miércoles, 23 de marzo de 2016

MANIFIESTO DE JURISTAS BRASILEÑOS (DE MINAS GERAIS) POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA




 
En el blog hermano Según Baylos, se ha presentado la situación crítica que está atravesando Brasil, y el diseño de un golpe blanco que revierta el resultado electoral de hace un año. Frente a ello, se han confeccionado una serie de manifiestos de juristas que denuncia los aspectos inconstitucionales y la debilitación de las garantías de los derechos fundamentales que se están producido en el marco de este proceso de grave desestabilización política. A continuación, se inserta el manifiesto de juristas mineros (de Minas Gerais) que ha coordinado el Magistrado Jose Eduardo de Resende Chaves Junior, para todos sus amigos y para los usuarios de este blog, Pepe Chaves, que ha conseguido además una larga fila de adhesiones internacionales que se añaden a continuación de la versión en castellano del manifiesto.
 
(La fotografía, en Barcelona el año en el que Lula venció las elecciones a la presidencia de Brasil, donde se puede reconocer, en primer término, a Pepe Chaves, y presidiendo la mesa, el titular d este blog con otros magistrados de ANAMATRA. A la derecha de un servidor se puede ver un (más) joven Gerardo Pisarello, hoy teniente de alcalde de Barcelona).

Este es el texto del manifiesto


JURISTAS DE BRASIL (ESTADO DE MINAS GERAIS) EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Para el poder ideológico que ataca a la democracia en forma disfrazada, lo importante no es vivir en una democracia, sino que la gente ingenuamente crea que vive en ella. Lo mismo ocurre con el Estado Constitucional. Ahora lo que vemos que sucede de manera agresiva es un teatro en el que la forma oculta el contenido. Juicios, procesamientos, coches de policía, parlamentarios, periódicos, televisión, togas, birretes, trajes y corbatas... un aparato tragicómico, todo para justificar el desmantelamiento de un proyecto de transformación social.

Parece que ya no hay espacio para el “golpe de Estado” al estilo de los años 1960 y 1970. Los tanques de guerra en las calles, las detenciones sin orden judicial, la tortura abierta, no parecen complacer a la mayoría de la opinión pública mundial. Los golpes son ahora más sofisticados. Los medios de comunicación parecen haber perdido la vergüenza respecto a la manipulación, distorsión y ocultación de los hechos. Hay más tecnología para ensimismar a las personas, y el teatro del absurdo es permanente. Asistimos al espectáculo de las cárceles, la exposición de las personas a la destrucción pública.

El discurso de lucha contra la corrupción es instrumentalizado para ocultar los verdaderos intereses que lo mueven, y la historia parece repetirse: Sucedió en 1954  con Getúlio Vargas y  en 1964 con Goulart.

En medio de todo esto, un grupo de personas están perdidas en el fuego cruzado de la guerra ideológica que fomenta el odio a la diferencia. Estudiar, entender lo que está sucediendo, es posible y necesario.

Los militares tienen la función constitucional de preservar la soberanía nacional democrática, nunca podrían intervenir para destruirla como algunos pocos desean. Estamos en medio de una guerra ideológica y económica. La solución es más democracia, mayor participación, información pluralista y respeto a la Constitución.

Lo que se espera de las autoridades estatales y sus poderes es la imparcialidad que les da sentido. El espíritu republicano, más allá de las creencias personales y las ideologías, impone a todos los ciudadanos responsables de la interpretación y aplicación de la ley, del poder judicial o del Ministerio Público, una rigurosa imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

En el desempeño de estas funciones vitales no puede haber preferencias o antipatías ni –mucho menos– odio político o de cualquier otro orden. Estos ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones, no pueden tener otra ideología que la que constitucionalmente está precisada: el respeto a la ley, a la Constitución, a las normas, a los principios y a los valores que fija la propia Constitución. Están vinculados por estos conceptos fundamentales, inmodificables por cualquier mayoría parlamentaria o por cualquier decisión que se corresponda con una opinión pública aunque haya obtenido un amplio consenso mediático. Se vinculan, así, a la misión esencial de la función judicial de preservar la norma constitucional de garantía de los derechos fundamentales de la persona humana.

El papel de la Constitución, en la democracia, es evitar que tentaciones mesiánicas puedan llegar a ser en algún momento coercitivamente eficaces. No hay necesidad de probar el veneno para descubrir que mata. No necesitamos volver al autoritarismo para saber que mata, tortura y destruye. La Constitución es intocable; sus preceptos fundamentales y básicos sobre el sistema de derechos y de garantías se confunden con la democracia.
Y esta es la lista de adhesiones internacionales
 
ADESÕES RECEBIDAS DA COMUNIDADE JURÍDICA INTERNACIONAL

Elvia Barrios, Ministra da Suprema Corte do Peru

Fernando Salinas, Ministro da Suprema Corte da Espanha

Jordi Augusti, Ministro da Suprema Corte da Espanha

Roberto Contreras, Ministro de Corte no Chile, Presidente da Rede Latino-americana de Juízes - Chile

Adoración Guaman, Professora da Universidade de Valência - Espanha

Agustín Lovera Cañete, Magistrado do Tribunal de Apelação Penal – Paraguai

Alicia Pastor Camarasa, Advogada de Direitos Humanos - Bélgica

Amparo Merino Segovia, Professora da Faculdade de Direito UCLM – Espanha

Ana Murcia Claveria, Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Valladolid e Diretora da Cátedra de Dialogo Social

Antonio Baylos Grau, Catedrático da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Antonio Loffredo, Professor da Faculdade de Direito de Siena - Itália

Carlos Ala Santiago Rivera, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidad San,Juan de Puerto Rico, recinto Rio Piedras – Porto Rico

Carlos Alfonso Mellado, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Valência - Espanha 

Carlos Petit Calvo, Catedrático de Historia do Direito da Universidade de Huelva – Espanha

Dolores Santos, Professora da Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena - Itália 

Edwin Figueroa Gutarra, Juiz Superior em Lambayeque – Peru

Emma Rodriguez, Professora da Universidade de Vigo - Espanha

Francisco Trillo, Professor da Faculdade de Direito da UCLM - Espanha

Gabriela Merialdo, Desembargadora no Uruguai

Gianluigi Palombella, Professor da Faculdade de Direito da Università Degli Studi di Parma – Itália

Gonçal Mayos Solsona, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona - Espanha

Guillermo Gianibelli, Professor da Faculdade de Direito da Universidad de Buenos Aires – Argentina

Horacio Meguira, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Buenos Aires e Director do Gabinete Jurídico de CTA - Argentina

Hugo Barretto,  Professor da Faculdade de Direito UDELAR, Uruguai

Isabel Torres Vega,  Juíza Provisória da Suprema Corte - Peru

Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Vigo – Espanha

Jaqueline Yalán Leal, Juíza Superiora – Peru

Jesus Rentero Jover, Desembargador do Tribunal Superior de Justiça de Castilla La-Mancha - Espanha

Joaquin Aparício Tovas, Catedrático da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Joaquín Perez Rey, Professor da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Joan Coscubiela Conesa, Advogado e Deputado no Parlamento da Catalunha – Espanha

Juan-Ramón Capella, Professor da Universidade de Barcelona - Espanha

Juan Terradillos Basoco, Catedrático de Direito Penal da Universidad de Cádiz – Espanha

Laura Mora Cabello de Alba, Professora da Faculdade de Direito da UCLM

Luigi Mariucci, Professor da Universidade Ca Foscari de Veneza - Itália

Luis Collado Garcia, advogado e Professor Associado da UCLM, Editor da Editora Bomarzo - Espanha

Luis Roberto Salas, Magistrado Nacional, Tribunal Oral Penal – Argentina

Manuel Atienza, Catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Alicante - Espanha

Maria José Romero Rodenas, Catedrática da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Matthew Kramer, Catedrático de  Filosofia do Direito da Universidade de Cambridge – Reino Unido

Rafael de Asís Roig, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidad Carlos III – Espanha

Ramon Saez Valcarcel, Magistrado da Sala Penal da Audiência Nacional - Espanha

Roberto Pagés Llovera, Desembargador do Tribunal de San Juan – Argentina

Salomon Saavedra Dorantes, Juiz aposentado – México

Sebastián Martin,  Profesor História do Direito da Universidade de Sevilha - Espanha

Teresita Ricardi, Vice-Presidente de Estudos para a Integração da Rede Latino-americana de Juízes – Paraguai

Vania Boutaud, Juíza de Garantia - Chile

 
 
 


lunes, 14 de marzo de 2016

SEMBLANZA DE ENRIQUE LILLO




Con ocasión del acto de entrega del premio Abogados de Atocha por la Unión Regional de CCOO de Castilla La Mancha a Enrique Lillo, se proyectó esta semblanza del premiado, con un texto leído por la abogada de CCOO de Toledo y presentadora del acto, Carolina Vidal. Este es el video


domingo, 6 de marzo de 2016

SOBRE LA EXTRADICION DE LOS MILITARES QUE ORGANIZARON EL ASESINATO DE LOS JESUITAS EN LA UCLA DE EL SALVADOR




Juan Gumucio, un buen amigo chileno y abogado laboralista, me envía este comunicado de los jesuitas ante la oposición a la extradición de los autores materiales - no los inductores - del asesinato terrible de la masacre en la UCLA de 1989. Su lectura es extremadamente provechosa, en momentos en los que la impunidad parece ser la regla en otros países vecinos, como Honduas, tras el golpe que depuso al presidente Zelaya, y muchos de sus argumentos pueden ser aplicados a las resistencias que en España presenta el Gobierno y tantos otros grupos de presión frente a la petición de extradición por la justicia argentina de los asesinos y torturadores del franquismo.

Ante las reacciones por las órdenes de captura de exmilitares reclamados por la justicia española. 


La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, frente a las reacciones generadas por las órdenes de captura de los 17 exmilitares señalados por la justicia española como presuntos autores intelectuales y materiales de la masacre del 16 de noviembre de 1989, comunican su posición a la sociedad en general.

1. No deben extrañar las reacciones de los sectores que tradicionalmente se han opuesto a que la justicia brille en El Salvador. Ante la exigencia de verdad y justicia, siempre han sonado tambores de guerra, han anunciado nuevos derramamientos de sangre, han hablado de abrir heridas, de venganza y de inestabilidad en el país. ¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad: los que buscamos la verdad y la justicia, o los que defienden la impunidad?
2. Demasiadas veces se ha escuchado la obscena frase “perdón y olvido”. El dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas. Ese es el camino del perdón cristiano y la senda para la verdadera reconciliación. Exigir justicia no es venganza, sino reclamar que se repare el daño causado.
3. La Compañía de Jesús y las autoridades de la UCA han reiterado muchas veces su disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen. Sin embargo, sigue pendiente que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, lo cual se hace a través del sistema de justicia, para que posteriormente se pueda ofrecer el perdón.
4. Es cierto que la exigencia de verdad y justicia incomoda a los señalados y preocupa a sus amistades y familiares. Pero no se debe olvidar quiénes son las verdaderas víctimas de los crímenes del conflicto armado y quiénes provocaron tanta humillación, sufrimiento y muerte. Víctimas inocentes son Elba, su hija Celina y nuestros hermanos jesuitas. Víctimas son los niños, mujeres y ancianos del Sumpul y de El Mozote. Víctimas fueron monseñor Romero, los sacerdotes, religiosas y miles de catequistas asesinados durante la guerra. Y todas las personas que fueron violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Estas víctimas nunca han sido centrales para los Gobiernos de posguerra. Se les condenó al olvido y a sus victimarios se les premió con impunidad. Ahora, cuando se acusa judicialmente a quienes la Comisión de la Verdad señaló como responsables últimos de la masacre en la UCA, se pretende hacer pasar como víctimas a los verdugos.
5. Las capturas y la petición de extradición no son un asunto político, como se pretende hacer ver. Las capturas responden a una orden de captura internacional girada a través de la Interpol, cuyo cumplimiento es obligatorio por los compromisos asumidos por El Salvador a nivel internacional en material policial y judicial. Al contrario, ha sido la falta de voluntad política la que ha impedido que se haga justicia en nuestra tierra y la que ha obligado a recurrir a la justicia española. Lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo: queremos que funcione el sistema de justicia salvadoreño y por ello hemos trabajado, aunque sin obtener ningún resultado hasta la fecha.
Mientras la justicia salvadoreña mantenga sus puertas cerradas, no se debe impedir que el caso se ventile en las instancias de justicia internacional. Si los imputados no son culpables de lo que se les acusa, tendrán la oportunidad de demostrarlo en un juicio que ofrece las debidas garantías. Si solo obedecían “órdenes de los políticos”, como declaró un alto militar de la época, deben decir qué políticos les dieron la orden de masacrar a dos mujeres inocentes y a seis defensores de la verdad y la justicia. Si es cierto que esa orden existió, los altos jefes militares debieron actuar conforme a su conciencia y desobedecerla, pues ya monseñor Romero les había avisado: “Ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice ‘No matar’”.
6. Las reacciones y opiniones contra las capturas realizadas por la Policía responden a los intereses de los responsables de planificar y ejecutar masacres durante la guerra; victimarios que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado y han preferido optar por la impunidad en desmedro de la verdad y la justicia. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por parte del Estado son más graves en cuanto está obligado a defender y proteger siempre los derechos humanos, incluso en situación de guerra. Quienes decidieron el asesinato de los jesuitas con nocturnidad y alevosía saben perfectamente que no perpetraron “simples asesinatos”. La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado con la lógica del terrorismo de Estado, y por ello es un crimen de lesa humanidad. Defender a los que tuvieron la última responsabilidad en los asesinatos e impedir que la justicia realice su misión es avalar el crimen y ponerse del lado de la impunidad.
7. Querer conocer la verdad de lo que ocurrió y llevar el caso ante la justicia no atenta contra el auténtico espíritu de los Acuerdos de Paz. Hay que recordar que las partes negociadoras se comprometieron a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y reconocieron la “necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en los casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”. A tal fin, las partes remitieron “la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio […] de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley” (Acuerdos de Paz, Capítulo I: Fuerza Armada). Este es el verdadero espíritu de los Acuerdos de Paz, que fue desvirtuado posteriormente por las partes al aprobar la ley de amnistía.
8. La actuación del Gobierno al respecto deja mucho que desear. La PNC no solo cumplió tardíamente la difusión roja, sino que únicamente ha capturado a cuatro militares (tres de ellos de bajo rango y con menos probabilidades de ser extraditados), permitiendo la fuga de 13 exmilitares, entre ellos seis reconocidos exoficiales que nunca se han sentado en el banquillo de los acusados y que son acusados de ser los presuntos autores intelectuales de la masacre. Además, el Presidente trató el caso como un asunto político al reunirse con los partidos para darles explicaciones por las capturas, sin que haya trascendido el mensaje que les transmitió. Tampoco fue pertinente ni acertado que el Vicepresidente pidiera la no extradición y se uniera así al coro de la derecha política, que pretende seguir manoseando la autonomía e imparcialidad del sistema de justicia.
9. Reconocemos y apoyamos la actuación del Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos, que con valentía y con argumentación sólida ha instado a las autoridades respectivas a cumplir con la ley. Y condenamos las acusaciones e insultos de los que ha sido objeto por parte de los que quieren que la impunidad siga vigente en el país; gente que no tiene ninguna autoridad moral para criticar a un defensor de los derechos humanos.
10. Conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a que se haga justicia para la víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y llevará paz a los mismos victimarios. Solo siguiendo este camino podremos decir con el profeta Isaías: “La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos”. Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, entre verdad y paz. Al contrario, la paz es el fruto de la verdad y de la justicia.
La Libertad, 2 de marzo de 2016
UCLA, El Salvador.