miércoles, 23 de diciembre de 2009

LA PALABRA OBRERA (IDEOLOGIA Y LENGUAJE EN EL COMIENZO DEL MOVIMIENTO OBRERO)










Bajo el título "La palabra obrera", Alain Faure y Jacques Ranciére incorporan toda una serie de textos escritos por y para el proletariado francés entre la revolución de 1830 y el golpe de Estado de diciembre de 1851. Panfletos y manifiestos, textos de combate y reglamentos de asociaciones, proclamaciones socialistas y la llamada a la "unión de las clases" forman el conjunto de este libro, publicado en el 2007 y de un interés excepcional.





La recopilación muy bien seleccionada de los textos permite mostrar cómo el entrelazamiento de los discursos y de las prácticas ha permitido que una clase comience a pensar su identidad y a reivindicar su lugar. En ese trabajo de vuelta a cuestionarse muchos elementos, el estudio tiene un interés específico: No se trata del origen de la palabra obrera, sino del momento específico en el que hablar, responder a las órdenes de los "maestros ", decir lo que está mal en el tiempo presente y las esperanzas que el porvenir señala se convierten en un arma para afirmar su identidad, para agruparse y luchar. Por eso "esta palabra rehúsa ser solo la queja entristecida o el grito salvaje de la miseria (...) Los obreros no hablan para gemir o para amenazar, hablan sencillamente para ser comprendidos. Buscan con ello ser reconocidos como algo diferente a la fuerza del numero y al vigor de los brazos, manejen éstos las herramientas o los fusiles. Para confirmar que los obreros pueden decir lo que es justo y razonable, y que hay que hacerles un sitio no porque sean los mas fuertes, sino porque este lugar es conforme a las órdenes de la justicia y de la historia. No se trata de gemidos que provienen de los bajos fondos de la sociedad que más padece las crisis. Es la inteligencia de una voz que expresa un principio nuevo en el mundo, que lo interpreta y explica: intenta enunciar la centralidad del trabajo en la sociedad".



Jacques Rancière en la presentación de estos textos explica asimismo la relación de esta reivindicación del lenguaje propio, que está muy ligada a la exaltación de la educación y de la propaganda como forma de condicionar un cambio real de la condición obrera con la violencia en su radicalidad de violencia de clase. y la reivindicación igualitaria que ésta lleva a cabo. Y en segundo lugar, cómo la palabra obrera se dirige fundamentalmente a los burgueses, a la contestación del discurso burgués sobre la clase obrera, es decir, a cómo son designados los obreros en la materialidad de las palabras que los nombran. "El lenguaje burgués, en su literalidad escrita, dice la opresión del obrero". Se trata en último término de negar la capacidad de los burgueses de calificar lo qué es un obrero: "sólo los obreros pueden llegar a nombrar su situación y su revuelta". En esta explicación de la palabra obrera como descodificación del lenguaje burgués del poder y de la cosificación, y en las formas complejas que asume estas formas obreras de identificación con las formas discursivas de la ideología dominante se encuentra posiblemente uno de los atractivos del libro que le otorgan actualidad y oportunidad para perspectivas teóricas que pretenden desarrollar un discurso alternativo en el derecho y en la política sobre un "vocabulario y una sintaxis" que se emancipa de un lenguaje dominante y opresivo que impide la propia idea de tiempo futuro y de la posibilidad de cambiar las cosas deteniendo "el mecanismo de desposesión del trabajo y de la intelIgencia de los trabajadores".



La parole ouvrière 1830 - 1851. Textes chosis et présentés par Alain Faure et Jacques Rancière. La Fabrique éditions, Paris, 2007. 21,60 €.








martes, 15 de diciembre de 2009

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL: EL DERECHO EN MANOS DE SUS DESTINATARIOS


La experiencia del Tribunal Internacional de la Libertad Sindical, constituido en México, tiene un valor simbólico y propositivo que Hugo Barretto, abogado y profesor uruguayo, y él mismo miembro de dicho Tribunal, pone de relieve en el artículo que se recoge a continuación. El escrito del Tribunal al presidente Calderón se anexa inmediatamente después del mismo.






El derecho en manos de sus destinatarios

(*)Hugo Barretto Ghione

La reciente convocatoria del Tribunal Internacional de Libertad Sindical en México constituye una experiencia de importancia insospechada que corre el riesgo de quedar sepultada frente al fárrago de la información habitual sobre los crímenes, el desvarío de ciertos discursos electorales y los vaivenes de la incipiente farándula casera, una patética copia de la peor TV argentina: "malo pero nuestro", como sostienen algunos, es doblemente malo.

El Tribunal Internacional, integrado por académicos, artistas e intelectuales de diversos países, sesionó durante tres días en octubre, oyendo las quejas y denuncias de los sindicatos de trabajadores mexicanos acerca de las múltiples maneras en que se violentan los derechos fundamentales del trabajador. Lo oído no es muy diferente de lo que sucede en otros países latinoamericanos: represión y desconocimiento de la libertad sindical; amenazas, hostigamientos y agresiones físicas; restricciones diversas y hasta creación de sindicatos amarillos, hechos a medida de la necesidad del patrón.

Al término de las sesiones, y en conferencia de prensa, el Tribunal hizo conocer sus conclusiones preliminares, que adelantan la vulneración de los convenios internacionales de la OIT núm. 87 y 98.

Pero no es sobre esas previsibles conclusiones que queremos hablar.

Lo que parece de interés en la convocatoria y que queremos subrayar es el retorno a una práctica de defensa de los derechos fundamentales desde espacios no institucionalizados, desde iniciativas de la sociedad que rescatan al derecho de la (exclusiva) reclusión a que lo tiene confinado la estructura jurídico-formal del Estado, que en muchas oportunidades se traduce en un ejercicio inercial, anodino y sofocante. ¿No privilegian los jueces en ocasiones los aspectos meramente formales para la dilucidación de los conflictos? Es una salida rápida, una especie de "Fast Law". Aun a riesgo de que me cataloguen de antiguo, me recuerda a los fariseos del filme "Jesucristo Superstar", que hablaban trepados a estructuras metálicas, significativas del poder y la rigidez de sus concepciones. El "hombre de la calle" percibe inmediatamente la postración a que se somete el derecho en estos casos, y se frustra y reclama y termina descreyendo sobre la cuestión bien básica de que los derechos están para aplicarse y no para engalanar los sesudos anaqueles de los abogados. El Tribunal Internacional, lejos de cuestionar la legitimidad del Estado de Derecho y de las garantías institucionalizadas, como algunos pueden pensar, refuerza el convencimiento de que la sociedad debe sostenerse en un entramado de derechos fundamentales de las personas.

El Estado no es el único que "dice" el derecho a través de normas y sentencias: en prácticas como la del Tribunal Internacional el derecho circula y es interpretado y apropiado por sus destinatarios, que hacen oír su postergada voz en el espacio público fuera del acartonamiento y la "neutralidad" de la estructura estatal. El mismo Tribunal reconoce "el derecho que asiste al pueblo trabajador mexicano a recurrir ante instancias internacionales al no obtener oportuna y debida respuesta por parte de los organismos administrativos y jurisdiccionales internos".

Por cierto que no sostenemos la absoluta originalidad del Tribunal. Es conocida, por ejemplo, la experiencia del Tribunal Russell relativa a los crímenes de guerra, porque al decir de Sartre, uno de sus integrantes, "Un tribunal como el de Nuremberg se ha convertido en una necesidad permanente". Es que como también dijera Julio Cortázar, otro de los miembros del Tribunal Russell: "La lucha contra el mal se está llevando a cabo en escala planetaria".

(*) Hugo Barreto Ghione, Abogado laboralista, Profesor del Derecho del Trabajo de la Universidad de la República de Uruguay, Asesor Parlamentario, Asesor de Sindicatos, Secretario de Redacción de la Revista Derecho Social Latinoamerica
Este es el escrito del Tribunal al Presidente de México, Felipe Calderón.

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL

LIC. FELIPE CALDERÓN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
PRESENTE

Los integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, quienes sesionamos en público los días 26 y 27 de octubre de 2009 en la ciudad de México, escuchando y recibiendo documentación de quejas por incumplimientos o violaciones a la libertad sindical en México, nos dirigimos a usted y, por su conducto, al Lic. Javier Lozano, Secretario de Trabajo y Previsión Social, y a las demás autoridades del trabajo de México, para manifestarles que, aun cuando no hemos concluido el estudio de cada caso que conocimos, en el referente al de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por la relevancia que tiene, hemos analizado varios aspectos graves, y decidido comunicarles las siguientes consideraciones:

Encontramos que el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009 contiene irregularidades que vulneran la Constitución Mexicana, al privar del trabajo a 44 mil electricistas de facto y sin fundamento legal (artículo 5: “Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”); al impedir de un debido proceso previo a los trabajadores (artículos 14 y 16), de una garantía fundamental; al ser ejecutado el Decreto, aun antes de ser publicado, mediante el asalto a los centros de trabajo por el Ejército y la Policía Federal, sin autorización legal (arts. 14, 16 y 17); al "extinguir" una empresa pública sin facultades para ello (arts. 72 apartado F y 73, frac. X), como lo es una empresa eléctrica estratégica protegida por la Constitución (arts. 25, 27 y 28); al invadir una esfera de competencia del Congreso de la Unión, como es reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 4 transitorio que creó la empresa y el modificar sin permiso de éste el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía (art. 26); al violentar los derechos y principios de estabilidad en el empleo y de libertad sindical (arts. 9 y 123); al atentar en contra de los derechos humanos de integridad y dignidad humana de todo trabajador y el "derecho humano al proyecto de vida", quebrantados al despojarlos intempestivamente de su empleo, sin que haya desaparecido la fuente de trabajo.
Consecuentemente, incumple el artículo 128 Constitucional, que establece la obligación del Ejecutivo Federal de respetar y cumplir, hacer respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Así también se transgreden las obligaciones frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con plena vigencia en México, relativos a derechos fundamentales tales como el debido proceso y de protección de la justicia, de protección y respeto de las libertades sindicales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en los convenios 87, 98 y 158 y la Declaracion de Principios y Normas Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en otros pactos de la ONU y la OEA de obligatorio cumplimiento.

Señalamos como violaciones las contenidas en el Decreto citado y en las acciones de facto del gobierno federal, como haber procedido el 10 de octubre de 2009 a despedir a los trabajadores primero y después solicitar "para su aprobación, el aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo" ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el día 13 de octubre del presente año. Lo mismo sucede con las liquidaciones individuales, que en documentos se llama "indemnización voluntaria" y ofrece un bono adicional a los que lo acepten pronto, como una presión que aprovecha la situación difícil en que colocó a los trabajadores el arbitrario despido. Todos ellos son hechos que constituyen fama pública que, a la vez, acreditan las irregularidades señaladas al principio de este ocurso.

Adicionalmente, a fines de noviembre y los primeros días de diciembre se abre una segunda etapa de “liquidaciones” de trabajadores despedidos en el mismo tenor y una segunda campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra los electricistas, suscrita por el Gobierno Federal, a la vez que se niega de nuevo la posibilidad de una verdadera conciliación o diálogo para encontrar la solución del conflicto. El día 1 de diciembre el Secretario de Gobernación invitó a un diálogo a la directiva del SME bajo la condición de no tocar el Decreto, lo que resulta una grave irregularidad, ya que el Decreto fundamenta las dos acciones: el despido de los 44 mil electricistas y el cierre de la empresa pública.

Por lo anteriormente señalado, consideramos que se quebranta el Estado de Derecho Social en México y se pone en riesgo la estabilidad nacional, especialmente por la crisis que vive México; también se niega la verdad pública en torno al despido de 44 mil trabajadores y la extinción de la empresa del Estado Luz y Fuerza del Centro, de una nación y sociedad que merecen el mayor respeto, creadores de la primera Constitución Social del mundo y del célebre artículo 123 Constitucional.
Consecuentemente, por lo anterior y en apego a la Constitución Política Mexicana y al Derecho Internacional con plena vigencia en México, pedimos respetuosamente lo siguiente:

1. La reinstalación inmediata de los 44 mil electricistas despedidos, cubriendo a todos los salarios y prestaciones vencidos por el arbitrario despido.
2. Retirar a las fuerzas armadas que aún se mantienen en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, misma que sigue funcionando parcialmente a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado y administrada por el gobierno federal.
3. Reabrir la empresa pública LFC, con la personalidad legal y patrimonios propios, protegidos por la Constitución y las leyes, reconociendo los derechos colectivos e individuales de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
4. Abrir el diálogo social o conciliación, sin condiciones, entre las partes afectadas, como medio idóneo de la solución pronta y justa del conflicto.
5. Restablecer el Estado de Derecho Social quebrantado con el referido Decreto y los hechos señalados, así como restablecer la verdad en la sociedad, toda vez que ella es también un derecho fundamental de la nación y de los trabajadores.
México, DF., a 2 de diciembre de 2009.

Atentamente, por el Tribunal Internacional de Libertad Sindical:

Rosario Ibarra de Piedra (México), James D. Cockroft (Estados Unidos), Miguel Ángel Granados Chapa (México), Ana Marta Olmo Gascon (España), Lydia N. Guevara Ramírez (Cuba), Alfredo Sánchez Alvarado (México), Kjeld Jakobsen (Brasil), Luis Guillermo Pérez (Bélgica-Colombia), Luiz Salvador (Brasil), Hugo Barretto (Uruguay), Rubén Darío González R. (Venezuela), Miguel Concha Malo (México), Ana Colchero (México), Oscar Alzaga Sánchez (México), Enrique Larios (México) y Eduardo Miranda Esquivel (México).

jueves, 10 de diciembre de 2009

Se afianza el Derecho a la Libertad y Democracia Sindical en Argentina



El Observatorio de Derecho Social de la CTA ha hecho pública una nota informativa en la que da cuenta de la importante decisión del Tribunal Supremo argentino - en funciones de tribunal constitucional - que vuelve a preservar los contornos de la libertad sindical de forma neta, resquebrajando una vez mas el sistema sindical argentino basado sobre la representatividad mayoritaria y excluyente de la CGT respecto de otros sindicatos "simplemente insciptos", entre ellos la muy importante CTA. En la foto, el Director del Observatorio, Guillermo Gianibelli, festeja con el resto de amigos la publicación de esta Sentencia. Desde este blog también los amigos de Parapanda se unen a esta nueva decisión clave en materia de libertad sindical






Se afianza el Derecho a la
Libertad y Democracia Sindical


La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica el camino iniciado hace un año con el fallo "ATE" y extiende la tutela sindical a los representantes de las asociaciones sindicales con simple inscripción



En el caso "Rossi, Adriana c. Hospital Naval", que fuera sentenciado en el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del sistema de protección sindical previsto en los artículos 48 y 52 de la Ley 23.551, extendiendo la tutela allí prevista a todos los representantes de las asociaciones sindicales simplemente inscriptas.

Este fallo profundiza el camino sentado por la Corte un año atrás en el fallo "ATE", y amplía las garantías para que los trabajadores desarrollen su acción sindical de conformidad con los intereses que definan autónomamente. La doctrina sentada en el caso "Rossi" implica que los representantes de una asociación sindical simplemente inscripta, al igual que aquellos que cuentan con personería gremial, no podrán ser despedidos, suspendidos ni modificadas sus condiciones de trabajo.

Al igual que un año atrás, este nuevo fallo de la Corte constituye un llamado a profundizar la acción colectiva de los trabajadores, al limitar las represalias antisindicales realizadas por los empleadores. Al mismo tiempo, se trata de un reconocimiento de los cambios que actualmente están en marcha dentro de la estructura sindical, que se expresan en el surgimiento de nuevas organizaciones sindicales aún en la situaciones más hostiles.

La sentencia dictada en el caso "Rossi" vuelve a afirmar la importancia que las normas internacionales poseen en nuestro sistema de fuentes, reconociendo al derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental, cuya tutela se expresa, en los términos más amplios, en los tratados internacionales de derechos humanos, y especialmente en el Convenio nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En particular, la Corte recoge en este nuevo fallo los numerosos pronunciamientos en los que, año tras año, la OIT, a través de sus órganos de control –la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el Comité de Libertad Sindical (CLS)- ha señalado que el régimen sindical argentino no está en concordancia con el Convenio nº 87.

Tal como señaláramos hace un año, luego del dictado del fallo "ATE", la Corte ha hecho mucho más que resolver un caso individual. En efecto, sus argumentos se proyectan sobre numerosas disposiciones de la ley de asociaciones sindicales que han sido observadas reiteradamente por la OIT. La sentencia dictada en el día de la fecha es, al mismo tiempo, una prueba y una reafirmación de este razonamiento. Al mismo tiempo, permite prever que tanto la Corte como otros tribunales judiciales seguirán cuestionando la constitucionalidad de aquellas disposiciones de la ley 23.551 que han sido observadas por la OIT.

Para los trabajadores y sus organizaciones, el fallo "Rossi" amplía y fortalece la capacidad para definir estrategias de acción colectiva. Para los restantes poderes del Estado, constituye un señalamiento de la necesidad imperiosa de poner en debate las disposiciones de la ley 23.551 cuya constitucionalidad ha vuelvo a ser cuestionada por el máximo tribunal de justicia de la nación.

viernes, 4 de diciembre de 2009

MADRID: LA UNIVERSIDAD PÚBLICA AHOGADA


Es conocida la tendencia que caracteriza a la Comunidad de Madrid de acabar con una enseñanza pública y de calidad. Si en el nivel de la media y del bachillerato es ya evidente la privatización exhaustiva de la enseñanza madrileña, lleva ya dos años hundiendo literalmente la educación universitaria, incumpliendo todos los acuerdos alcanzados y degradando las condiciones de trabajo y empleo de los profesionales de la universidad pública, PAS y PDI. Hoy ha coincidido una manfiestación de trabajadores frente a la Consejería de Educación de la CAM y el manifiesto de los rectores de las universidades madrileñas denunciando esta situación insostenible. Se da además la circunstancia que recientemente cuatro de las seis universidades madrileñas (UCM y Politécnica de una parte, la UAM y la Carlos III por otro), han obtenido el reconocimiento de las autoridades europeas como "universidades de excelencia". El cambio de planes de estudio y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el esfuerzo en los posgrados y el impulso a la investigación son elementos que el poder público de la CAM no tiene voluntad política de impulsar. Al contrario, quiere boicotearlos e impedir la consolidación de esta enseñanza pública de calidad con fuerte capacidad de incidencia en I+D+I. Naturalmente que los medios de comunicación no encuentran en esta actuación del PP madrileño nada criticable, aunque gracias a su acción se esté quebrando el nivel básico de prestación del servicio público de educación en una región de España, la comunidad de Madrid, en detrimento de otras. La impunidad con que la derecha política sabotea la potencia pública de la universidad es algo extremadamente llamativo y suscita ciertas perplejidades sobre la autodenominada libertad de información y los medios de comunicación.

El manifiesto de los Rectores de las Universidades madrileñas es modesto y limitado en sus críticas, pero tremendo en la descripción de la situación y en la degradación del modelo universitario a que están abocados por el Gobierno de la CAM.





Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) ante el debate de Presupuestos.


Por una Universidad pública europea y de calidad





1. Los Rectores de las Universidades públicas de Madrid nos dirigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a los miembros de su Asamblea para expresar nuestro rechazo a los drásticos recortes de financiación previstos en los presupuestos de la Comunidad para el próximo año. En ellos se propone un recorte de 126 millones de euros (en torno al 87 %) en las inversiones comprometidas, no se incluyen partidas para pagar las deudas ya contraídas y se congelan los créditos en personal y gasto corriente. Este escenario económico pone en grave riesgo la implantación de los nuevos estudios de grado y postgrado, acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior así como el despegue definitivo de la I+D+i en nuestra Comunidad.

2. Las Universidades de Madrid, siguiendo las directrices de los gobiernos, hemos adaptado lealmente nuestras titulaciones al Espacio Europeo. Los nuevos grados ya en funcionamiento exigen más esfuerzo de nuestro profesorado pero también más recursos tecnológicos, más laboratorios y la adaptación de todas nuestras instalaciones. Sin recursos adicionales el nuevo modelos será inviable en la Comunidad de Madrid.

3. Pues bien, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no sólo ha congelado las aportaciones a las Universidades para personal y gastos corrientes (lo que supone en la práctica una reducción en torno al 5 % de la situación hace dos años) sino que sigue sin hacer honor a su obligación de devolver a las Universidades las cantidades adelantadas por estas para hacer frente a pagas extraordinarias. Esta situación está ahogando económicamente a las Universidades Públicas.

4. Existe un amplio consenso en Europa de que para salir de la crisis hay que invertir más en educación e investigación. En lugar de caminar en esta dirección, el Gobierno de la Comunidad de Madrid toma la dirección opuesta y elabora unos Presupuestos cuyos recortes, por segundo año consecutivo, afectan tanto a las obras ya adjudicadas como a las obras en ejecución. El coste que ello supone para la investigación y la docencia es altísimo, además de suponer un incumplimiento inaceptable de los compromisos adquiridos por la Comunidad de Madrid con sus Universidades.






5. Las Universidades de Madrid somos conscientes de la situación de las finanzas públicas y de la necesidad de que todo el sector público colabore en estas circunstancias. Como responsables públicos ofrecemos al Gobierno dicha colaboración y por eso estamos aplicando ya serias medidas de ahorro. Nos comprometemos, además, a iniciar un proceso de coordinación de nuestros títulos adaptados a modelo Bolonia que utilice de la manera más eficiente nuestros recursos.

6. Pero al tiempo que asumimos tales compromisos, exigimos al Gobierno de Madrid el cumplimiento de lo pactado tanto en el modelo de Financiación como en el Contrato de Inversiones y solicitamos de los miembros de la Asamblea que demuestren con los hechos- esto es, con los créditos presupuestarios pertinentes- su compromiso real tanto con el Espacio Europeo de Educación Superior como con la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestra Comunidad.



Madrid, 4 de diciembre de 2009





Virgilio Zapatero
Rector Univ. Alcalá
Carlos Berzosa
Rector Univ. Complutense
José Mª Sanz
Rector Univ. Autónoma
Javier Uceda
Rector Univ. Politécnica
Daniel Peña
Rector Univ. Carlos III
Pedro González Trevijano
Rector Univ. Rey J. Carlos

martes, 1 de diciembre de 2009

JOSE SARAMAGO: MANIFIESTO CONTRA EL PARO


El blog hermano de mi amigo Javier López publica el 29 de noviembre este impresionante manifiesto de José Saramago contra el paro. Merece la pena leerlo.





La gravísima crisis económica y financiera que está convulsionando el mundo nos trae la angustiosa sensación de que hemos llegado al final de una época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo que venga a continuación. ¿Qué hacemos nosotros, que presenciamos, impotentes, al avance aplastante de los grandes potentados económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y más poder, con todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios o sucios, normalizados o criminales?

¿Podemos dejar la salida de la crisis en manos de los expertos? ¿No son ellos precisamente, los banqueros, los políticos de máximo nivel mundial, los directivos de las grandes multinacionales, los especuladores, con la complicidad de los medios de comunicación social, los que, con la soberbia de quien se considera poseedor de la última sabiduría, nos mandaban callar cuando, en los últimos treinta años, tímidamente protestábamos, diciendo que nosotros no sabíamos nada, y por eso nos ridiculizaba? Era el tiempo del imperio absoluto del Mercado, esa entidad presuntamente auto- reformable y auto-regulable encargada por el inmutable destino de preparar y defender para siempre jamás nuestra felicidad personal y colectiva, aunque la realidad se encargase de desmentirlo cada hora que pasaba.

¿Y ahora, cuando cada día aumenta el número de desempleados? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas numeradas? ¿Será implacablemente investigado el origen de gigantescos depósitos bancarios, de ingenierías financieras claramente delictivas, de inversiones opacas que, en muchos casos, no son nada más que masivos lavados de dinero negro, del narcotráfico y otras actividades canallas? ¿Y las expedientes de crisis, hábilmente preparados para beneficio de los consejos de administración y en contra de los trabajadores?
¿Quién resuelve el problema de los desempleados, millones de víctimas de la llamada crisis, que por la avaricia, la maldad o la estupidez de los poderosos van a seguir desempleados, malviviendo temporalmente de míseros subsidios del Estado, mientras los grandes ejecutivos y administradores de empresas deliberadamente conducidas a la quiebra gozan de cantidades millonarias cubiertas por contratos blindados?

Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la humanidad y desde esta perspectiva debe ser analizado en los foros públicos y en las conciencias. No es exageración. Crímenes contra la humanidad no son solo los genocidios, los etnocidios, los campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberadamente provocadas, las contaminaciones masivas, las humillaciones como método represivo de la identidad de las víctimas. Crimen contra la humanidad es también el que los poderes financieros y económicos, con la complicidad efectiva o tácita de los gobiernos, fríamente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder lo que les queda, su casa y sus ahorros, después de haber perdido la única y tantas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo.
“Decir “No al paro” es un deber ético, un imperativo moral. Como lo es denunciar que esta situación no la generaron los trabajadores, que no son los empleados los que deben pagar las injusticias y los errores del sistema.

Decir “No al paro” es frenar el genocidio lento pero implacable al que el sistema condena a millones de personas. Sabemos que podemos salir de esta crisis, sabemos que no pedimos la luna. Y sabemos que tenemos voz para usarla. Frente a la soberbia del sistema, invoquemos nuestro derecho a la crítica y nuestra protesta. Ellos no lo saben todo. Se han equivocado. Nos han engañado. No toleremos ser sus víctimas
.

José Saramago