lunes, 30 de agosto de 2010

EL “ESTADO DE DERECHO” DE URIBE EN COLOMBIA: NARCOPARAMILITARES COMO SOCIOS DE GOBIERNO



Comentan los dos amigos de la foto que en la prensa española aparece la Colombia de Uribe como el paradigma de un Estado de Derecho que lucha con el mundo libre frente a la amenaza interna terrorista y en el exterior, representa un polo de defensa frente al populismo indigenista de sus vecinos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Felizmente imposibilitado para aspirar a un tercer mandato, la figura del ex-presidente Uribe sigue subiendo enteros en las bolsas del pensamiento políticamente correcto en nuestro país. Por eso noticias como la que se incorpora más abajo, fruto de una investigación independiente del periodismo libre - un sustantivo y un adjetivo que difícilmente se encuentra en nuestro país - no serán jamás reproducidas por la prensa española. Y sin embargo, su conocimiento resulta extremadamente instructivo. En ese entendimiento se incorpora a esta bitácora.




El Espectador, 21 Agosto 2010

Uribe “cogobernó” con “narcoparamilitares” durante ocho años

Esta aseveración se desprende del libro lanzado por la investigadora y politóloga Claudia López.

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe "cogobernó" durante ocho años con el "narcoparamilitarismo" , período en el que esa mafia se legitimó política y económicamente como no lo había hecho antes, pese a que ese fenómeno nació hace más de dos décadas.

Así se revela en "Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano" (Debate 2010) , una publicación ofrecida en la presente Feria del Libro de Bogotá.

Tres años de investigaciones que han llevado a los autores, pertenecientes a cinco instituciones y coordinados por la analista y escritora Claudia López, a determinar que si bien distintos grupos ilegales intentaron secuestrar al Estado sólo los "narcoparamilitares" casi lo lograron.

"Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido" , señala López.

Prueba de ello fue la alta representación de esas mafias en el Legislativo durante la era Uribe, cuando 102 congresistas fueron vinculados a grupos al margen de la ley.

De ese centenar, cinco habrían tenido supuestos nexos con las guerrillas y de ellos ninguno ha sido condenado, mientras que a 97 se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están condenados, diez procesados y el resto bajo investigación.

Esos congresistas vinculados con los paramilitares suponían el 55 por ciento de la bancada uribista en el Senado, aclara López.

No obstante, la investigadora recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como fuerzas civiles contra-guerrilla envueltas en el negocio de la droga, y que fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.

Los paramilitares facilitaron la caída del capo Pablo Escobar, líder del ahora extinto cartel de Medellín, al tiempo que nacían las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, el germen de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , un proyecto que se impuso a nivel nacional una vez desmantelados los grandes carteles de Medellín y Cali, según López.

Para 2002, cuando Uribe llegó al poder, el "narcoparamilitarismo" ya había dominado y cambiado el mapa político en varias regiones amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que más allá de buscar protección frente a las guerrillas vieron en esas mafias una forma de defender sus intereses.

Tales intereses iban desde eliminar a sus contrincantes políticos hasta hacerse con tierras despojadas a los campesinos, acciones acompañadas de grandes masacres.

"Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública, son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las elites y un reconocimiento social" , detalla López.

En 2002 "se sumaron masivamente al proyecto político y electoral uribista" , dotándoles de "un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes" , matiza.

"Llegaron a tener la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)" , de la mano de Jorge Noguera, hoy procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña presidencial de Uribe.

Según la escritora, "ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de coptar al Estado" cuando el país afrontaba una realidad aterradora.

"Colombia, en democracia, tuvo más desaparecidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas" , asegura López.

En 20 años se acumulan "más de 31.000 desaparecidos y 165.000 homicidios por el conflicto y motivaciones políticas" , a su juicio, "una historia de sangre a punta de bala".

"El narcoparamilitismo refundó las mayorías políticas en Colombia y sus fuentes de legitimidad. Se pasó de mayorías bipartidistas de tendencia liberal a mayorías de narcotraficantes" , explica sobre el contexto en el que ese grupo ilegal se hizo fuerte.

Ahora, el reto "es reconstruir la democracia de forma legítima, reconstruir el Estado para que actúe en función de los ciudadanos y no de intereses criminales" , teniendo en cuenta que "las fuerzas del paramilitarismo en Colombia siguen vivas" , pese a que han pasado de tener 35.000 hombres en armas a 10.000.

Otro desafío es acabar con "los altos niveles de impunidad" , porque "algunos paramilitares la han pagado, políticos la han pagado, pero ni las fuerzas económicas ni las fuerzas militares, que hacen parte de esa estructura de poder, la han pagado" , matiza la escritora.

Eso sin contar que en el nuevo Congreso, elegido en marzo de 2010, hay 29 senadores que están siendo investigados o son "herederos" de la denominada "parapolítica" , es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito.

viernes, 20 de agosto de 2010

PREMIO HANS LITTEN A LA ASOCIACION JUECES PARA LA DEMOCRACIA DE HONDURAS


Hans Litten fué un abogado alemán que en la República de Weimar participó, entre otros asuntos, en el caso del asalto de las SA del partido nazi al Palacio Edén, donde resultaron heridos veinte jovenes obreros comunistas. En el proceso penal, en el que se pretendía demostrar que el nazismo utilizaba el terror como estrategia para derruir las estructuras democráticas de la república de Weimar, Litten llamó como testigo a Adolf Hitler, que fué acusado como dirigente tel partido insurreccional y fué forzado en el juicio a jurar fidelidad a los principios democráticos de Weimar. Durante el juicio, Hitler incurrió en múltiples contradicciones y fué evidente la implicación del partido nazi en su estrategia antidemocrática y sus propósitos de exterminio de sus rivales. A la llegada al poder de Hitler en 1933, éste hizo detener al abogado, que tras ser torturado, fué internado en varios campos de concentración hasta su suicidio en 1938, en Dachau. En la democracia, la Asociación Alemana de Juristas Democratas ha creado un premio que lleva su nombre y que en esta ocasión se ha dado a la jueza hondureña Tirza Flores, como símbolo de la resistencia de los jueces demócratas opuestos al golpe de estado en Honduras. A continuación se inserta el texto del comunicado de dicho premio.



La Dirección de la Vereinigung Demokratischer Juristinnen (Asociación de Juristas Demócratas de Alemania), decidió recientemente otorgar a la Jueza Tirza Flores Lanza el premio Hans Litten 2010.

El Premio Hans Litten es otorgado cada dos años a juristas destacadas y destacados en su lucha por la justicia y la democracia en el sentido y los principios de Hans Litten.

Hans Litten (nacido en 1903 en Halle, murió en el campo de concentración de Dachau), fue abogado, y empeñó sus esfuerzos en poner el Derecho Penal al servicio de los derechos humanos de las clases oprimidas. En los procesos, logró desenmascarar a varios responsables políticos de los asesinatos y masacres a activistas progresistas, todo dentro de un clima hostil en los tribunales, con una justicia antidemocrática y antirrepublicana. En su proceso más conocido logró citar a Hitler como testigo y desenmascarar sus fines antidemocráticos y golpistas. Hitler no se olvidó de esa vergüenza y después de tomar el poder mandó a Litten al campo de concentración, donde murió.

La Asociación de Juristas Demócratas de Alemania decidió conferir a la Abogada Flores Lanza el Premio Hans Litten, por varias razones, estableciendo: “Nos hemos enterado a través de nuestras redes sociales de su trabajo en la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras, especialmente de su lucha por una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado de junio de 2009”; “Aparentemente, su trabajo en la dirección de la Asociación de Jueces por la Democracia, en contra de la corrupción y en contra del golpe de Estado, fueron las razones centrales de su destitución, parecidas a las de su tres colegas Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha”.

La comunicación de la Asociación de Juristas Demócratas de Alemania, argumenta que otorgan el Premio 2010 a Tirza Flores Lanza en virtud de que “Nos parece que su lucha está en la línea recta de Hans Litten y de los demás premiados en las últimas décadas. Además queremos premiar su labor destacada como mujer emancipada en una sociedad machista”.

Entre los últimos premiados con el premio Hans Litten están el muy conocido abogado alemán Heinrich Hannover, quien intervino en un sinnúmero de procesos de derecho penal buscando un derecho igualitario para grupos marginalizados. En el año 2006 fue premiado Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales en EE UU (Center for Constitutional Rights) conocido por sus acciones contra el presidente Bush y la defensa de encarcelados en la base militar de Guantánamo. En el año 2004 se premió a los abogados israelí y palestino Lea Tsemel y Mohammad Na´amneh, quienes desde hace mucho tiempo están luchando por los derechos humanos en Israel/Palestina y por una paz justa entre las dos naciones.

La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, considera que premiar a la Abogada Tirza Flores Lanza, es un justo reconocimiento a su trayectoria y actuaciones en la judicatura y a su papel destacado junto al colectivo asociativo por la defensa de la independencia judicial y por el Estado de derecho en Honduras.

jueves, 19 de agosto de 2010

SOBRE EL USO ANTISOCIAL DE LA CRISIS


Los periódicos en agosto se rellenan de pocas noticias. En general se trata de hechos no muy relevantes. La llamada información política se deja comer el terreno y aparecen acontecimientos fijos de portada, la previsible división en el PSOE de Madrid ante el proceso electoral, la crisis de Melilla y pocas cosas más. Pero es tambíen el tiempo para recordar el contexto difícil y complicado en el que nos movemos, más allá de las luces del verano, y que se resume en una gravísima situación de crisis económica y en una nueva regulación de los derexhos de los trabajadores que los recorta y vanifica. En este sentido, se trae a colación un artículo de Antonio Lettieri, sindicalista de la CGIL, presidente del CISS y Editor en jefe de la revista hermana Insight, junto con Antonio Baylos, en el que ambos autores nos alertan sobre la utilización de la crisis y de las políticas abordadas para proceder a un desmantelamiento paulatino de las conquistas históricas que configuraron el modelo social de la Unión Europea. El texto ha sido saludado como se merece, tal como se aprecia en la foto que enmarca el inicio de esta reflexión.


SOBRE EL USO ANTISOCIAL DE LA CRISIS ECONÓMICA.
Antonio Lettieri. CISS (Italia)
Antonio Baylos. UCLM
(España)

La resolución de la crisis es incierta. Puede comenzar a superarse o por el contrario agravarse, pero lo que resulta evidente es que en todo caso los niveles de desempleo en el llamado mundo desarrollado estarán muy por encima de los que hemos conocido en los años anteriores al desencadenamiento de la crisis.

No hay una receta unánime para trascender esta situación, la más grave en décadas de alteraciones cíclicas de la economía, ya totalmente globalizada. En la reunión del G-20 celebrada en Toronto en junio del 2010, se manifestaron dos estrategias bien diferentes, las que enfrentaban a Estados Unidos y a Europa. Para la administración Obama es esencial en esta fase una política de gasto público dirigida a reforzar la actividad económica y combatir el desempleo. La Unión Europea por el contrario se inclina por una política fiscal restrictiva que consiga un recorte del déficit y haga volver a las economías europeas a los parámetros de Maastricht. La diferencia entre ambos planteamientos es radical y reproduce orientaciones muy concretas de pensamientos económicos opuestos. Sin embargo, políticamente el problema es otro.
Mientras que en Estados Unidos se libra una batalla entre demócratas y republicanos sobre los estímulos a la economía financiados con el presupuesto público, en la Unión europea este debate no se da entre los gobiernos de los distintos países miembros ni entre ellos y la Comisión, puesto que todos convergen en restringir el déficit como objetivo primordial, posponiendo el crecimiento y el empleo. Y junto a este objetivo, se desliza otro no menos importante, que progresivamente va afirmándose como mucho más decisivo. Se trata de proceder a “reformas estructurales” que, a través de diversas combinaciones, se sintetizan en tres vectores: liberalización y flexibilización a ultranza del mercado de trabajo, reducción del gasto social, en especial el derivado de las pensiones de jubilación, y progresivo vaciamiento de la negociación colectiva como forma típica de regulación de las relaciones laborales.

Esta unanimidad en la política económica a seguir como antesala de las reformas abiertamente antisociales se percibe en toda Europa con independencia de la orientación política de los gobiernos nacionales, conservadores o progresistas, aunque no se extiende a toda la coloración política de la izquierda: en Francia y en Alemania, los partidos socialistas en la oposición critican la política de los cirujanos del déficit y el uso antisocial de las medidas adoptadas en el contexto de la crisis económica. La escasa izquierda alternativa defiende posiciones de resistencia y de oposición a estos planes.

Tal orientación económica, social y política es sin embargo fuertemente rechazada de forma unánime por los sindicatos europeos. En principio, a través de la acción de los sindicatos nacionales, como en el dramático caso de Grecia, pero también en Italia más allá de la inconcebible división sindical ante el gobierno de Berlusconi, en Francia mediante la continua movilización frente a Sarkozy, en Inglaterra mediante la neta oposición de la TUC al gobierno de James Cameron, en Alemania con la movilización en el sector público frente a los recortes del gasto social de Merkel, y en España, a través de la convocatoria por CCOO y UGT de una huelga general frente a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Zapatero. En cada país se resalta algún elemento de esas políticas antisociales que se presentan como la consecuencia “natural” de las medidas anti-crisis.

La situación ha hecho que la Confederación Europea de Sindicatos convocara en fin una jornada de movilización para el 29 de septiembre en la que convergerán las protestas y huelgas de los distintos países europeos – desde la huelga general española hasta las huelgas de advertencia alemanas en el sector público, la manifestación nacional en Roma de la CGIL y las marchas previstas en Francia, Portugal y Grecia, como hechos más relevantes – y que se sintetizará en una gran manifestación en Bruselas para exigir un cambio de política de los poderes públicos y de las instituciones reguladoras de la economía en Europa que fomente el crecimiento económico con bienestar social sin recorte de derechos sociales y laborales, una protesta masiva como la que se realizó contra la Directiva Bolkestein y la liberalización de los servicios como antesala del dumping social, que culminó en una gran victoria del movimiento sindical europeo. En esta ocasión la CES convoca para afirmar que otra política es posible y que las medidas de salida a la crisis tal como están diseñadas deben ser rechazadas porque rompen el modelo social europeo en el que se basa la construcción política de la Unión europea. Es decir que el sindicalismo europeo se moviliza para rechazar la desregulación del mercado laboral mediante la liberalización del despido y la flexibilización de los salarios, la reducción del gasto social destinada a las pensiones, la privatización de los servicios todavía calificados como públicos y su sumisión atracción a la lógica de un mercado sin límites derivados de la acción política, todo ello en el contexto de unas “reformas estructurales” que persiguen un cambio estructural de las relaciones sociales de poder mediante la combinatoria de las citadas operaciones quirúrgicas a través de las reformas normativas en curso en los distintos ordenamientos nacionales.

En algunos supuestos, como en Italia y en España, estas reformas estructurales quieren afectar directamente a las estructuras de la negociación colectiva sobre las que se basan las conquistas, los derechos y la capacidad de intervención y de control de los trabajadores. Se trata de erosionar la negociación colectiva de sector que crea una red de solidaridad y da al sindicato una “voz” y un poder negociador que le permite dirigir los procesos de regulación de las relaciones laborales más allá de las concretas y cambiantes relaciones de fuerza en cada empresa, sustituyéndolo por su contrario, la decisión de las condiciones de trabajo y de los niveles salariales exclusivamente a nivel de empresa o de centro de trabajo. Este es un punto menos conocido pero también estratégico en el diseño del desmantelamiento de los derechos colectivos y sindicales que se persigue mediante el uso antisocial de las medidas anticrisis.

Es un signo de los tiempos que la izquierda política europea se encuentre dividida e impotente a la hora de presentar un proyecto renovado de sociedad en el que la actuación pública frente a la crisis apoye de forma decidida compatibilizar un amplio nivel de democracia social y de derechos colectivos e individuales de los trabajadores con la recuperación y el crecimiento económico dentro de los parámetros de la sostenibilidad ambiental y de la sociedad del conocimiento. A nivel europeo, y con todas sus insuficiencias, sólo el sindicato europeo aparece indiscutiblemente como el sujeto portador de un programa de acción que sintoniza con las mayorías sociales de los pueblos de Europa y que no se limita a la resistencia frente al desmantelamiento progresivo de elementos básicos del modelo social que da sentido a la idea de Europa como una construcción política. Los obstáculos son sin embargo numerosos y hay una apuesta fuerte por derrotar este proyecto, a cuyo favor juega la apatía política de una gran parte de la población y la incertidumbre y el miedo que genera la crisis económica sobre las existencias personales. Serán años en Europa de inevitable y creciente conflicto social con imprevisibles consecuencias sobre el marco político y electoral que conocemos.