

En la década del’90 la crisis económica y las recetas del FMI y del Banco Mundial fueron la vía para despojar a los trabajadores de sus derechos, aumentando la distribución regresiva de los ingresos, la desigualdad social, la pobreza, la marginación, la mendicidad y la delincuencia. Se impuso la precarizacion de las relaciones laborales, el abaratamiento de los despidos y, en general, el abatimiento del nivel de tutela que los trabajadores habían alcanzado.

Es sabido que esas políticas fracasaron estrepitosamente, por lo que resulta paradojal que ahora se pretenda avanzar por el mismo camino. La única explicación es que, aunque el modelo económico y social vigente está agotado, son muchos los que piensan que no existe un modelo alternativo, apoyado en principios y valores totalmente diferentes, que permita elaborar una agenda realista y creíble de iniciativas y políticas.

El colapso del paradigma neoliberal de relaciones económicas y sociales a nivel planetario, nos hace ver que el que debería reemplazarlo aún se encuentra en gestión. Impregna el ambiente social, está latente, pero aún no tiene forma ni nombre. Por eso son tiempos de confusión y perplejidad, hábilmente aprovechados por los intereses vinculados al viejo paradigma para ocultar un mundo que se desmorona. En su fuga hacia adelante, eliminan la intermediación de los políticos y, como hace Goldman Sachs en Europa, colocan a sus mejores cuadros técnicos en la conducción política de los países.

La historia demuestra que cuando se produce una colisión de paradigmas, los intereses asociados al que está en retirada reaccionan para no perder las ventajas y prebendas que disfrutaban. Por eso son épocas violentas y con mucha represión. La criminalización de la protesta social es una de las características de esta coyuntura histórica, tal como lo podemos comprobar en muchos países latinoamericanos. Desde casos extremos como Colombia y Guatemala, países en los que la vida y la libertad de los activistas sociales no valen nada, a formas más sutiles en las que se los persigue con leyes injustas y jueces parciales y muchas veces corruptos.

Pero la historia también nos enseña que la hora más oscura de la noche, es la que precede al amanecer.

Latinoamérica está en una situación muy diferente a la que existía durante la década del ’90, cuando nuestros presidentes competían para ver quien era el mejor discípulo de los gurúes del neoliberalismo. Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, con sus contradicciones, marchas y contramarchas y con sus diferentes realidades, hoy llevan adelante procesos políticos que pretenden desarticular las estructuras sociales de dominación y dependencia.

Este escenario político, impensado poco tiempo atrás, nos permite sostener que la crisis del sistema capitalista y la nueva ofensiva contra los derechos económicos, sociales y políticos de nuestros pueblos, deben ser enfrentadas avanzando decididamente en el proceso de integración latinoamericana. Una integración que no se limite a meras cuestiones económicas y aduaneras, sino que sea auténticamente social, política y cultural. Avanzar en la construcción de la Patria Grande con la que soñaron nuestros héroes de la Independencia. La ALAL reitera, una vez más, que no hay región en el mundo en mejores condiciones para cumplir con este imperativo histórico.

No hay destino para nuestros países, ni posibilidades de emancipación para nuestros pueblos, sin una Latinoamérica unida, fraternal y solidaria. Sólo así se podrá enfrentar el nuevo y feroz ataque que el neoliberalismo ha lanzado contra los derechos de los trabajadores. Sólo así se podrán establecer estrategias de resistencia efectiva, a este nuevo proyecto de dominación y explotación. Y sólo así se podrá construir un poder alternativo, que permita abandonar la mera acción defensiva y encarar un autentico proyecto de liberación.

La creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), es un buen paso en la dirección correcta. De nuestros gobiernos depende que no se trasforme en una nueva frustración.

En el proceso de integración latinoamericana, una cuestión central será establecer un mismo nivel de protección laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de la región, garantizándoles la libre circulación por el espacio comunitario, con idénticos derechos laborales y de seguridad social. La ALAL viene trabajando desde hace cuatro años en un proyecto de Carta Sociolaboral Latinoamericana, que debe ser debatida por los trabajadores y aprobada por los gobiernos, en la que propone reemplazar el paradigma de relaciones laborales del neoliberalismo, por uno totalmente diferente que coloque al trabajador y su dignidad como eje de todo el sistema.

En el universo todo avanza y evoluciona, por lo que el cambio de paradigma es inexorable. Y quienes no queremos ser simples espectadores, debemos ayudar a la historia a parir este embrión libertario. Y esto es lo que pretendemos hacer en la ALAL, cuando nos proponemos desarrollar un nuevo modelo de relaciones laborales, de cara al siglo XXI, el siglo del reconocimiento definitivo de los derechos humanos.

Lo que intentamos desarrollar es un modelo de relaciones laborales con principios y valores completamente diferentes a los actuales, que reemplace una visión materialista y economicista del mundo del trabajo, por otra profundamente humanista. Un sistema laboral que ponga la dignidad de la persona que trabaja en el centro del escenario. El hombre como eje del ordenamiento jurídico, y el trabajo humano inserto en un marco de valoración que desborda el mero mercado económico. Pasar del trabajo-mercancía, sujeto a las leyes del mercado, al trabajo digno.

Porque en el contrato de trabajo la prestación prometida por el trabajador es actividad humana, y ésta es inseparable de la persona que la realiza. Lo que se hace y el que lo hace son indivisibles. En la relación laboral el trabajador se compromete física, mental y emocionalmente, razón por la cual es un absurdo predicar la dignidad de la persona humana, pero tratar como una cosa, o como un objeto del mercado de trabajo, lo que ella hace.

Un derecho fundamental en el nuevo sistema de relaciones laborales, es el derecho altrabajo. Porque en el sistema capitalista, los que no tienen capital sólo tienen tres caminos para subsistir: el trabajo asalariado, la caridad (pública o privada) o el delito. Así de simple.

Por lo tanto, es válido suponer que en el Contrato Social que pretende legitimar el actual orden social y económico, el derecho al trabajo debería ser uno de sus pilares. En caso contrario, no se entendería que un importante sector de la clase trabajadora haya abandonado su primigenia intención de combatir el sistema capitalista y reemplazarlo por otro.

Y siguiendo con esta línea de razonamientos, podemos afirmar que un derecho de semejante importancia debió ser reconocido con garantías de continuidad y seguridad. En otras palabras, de estabilidad. Porque para que el movimiento sindical acepte que la satisfacción de las necesidades del trabajador sólo se alcanza a través del trabajo asalariado, es lógico suponer que debió demandar mecanismos de seguridad para garantizar el derecho al trabajo. La incorporación de este derecho en algunos textos constitucionales sólo puede interpretarse como una justa respuesta a esa demanda.

Si a todo esto le sumamos que la estabilidad laboral es, de hecho, una condición para el ejercicio de los demás derecho laborales, ya que quien tiene una inserción precaria en la empresa tiene escasas posibilidades de defenderlos, entonces arribaremos a la conclusión que aquel Contrato Social debió garantizar a los trabajadores, no sólo derecho a un empleo, sino derecho a un empleo estable.

A partir de esta nueva visión del mundo laboral, resulta imprescindible resignificar algunos conceptos. Así, por ejemplo, la empresa no puede seguir siendo una estructura autocrática en la que uno manda y los demás obedecen. Por el contrario, las relaciones laborales deben ser democráticas y participativas. La imagen del individuo que trabaja en relación de dependencia, como un sujeto sumiso, pasivo y desprovisto de voluntad, está a contramano de un sistema que coloca su dignidad como centro y eje.

Los derechos que le son inherentes a su condición de persona y de ciudadano, no los abandona en la puerta de la fábrica. En el trabajo dependiente hay una implicación personal del trabajador, razón por la cual conserva todos los derechos que el ordenamiento jurídico, nacional e internacional, le reconocen a toda persona humana. Son derechos fundamentales del hombre, que le corresponden por el sólo hecho de serlo, y que lejos de perderse o atenuarse cuando ejerce su rol de trabajador, se potencian por vía de los tratados internacionales y los Convenios de la OIT.

No hay relaciones laborales democráticas y participativas, sin el reconocimiento del derecho de los trabajadores a la información y a la consulta previa, respecto a todos los temas que hacen a la vida de la empresa. No hay que olvidar que en el sistema capitalista, como ya se dijo, el empleo y la remuneración se vinculan con la subsistencia del trabajador y su familia, y con su proyecto de vida. Por lo tanto, su compromiso personal con la suerte de la empresa es absoluto. De ello se deriva, como lógica contrapartida, su derecho a participar en todas las decisiones patronales que puedan afectarlo.

En el contrato laboral la persona busca, fundamentalmente, una remuneración justa. Busca el ingreso económico que le permita atender sus necesidades y las de la familia. Por lo tanto, el derecho a percibir en tiempo y forma el salario también es un derecho vinculado con la supervivencia de la persona, que es lo mismo que decir que se relaciona con el derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Por ello la Carta pretende dotar a este derecho de todas las garantías posibles, estableciendo la obligación solidaria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o benefician con el trabajo ajeno, de abonar ese salario. Y cuando esto falle, se propone la existencia de fondos de garantía gestionados por el Estado.

En el nuevo paradigma de relaciones laborales, la vida y la salud del trabajador son valores centrales a proteger, porque son su único patrimonio. Su tutela no puede considerarse un costo, ni quedar condicionada al éxito de la empresa, como hoy ocurre. Los sistemas de prevención de los riesgos laborales no pueden estar a cargo de operadores privados, que actúen con fin de lucro, ya que se plantea una contradicción de intereses entre ellos y las víctimas, que es insalvable.

La propia O.I.T. ha reconocido que la inmensa mayoría de los accidentes y enfermedades laborales son evitables. Por ello llamarlos "accidentes” es una concesión del lenguaje, nada neutral por cierto. También ha dicho ese organismo internacional que los siniestros laborales producen más muertos y mutilados que las guerras, el sida, el cáncer, o los accidentes de tránsito. Ocultado por los medios masivos de comunicación, el sistema laboral vigente, al servicio del lucro, la rentabilidad, la productividad y la mejora de la tasa de ganancia, está causando un auténtico genocidio. Los trabajadores están pagando un "impuesto de sangre”para poder ganarse su sustento y el de sus familias. Esto debe ser denunciado enfáticamente y tiene que terminar. Los sindicatos y los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para que se eliminen o neutralicen los riesgos del trabajo. En nuestro modelo de relaciones laborales cada trabajador debe tener el derecho a ser informado sobre los riesgos para su vida o su salud, presentes en su puesto de trabajo. Y los empleadores que no cumplan con las medidas de higiene y seguridad laboral deberán ser duramente sancionados, tipificándose como delitos la violación de sus obligaciones en materia de prevención.

La Carta Sociolaboral Latinoamericana, que debe ser debatida por los trabajadores, intenta ser un aporte de los abogados laboralistas en el proceso de emancipación de la clase trabajadora. Apunta, en primer lugar, a producir un cambio cultural que rompa con la idea de que la estructura social vigente está el orden natural de las cosas y, por lo tanto, es inmodificable. Décadas de bombardeo con slogans, que por repetidos terminan pareciendo verdaderos, han logrado influir en el sentido común de nuestros pueblos. La Carta pretende demostrar que, desde principios y valores diferentes, otro mundo, más justo, fraternal y solidario, es posible. Posible y necesario.

Santiago de Chile, noviembre de 2011.

Luiz Salvador, Presidente, Luis Ramírez (Lucho), Vice-Presidente, Lídia Guevara, Secretária General.




jueves, 8 de diciembre de 2011

Por un nuevo contrato social europeo


Se incorpora a este blog, por su indudable importancia, el artículo firmado por destacados dirigentes del sindicalismo español, alemán, italiano, francés y belga en el que critican las soluciones adoptadas hasta ahora en la Unión Europea para salir de la crisis y articulan su propia propuesta.

La Unión Europea está atravesando la más profunda crisis de su historia. Es financiera y económica, con graves consecuencias sociales. Pero es, también, una crisis política de la propia UE. La situación, de auténtica emergencia, se caracteriza por la aparición de problemas muy serios de financiación en varios Estados, que pueden producir una reacción en cadena y la recaída en una nueva recesión generalizada. Hace dos años hubiera sido impensable que tantas voces, algunas cualificadas, juzgaran que la ruptura del euro es una posibilidad. Hay que ser conscientes que dicha ruptura llevaría a la completa desnaturalización, si no a la destrucción, del propio proyecto europeo, sin duda una de las construcciones políticas más importantes del Siglo XX.

¿Cómo es posible haber llegado a esta situación? La responsabilidad de los políticos que dirigen las instituciones europeas y las principales naciones es muy grande. Tras dos años de reacciones tardías, contradicciones constantes y políticas erróneas, el problema original —la crisis financiera de Grecia, cuyo PIB es el 2% de la UE— sigue sin resolverse. La crisis de la deuda se ha contagiado a numerosos países: Irlanda y Portugal han sido intervenidos y/o rescatados, y hoy el ataque de los especuladores se cierne sobre Italia y España, que no pueden ser "rescatadas" y cuya situación sería difícilmente enmendable a través de créditos de ayuda, dado el tamaño de sus economías, y comienza a afectar a Bélgica o Francia entre otras naciones.

El giro político radical del Consejo Europeo, el 9 de mayo de 2010, se justificó para recobrar la confianza de los mercados financieros y permitir que sus agentes financiaran a los Estados europeos a tasas de interés razonables. Desde esa fecha, el Consejo, la Comisión y el BCE han promovido, o han impuesto, políticas de austeridad, basadas en el recorte del gasto público, y las llamadas "reformas estructurales" que han sido consagradas en el Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro plus. La próxima Cumbre del Consejo Europeo, del 9 de diciembre, iniciará el debate sobre una reforma del Tratado de Lisboa, para hacer de estas políticas el núcleo de un modo de gobierno económico reforzado de la Zona Euro.

Pero estas políticas han fracasado. En el terreno económico, la crisis de las deudas soberanas está más extendida y es mucho más aguda que antes, el crecimiento ha caído bruscamente en casi todos los Estados, y el desempleo ha aumentado allá donde los recortes presupuestarios han sido más fuertes. Las consecuencias sociales de la disminución de los salarios y las pensiones y de los recortes en los gastos de protección social, educación y salud son evidentes: más pobreza y desigualdad, aumento de la precariedad, y una fuerte erosión de la cohesión social. Al tiempo, se está debilitando la solidaridad entre las naciones, cemento imprescindible de todo proyecto europeo. Sectores cada vez más amplios de la ciudadanía lo rechazan o desconfían de él. Los viejos tópicos y clichés negativos que oponen a las naciones y a sus habitantes entre sí vuelven a reaparecer.

Se está promoviendo, desde las instituciones europeas, una erosión profunda del modelo social cuyos valores y principios son seña de identidad y elemento de vertebración de la UE. Nunca antes había sucedido esto. Los políticos que hoy gobiernan Europa tal vez no sean conscientes de un hecho muy grave: se está quebrando, por las instituciones europeas y en muchas naciones, el pacto social que, después de la Segunda Guerra Mundial, permitió construir los Estados de bienestar europeos y el proyecto común que ha desembocado en la Unión Europea.

La propuesta sindical

El sindicalismo europeo, agrupado en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha rechazado con firmeza estas políticas y se ha movilizado contra ellas, en el ámbito europeo y en el de numerosos Estados. Por el momento no ha sido escuchado, a pesar de que los hechos están dando la razón a sus análisis y propuestas. Pese al profundo desencanto europeo de muchos trabajadores, seguimos diciendo que no hay otra solución que la profundización del proyecto europeo, pero con políticas muy distintas a las fracasadas e injustas que los actuales responsables políticos europeos nos están imponiendo. No es tiempo de Gobiernos de tecnócratas, sino de dar más terreno a la democracia social y política y a la participación ciudadana.

¿Qué proponemos para salir de esta crisis económica y política de la UE?

En primer lugar, acabar con los mecanismos de la especulación y asegurar la capacidad financiera de todos los Estados miembros, resolviendo de una vez la crisis de la financiación de los Estados .¡Cómo es posible que Estados Unidos, con los principales indicadores peores que los del conjunto de la UE, y Japón, con una deuda pública del 225% de su PIB, pueda emitir sus bonos a 10 años a intereses inferiores al 2% y algunas naciones de la Zona Euro deban pagarlos al 7%! La respuesta es sencilla: porque no se actúa como una verdadera Unión. El solo anuncio creíble de una garantía absoluta de las deudas de los Estados pararía la especulación en los mercados. Los instrumentos de esa garantía son la emisión de eurobonos y la conversión del BCE en garante de último recurso.

La estabilidad de las finanzas públicas también preocupa, y mucho, al sindicalismo europeo. Pero los objetivos de reducción de los déficit y las deudas no se pueden alcanzar hundiendo las economías. El reto, posible, es alcanzarlos en plazos realistas al tiempo que se toman medidas, europeas y nacionales, para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Resulta asombroso que ante el alto riesgo de recaer en la recesión, los responsables políticos europeos sigan sin decir nada sobre crecimiento y empleo y los obvien en sus propuestas sobre reforzamiento de la gobernanza económica. La recuperación no va a venir de unas reformas estructurales cuyo núcleo duro son los recortes sociales, una concepción de la competitividad basada en la deflación de los costes laborales y el debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva y la fuerza contractual de los sindicatos.

Basándonos en lo aprobado en el último Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (Atenas, mayo de 2011) pensamos que hoy, más que nunca, es necesaria una nueva política monetaria, económica y social, aplicada por un gobierno económico en el marco de una gobernanza económica fuerte de la Zona Euro, coordinada con la que se aplique junto con el reforzamiento de la gobernanza económica en la UE27, pero con contenidos muy diferentes de los que nos proponen los gobiernos. La política fiscal, empezando por los impuestos de sociedades y sobre las rentas del capital, debe ser común, en muchos aspectos, en la Zona Euro y estar armonizada en el conjunto de la UE. Necesitamos un tratamiento coherente de las dimensiones económicas, medioambientales y sociales del crecimiento. Junto con la industria, la energía y el medio ambiente, el gobierno de la economía europea debe dar prioridad a las políticas que promueven más empleo y de mejor calidad. Esto no es posible con un exiguo presupuesto inferior al que apenas representa el 1% del PIB. Es necesaria una institución financiera europea emisora de deuda y no sólo un Banco Central con la única función de controlar la inflación.

El Consejo Europeo, el 9 de diciembre, debería resolver lo inaplazable sobre deuda y crecimiento y establecer orientaciones claras en la perspectiva que proponemos. El movimiento sindical europeo no está defendiendo una posición de parte: creemos que al hablar así estamos defendiendo los intereses generales y contribuyendo a buscar soluciones a la gravísima crisis política de la UE. Los políticos europeos deberían ser conscientes de que no pueden marginar por más tiempo las opiniones y propuestas constructivas de quienes representamos el principal factor para la creación de la riqueza: el trabajo.

Es necesario establecer un nuevo contrato social y económico con la activa participación de los interlocutores sociales. Un nuevo contrato social europeo que sustituya al histórico, cuyos grandes capítulos deberían ser, entre otros: el empleo, los salarios —respetando la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva—, las pensiones, la protección por desempleo, la educación y la salud.

El pacto fiscal, las políticas redistributivas de la riqueza y el derecho laboral y la negociación colectiva han sido los cimientos del más prolongado periodo de prosperidad y democracia en Europa. Fueron como el cemento que fraguó unas relaciones de trabajo modernas con una gran implicación de los trabajadores a través de sus organizaciones, en la vida de las empresas. Solo apoyándonos en estos valores y principios democráticos, que han definido el modelo social europeo, podremos salir antes y de manera más justa de la crisis, y garantizar la supervivencia, hoy gravemente amenazada, de la propia Unión Europea.

Exigimos que una futura revisión de los Tratados se haga integrando una dimensión social de igual valor, y que se establezca una convención que prepare dicha modificación. Necesitamos una cláusula general de progreso social que promueva un “paquete plan de rescate social”, y vuelva a colocar a Europa en la vía del progreso social. Los derechos sociales fundamentales, en particular el que concierne a la negociación colectiva, deben ser respetados y fomentados en todas las medidas anticrisis.

Frente a quienes quieren reformar los Tratados solo para reforzar el Pacto de Estabilidad, pensamos que la modificación de los Tratados, incluso limitada, no puede tener como únicos objetivos ejercer una presión constante sobre los presupuestos nacionales y el reforzamiento de la austeridad.

El progreso de la Unión Europea tiene que basarse en la cohesión social y la solidaridad en el interior de sus Estados y en la solidaridad y la cohesión política entre ellos. Para lograrlo, en estos momentos tan difíciles, hay que actuar en el ámbito común europeo y, también, reforzar el diálogo social, Por eso, realizamos estas propuestas, exigiendo que no se margine a los trabajadores en las soluciones y manifestando la voluntad de movilizarnos en el ámbito europeo para conseguirlo.

Firman este artículo: Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO; Cándido Méndez, secretario general de la UGT; Michael Sommer, presidente de la DGB (Alemania); Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL (Italia); Bernard Thibault, secretario general de la CGT (Francia); François Cherèque, secretario general de la CFDT (Francia); Anne Demelenne, secretaria general de la FGTB (Bélgica), y Claude Rolin, secretario general de la CSC (Bélgica).