UNA TRISTE NOTICIA: FALLECE HELIOS SARTHOU

Ha fallecido Helios Sarthou, en Montevideo, de un infarto cerebral. Tenía 86 años. Helios era un  abogado y profesor universitario excepcional, claramente posicionado en la izquierda política y sindical. Fué fundador del Frente Amplio en 1971,fué diputado por Montevideo y senador, destacando por sus ácidas críticas al neoliberalismo de los 90 en Uruguay, con el gobierno de Lacalle. Mantenía además de la política una extensa actividad profesional y académica.

Tuvimos ocasión de mantener una buena relación amistosa en nuestros encuentros académicos, las más de las veces en Montevideo, en la Universidad de la República, en seminarios organziados por Oscar Ermida, hace un año también desaparecido.

En un correo de hoy en el que nos comunica a Joaquín Aparicio y a mi la noticia del fallecimiento, Guillermo Gianibelli nos recordaba un viaje a Montevideo en plena campaña electoral en donde Helios nos iba citando a horas sucesivas pero nunca llegaba, enredado en mítines y discusiones sobre el futuro progresista de la república. El correo de Guillermo resume muy bien nuestras sensaciones al respecto.

Queridos Antonio y Joaquín,

Una triste noticia de sábado. Murió hoy en Montevideo el gran Helios.

Siempre lo recordaremos, en lo personal, con aquel día en que nos llamaba recurrentemente desde lugares ignotos de la ciudad subido a alguna tarima y arengando desde la tribuna y nosotros en un hotel montevideano esperábamos para saludarlo. Creo que nunca ocurrió, al menos ese día. Pero así era Helios, pura vitalidad y honestidad. Para con todos.

En otra oportunidad quedamos en encontrarse conmigo en el Parlamento, donde era Senador Nacional, cuando llego había una larga fila de personas en la puerta de su oficina. Esperé por varias horas hasta que atendió al último. Luego nos fuimos a caminar por la bella Ciudad Vieja y a cada paso se escuchaba “eh Helios!!”, todos lo saludaban. Así era.

Y podríamos seguir recordándolo por eso, por sus convicciones, por la inalterabilidad de su pensamiento libre y comprometido con una sociedad también libre y solidaria.

Así es. Un saludo emocionado y solidario para los compañeros y amigos uruguayos en este día triste para el derecho del trabajo latinoamericano.

GUY RYDER, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA OIT

En la redacción del "Parapanda Tribune" acabamos de recibir un cable de nuestro corresponsal en Ginebra, Hugo Barreto Ghione. Dice así:

Estimados amigos, acaba el consejo de administracion elegir al nuevo director de la OIT, el Sr Guy Ryder, del grupo de los trabajadores.

Salio por ajustado margen respecto de un candidato frances.

Los gobiernos del GRULAC (America Latina y el Caribe) fue fundamental porque tenia cinco votos en el consejo (Argentina, Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago y El Salvador) y cuatro de ellos se volcó al Ryder una vez que salio de competencia el vicepresidente colombiano enla ultima ronda.

La noticia es muy buena. Guy Ryder , como señala Wikipedia, nació en Liverpool,  el 3 de enero de 1956,y es un sindicalista británico, elegido como Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en noviembre de 2006 hasta 2011, cuando ocupó la Secretaria General de esta Confederación Internacional Saran Burrow.

De 1981 a 1985, ocupó un puesto como asistente del departamento internacional del  TUC (Congreso de Sindicatos Británicos) en Londres. Después, de 1985 a 1988, fue Secretario de la sección de industria de la Federación Internacional de Empleados, Técnicos y Directivos (FIET), en Ginebra. En 1988 se incorporó a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), primero como subdirector y luego director de la Oficina de Ginebra y, a continuación, en 1998, ocupó la Secretario General hasta su disolución y creación de la Confederación Sindical Internacional. Con anterioridad había sido director de la Oficina del Director General de la Organización Internacional del Trabajo.

 

Tras el período de Juan Somavía, que ha sido caracterizado por un fortalecimiento de la OIT en el plano mundial, en especial a partir de la Declaración de derechos fundamentales de 1998 y la enunciación del concepto de trabajo decente al año siguiente, era fundamental que esta posición global de la OIT no se perdiera. La agresividad del grupo de los empleadores y el alineamiento neoliberal de muchos gobiernos potentes de países desarrollados podía presionar en sentido contrario. Guy Ryder como nuevo Director General es, por consiguiente, una buena notica en estos tiempos de crisis.

 

 

LA HUELGA ESTATAL DE LA ENSEÑANZA DEL 22 DE MAYO

Como señala Agustín Moreno en el texto que a continuación se inserta, sobran los motivos para la huelga del 22 de mayo en la enseñanza. Esta tarde, manifestaciones - una gran marea verde - en toda España.

La huelga estatal de la enseñanza del 22 de mayo

La comunidad educativa ha tomado conciencia del calado de la agresión y de sus consecuencias de futuro y desde prácticamente todos los ámbitos representativos se ha convocado una huelga general para el día 22 de mayo en todo el Estado y en todas las etapas educativas, desde infantil a la universidad. Convocan y apoyan todos los sindicatos de educación (CC.OO, UGT, ANPE, STES, CSIF, CGT…), la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, Plataformas estudiantiles por una Universidad Pública de Calidad, asociaciones de padres y madres de alumnos, movimientos de renovación pedagógica, etc. Los motivos para la huelga del 22 de mayo son muchos:

1. Se defiende una escuela inclusiva para formar a las personas y que garantice la calidad de la educación para todos y no para unos pocos. Que sea un modelo de convivencia verdaderamente democrática, con profesionales suficientes, donde todos los centros tengan los mismos recursos.
2. Se pretende conseguir una educación infantil que atienda al desarrollo de los niños y niñas, a su crecimiento, su salud y su felicidad, en escuelas donde reciban un trato digno. Acabar con el fracaso y el abandono escolar temprano, poniendo medios para luchar contra él desde los primeros años de escolarización. Universalizar la educación y garantizar que todos los alumnos/as alcanzan unos niveles educativos mínimos al terminar la secundaria.
3. Se pide una formación profesional que permita, tanto a las personas jóvenes como a los desempleados/as que necesitan un reciclaje profesional, acceder a las competencias que les abran un futuro laboral.
4. Se quiere conservar una Universidad pública y de calidad. Es posible una universidad para todos/as, accesible a la clase trabajadora, con una labor investigadora que permita el verdadero progreso, autónoma de los intereses empresariales, orientada a la formación de las personas y al avance en todas las área del conocimiento.
5. Se apuesta por una enseñanza de idiomas accesible, con una oferta suficiente, tanto en enseñanzas como en plazas educativas. Y por una formación artística que no sea el privilegio de una minoría. La música, las artes plásticas y dramáticas, los oficios artesanos son una herencia común que debemos cuidar y mantener.
6. Se exige el respeto y el buen trato a los excelentes profesionales de la educación: profesorado que enseña y educa, que tutoriza a los adolescentes ayudándoles a crecer personalmente y como ciudadanos, educadores de infantil, personas que enseñan a los niños a comer, que trabajan con las familias, que detectan un problema en el desarrollo, docentes, que mantienen los centros en buen estado, que forman a los profesionales y a los universitarios, que investigan, etc.

Como se puede ver, sobran las razones, pero eso a veces no es suficiente, Es la movilización unitaria, de ámbito estatal y con continuidad la que puede cambiar las cosas. Mucho más si se hace desde un planteamiento conjunto que demuestra que es posible la confluencia de todas las organizaciones sindicales, de las familias y de los estudiantes, porque todos comparten un mismo norte: la educación es un derecho básico, imprescindible en la vida y en el desarrollo de las personas y para mejorar la igualdad de oportunidades; y los recortes no son inevitables y hay otras alternativas.

Si la Marea verde que empezó en Madrid el otoño pasado se extiende por toda España y por las universidades, nada está perdido. Muchas veces los movimientos no son conscientes de lo que hacen, su propia trascendencia. Parece ser que en Sidney estaban muy interesados en la Marea verde por su creatividad y voluntad de resistencia. Recientemente, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación nos pedía a la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas autorización para usar el logo de Escuela pública: de tod@s, para tod@s. Por supuesto que no hay objeción alguna (no hay copyrigth para las buenas causas), sino orgullo por ello. En este mundo globalizado se necesitan referentes, como también lo han sido el 15M o la lucha en Chile por una educación pública gratuita.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL

Lectura del manifiesto en el Zócalo el 1 de mayo

Con ocasión del 1 de mayo, y siguiendo una práctica ya establecida en cuatro convocatorias anteriores, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical ha hecho público en el Zócalo de México D.F., la resolución de condena al gobierno mexicano por la violación de la libertad sindical.

En el video - grabado con un iphone por la querida compañera Nelly Rosas  - se puede ver a los miembros del TILS internacionales que leen el manifiesto. Laura Mora (UCLM)  y Hugo Barretto (Universidad de la República).

REIVINDICACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN MÉXICO

El documento que transcribimos a continación, firmado por prestigiosos juristas, académicos y abogados, reivindica con palabras claras la necesidad de que la libertad sindical se instale en México y que desaparezcan las continuas injerencias de los poderes públicos y empresariales sobre los sindicatos libres.Su lectura es muy provechosa en unos tiempos en los que las organziaciones de defensa de los trabajadores están siendo asediadas y perseguidas como hacía tiempo que no se conocía, bajo el impulso antidemocrático de la ideología neoliberal. Agradecemos de nuevo a nuestro amigo Oscar Alzaga el envío de este interesantísimo texto.

El Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo-UNAM.

El Grupo de Profesores de Derecho del Trabajo-UAM-A.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ANAD.

Por el derecho universal de los trabajadores de elegir libremente a sus dirigentes sindicales, sin la intervención ilegal del gobierno.

A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la opinión pública y los trabajadores.

El 25 de abril de 2012 sesionarán los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver el asunto de la toma de nota del Sindicato Minero. Han pasado 4 años para el Sindicato sin la toma de nota o la representación jurídica. Pedimos a los ministros la resolución definitiva, como corresponde a su ilustre investidura.

se recordará que el 17 de febrero de 2006, sorpresiva e ilegalmente el gobierno de Fox le retiró la toma de nota a la dirección del Sindicato Minero y la entregó al grupo de Elías Morales, quien acompañado de 300 golpeadores, el mismo día asaltó el edificio sindical, respaldado con la toma de nota que le entregó la Secretaría del Trabajo.

Ante la Procuraduría General de la República se acreditó que los documentos de Elías Morales eran falsos y contenían firmas falsificadas, documentación que “extravió” la autoridad. El Sindicato tuvo que recurrir al amparo, para que la toma de nota fuera devuelta a su legítima y legal dirección, lo que logra el 17 de abril de 2007; más de un año después.

Pero el problema fue más grave, porque Elías Morales -con el apoyo del Grupo México, del gobierno de Fox y después el de Calderón- se dedicó a agredir y asaltar secciones sindicales y centros de trabajo, a intervenir en los conflictos jurídicos en contra del mismo Sindicato y sus intereses, con la toma de nota en mano.

En síntesis, el manejo de la toma de nota ha servido al gobierno para impedir que sean los trabajadores quienes elijan a sus dirigentes y para intervenir la vida de los sindicatos e imponer su voluntad. Para destruir el derecho de libertad sindical e imponer la antidemocracia sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dependiente de la ONU, tuvo que intervenir y emitió la Recomendación del caso 2478 con plena vigencia legal en México, de junio de 2008, señalando que:

“Estima que la autoridad laboral (el Gobierno) incurrió en una conducta incompatible con el artículo 3 del Convenio 87, que consagra el derecho de los trabajadores de elegir libremente sus representantes.”

Otro gobierno con más agresiones a la libertad sindical y mineros.

No obstante, el 24 de junio de 2008, el Gobierno de Calderón, a través de la Secretaría del Trabajo, negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero, pese a que fue reelecto por la mayoría de los obreros. Fue un acto administrativo por demás ilegal y arbitrario: desaprobar la facultad exclusiva de los obreros de elegir a sus dirigentes.

Lo que es contrario a la libertad sindical, que es un derecho universal, propio de una nación democrática, del mismo modo y rango que lo son las libertades humanas y civiles: de prensa, cátedra, religión, protesta, opinión, etc. La libertad sindical es un indicador de la democracia de una nación, como lo señaló el entrañable jurista Oscar Ermida.

Esta agresión del Gobierno contra el Sindicato Minero desde febrero de 2006, sumada a otras, constituyen un desvío de poder: entendido como “el uso de potestades públicas con vistas a la consecución de objetivos distintos a los fines propios del orden jurídico”. Como lo señala el jurista Raúl Jiménez. En este caso, para destruir un sindicato. Porque un sindicato sin representación jurídica o toma de nota, queda impedido de cumplir la razón de su existencia: la defensa y mejoramiento de los intereses de sus agremiados.

Desde el 2 de diciembre de 2009 la Suprema Corte atrajo el asunto de la toma de nota del Sindicato Minero para su resolución, habiendo fallado antes, el 22 de agosto de 2011, una contradicción sobre el tema, en la tesis jurisprudencial núm. 32/2011, de modo favorable al derecho de libertad sindical.

El Poder Judicial ha avanzado en limitar la intervención del Gobierno en la libertad sindical, con la sentencia del amparo de 11 de septiembre de 2011, confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Primer Circuito en resolución del 23 de febrero de 2012, RT. 212/2011, concedió el amparo, para:

“Que la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deje insubsistente la resolución de dieciocho de abril de dos mil once, contenida en el oficio 211.2.2.-1647 y, en su lugar, dicte otra en la que considere que el acta del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional, de veinte de abril de dos mil diez, es suficiente para considerar colmado el requisito formal contenido en el artículo 236 de los Estatutos Sociales de la organización sindical y, por ende, lleve a cabo la toma de nota de la renovación de la dirigencia seccional que se le informó mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil diez; y, por otra parte, considere que el Secretario del Interior, Exterior y Actas, se encuentra facultado para sustituir al Secretario General ante su ausencia, por lo que deberá otorgar la toma de nota correspondiente al informe de altas bajas de los miembros que integran la fracción I, de la Sección 290, del Sindicato quejoso.”

Así las cosas, la toma de nota es un acto registral de procedimiento administrativo, no una decisión sin las facultades para ello que sustituye al procedimiento jurisdiccional de la Junta Federal.

La Comisión Internacional para los Derechos del Trabajo (ICLR) de renombre y prestigio, interpuso un Memorial de Amicus Curiae, en septiembre de 2010, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiéndole que resolviera conforme a las normas nacionales e internacionales a favor de la libertad sindical y, consecuentemente, del Sindicato Minero. Citando la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia:

“La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho.” (Caso Ricardo Baena y otros.)

Obviamente, el Gobierno apuesta a que el Sindicato no resista tanto tiempo y para lograr su propósito, presiona para se posponga la solución definitiva y apegada al derecho. Este gobierno llega a sus últimos días, por suerte, y la nación seguirá su curso con los problemas que tendrá que sortear y superar para lograr la democracia que tanto anhela, con otros gobiernos, para salir de la pesadilla actual.

Los abajo firmantes y los interesados en la democracia y el Estado de Derecho, solicitamos y apoyamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza plenamente sus facultades de independencia e imparcialidad, para que resuelva el asunto del Sindicato Minero, a través del cual los trabajadores solicitan les sea respetado el derecho de elegir libremente a sus dirigentes.

Atentamente.

Los derechos humanos se defienden ejerciéndolos.

Lauro Sol, Arnaldo Córdova, Bernardo Batiz, Néstor de Buen, Jesús Campos Linas, Porfirio Muñoz Ledo, Adela Salazar, Alfonso Bouzas, Héctor Santos Azuela, Alfredo Sánchez Alvarado, Jorge Olvera Quintero, Enrique Larios, Octavio Lóyzaga, Estela Ríos, Quetziquel Flores, Raúl Jiménez, Pilar Noriega, Manuel Fuentes, Carlos de Buen, Arturo Martínez y González, Arturo Alcalde, María Luisa Campos, Karla Micheel, David Peña, Ernestina Godoy, Edith Ramírez, Pedro Robles, Javier Huerta, Samuel Porras, José Luis Contreras, Maricarmen Fernández, Enrique León, Abraham Garcilazo, Nahir Velasco, María Teresa Guerra, María de la Luz Rivera, Raymundo Patiño y Oscar Alzaga.

Obispo Raúl Vera, General Francisco Gallardo, escritor Paco Ignacio Taibo, doctores Mariano Noriega, Manuel Pérez Pantoja, Cristina Laurell, Josefina Morales, Arturo Guillén, Huberto Juárez, Enrique de la Garza Luisa Mussot, Edur Velasco, Emilio Reza, Rosa María O`Leary, Leopoldo Santos, Mauricio Macossay, Marta Quesada, Camila Carrión, Guadalupe Cortés, Víctor Sánchez, Sara Lovera, Jesús Martín del Campo y Raúl Álvarez Garín

Martín Esparza de Sindicato Mexicano de Electricistas, Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Benito Bahena de Asociación de Tranviarios de México, Agustín Rodríguez del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Minero, José Núñez de Sección 201 de Sombrerete, Sergio Tolano de Sección 65 de Cananea, Roberto Hernández de Sección 17 de Taxco, Jesús Torres de Cooperativa Tradoc, Arturo Figueroa, Jorge Rountrée de STAUS y Modesto Torres de STEUS, Adrián Pedrozo, Francisco, Carrillo, Héctor de la Cueva, Luis Alfonso Vargas de Central Unitaria de Trabajadores, Gaudencio Chávez del Sindicato de Asamblea Legislativa, José Ángel Rodríguez de SEPSIAPA, Sindicato de la Jornada.

España: Laura Mora, Amparo Merino, Antonio Baylos, Joaquín Aparicio, Marta Olmo. Argentina: Horacio Meguira, Guillermo Gianibelli, Luis Ramírez, Moisés Meik. Estados Unidos: David Gespass y The National Lawyers Guild (Asociación Nacional de Abogados), Dean Hubbard y Labor and Employment Committee of the Nacional Lawyers Guild (Comité Laboral del Empleo del Gremio Nacional de Abogados), Robín Alexander e International Committe of the National Lawyers Guild (Comité Internacional del Gremio Nacional de Abogados), Angela B. Cornell (Director of the Labor Law Clinic), Lance Compa de SEIU, Ben Davis, Guadalupe y Valery Alzaga de SEIU. Uruguay: Hugo Barreto, Carlos Casalas. Chile: Estrella Zúñiga. Colombia: Arturo Portilla. Brasil: Luiz Salvador y Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Nilton Correia y Asociación de Abogados de Brasilia, Luis Carlos Moro. Cuba: Lidia Guevara, Antonio Raudilio Sánchez y Unión Nacional de Juristas Cubanos. Perú: Jorge Rendón y Asociación Peruana de Abogados Laboralistas. Venezuela. Francisco Iturraspe. Canadá: Hugo Leal Neri. Francia: Antoine Jeammaud.

Por la Comisión Internacional para los Derechos de los Trabajadores (ICLR): Ministro Yogesh Sabharwal, Ministro Presidente Retirado, Suprema Corte de la India; Juez Juan Guzmán Tapia, Juez Retirado, Corte de Apelaciones de Santiago, Chile; Ministro Gustin Reichbach, Suprema Corte de Nueva York, EEUU; Jeffrey Sack, Abogado Laboralista, Toronto, Canada; Teodoro Sánchez de Bustamante, Abogado Laboralista, Buenos Aires, Argentina; Profesora Sarah Paoletti, Facultad de Derecho, Universidad de Pennsylvania, EEUU; Jeanne Mirer, Abogada Laboralista, Presidenta de la Comisión Internacional para los Derechos de los Trabajadores (ICLR) Nueva York, EEUU.

Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), Federación Internacional de Sindicatos de la Química, la Energía y la Minería (ICEM), American Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), Steelworkers.

México, D. F a 24 de abril de 2012.

Colegio de Profesores de Derecho del trabajo de la UNAM, el Grupo de Profesores de Derecho del Trabajo de la UAM-A y por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD: Enrique Larios, Quetziquel Flores, María Luisa Campos, Manuel Fuentes y Oscar Alzaga.

MÉXICO: EL DERECHO DE HUELGA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En la “evolucionada” Europa, hemos tenido que fajarnos por defender nuestro derecho de huelga frente a las presiones de la patronal, las injerencias del gobierno y un ataque mediático sin precedentes. El proyecto de reglamento Monti II intenta someter el ejercicio del derecho de huelga en el plano transnacional al dominio de las libertades económicas fundamentales.  El derecho de huelga es un terreno de lucha ideológica y política formidable, y no debemos permitir una involución democrática en este sentido. Los compañeros de México se encuentran en una encrucijada importante. El Tribunal Supremo de aquel país puede adoptar una decisión extremadamente contraproducente para la acción colectiva y contraria a los textos internacionales que exigen el respeto de aquel derecho.Nuestro amigo y abogado comprometido firmemente con la democracia y el socialismo, Oscar Alzaga,  envía este manifiesto que contiene una convocatoria en el Zócalo del DF en defensa del derecho de huelga que debe ser difundido asimismo en España a través del blog y las redes sociales, y al que adherimos solidariamente.

EL DERECHO DE HUELGA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado criterios de trascendencia sobre la libertad sindical, como el voto secreto en los recuentos por la titularidad de los contratos colectivos y las facultades limitadas de las autoridades para reconocer las dirigencias sindicales. Sus resoluciones suponen avances, aunque la libertad sindical aún sea una promesa incumplida de la Constitución.

Su Segunda Sala tiene pendiente la resolución de un recurso de revisión de la que depende el derecho de huelga, un derecho de alcance universal.

El motivo es la huelga del 30 de julio de 2007 de Sombrerete, Zacatecas, que se inscribe como parte de una larga lista de agresiones a los mineros por el Grupo México, con el apoyo del Gobierno Federal, que lejos de ayudar a resolver el conflicto, lo han prolongado. La lucha de los mineros se inscribe a su vez en la lucha del pueblo por alcanzar el estado de Derecho.

Los trabajadores han tenido que resistir decisiones ilegales como la que terminó las relaciones de trabajo en Cananea, por una falsa causa de fuerza mayor, cuya evidencia quedó a la vista de todos con el reinició inmediato de sus labores, una vez que despidió a más de mil mineros. En esa ocasión, un juez y un tribunal colegiado avalaron las arbitrariedades de la Junta Federal.

En la mina zacatecana, el Grupo México pidió a la Junta declarar que la huelga es imputable al Sindicato, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 469 y 937 determina que es un derecho exclusivo del sindicato. La Junta desechó la demanda, pero un juez concedió a la empresa el amparo, lo que constituye un grave atentado al derecho de huelga, ya que al otorgar al patrón una acción igual que a los trabajadores, permite al patrón concluir la huelga y reanudar labores en un tiempo breve, quitando a la huelga toda su fuerza y eficacia.

El Sindicato Minero pidió a la Corte que anulara esa sentencia, porque se trata simple y llanamente, de reivindicar uno de los derechos humanos universalmente reconocido, a tono con las recientes reformas al artículo 1º de la Constitución.

Sin embargo, se sabe que la ponencia presentó dos proyectos de resolución en sentidos opuestos y el voto mayoritario podría terminar con el derecho de huelga.

La huelga no es un derecho absoluto, la limitan diversas reglas y requisitos que hay que cumplir antes de iniciarla: que se declare inexistente o ilícita, e incluso que el patrón se allane a las peticiones del sindicato y reanude los trabajos. Sobre esas limitaciones, además, privan las dificultades que han de pasar los obreros y sus familias, mientras no reciben salarios. La huelga es para ellos un sacrificio mayor que las incomodidades que pueda tener el patrón.

La huelga no es deseable, pero no cabe duda que sigue siendo la única vía legal con la que cuentan los trabajadores, para “conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”, como lo reconocen la Constitución y los tratados internacionales.

Los costos de la huelga nunca han sido un argumento válido para acabar con este derecho, menos lo puede ser para su duración. Cuando empresa y gobierno se oponen al arreglo conciliatorio, con el que concluyen el 99% de las huelgas.

Hay que decir además que los trabajadores, con justa razón, desconfían de las juntas de conciliación y arbitraje, que no son independientes e imparciales, como lo ha demostrado la Junta Federal durante el conflicto minero. Por ello, los sindicatos casi nunca someten a su consideración la imputabilidad de la huelga.

Si la Suprema Corte decidiera anular la huelga, acabaría con uno de los derechos fundamentales más apreciados, por el que los obreros del mundo han luchado desde el siglo XVIII. El retraso que implicaría, sería una vergüenza para los que aún estamos orgullosos de que nuestra Carta Magna haya sido la primera en todo el mundo en elevar el derecho de huelga a rango constitucional, poniendo así un gran ejemplo a toda la humanidad.

Arnaldo Córdova, José Dávalos, Néstor de Buen, Jesús Campos Linas, Porfirio Muñoz Ledo, Adela Salazar, Alfonso Bouzas, Héctor Santos Azuela, Jorge Olvera Quintero, Enrique Larios, Octavio Lóyzaga, Estela Ríos, Quetziquel Flores, Raúl Jiménez, Manuel Fuentes, Carlos de Buen, Arturo Alcalde, Francisco Gallardo, María Luisa Campos, Edith Ramírez, Pedro Robles y otras firmas.

Martín Esparza, Francisco Hernández Juárez, Benito Bahena, Agustín Ramírez, Napoleón Gómez Urrutia, José Núñez Velázquez, Sergio Tolano, Arturo Figueroa, Jorge Rountre,      

Manifiesto de apoyo a la huelga general del 29 de marzo y adhesiones del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social UCLM

   

El Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM ha hecho público una declaración pública de apoyo a la huelga general del 29 de marzo, que por su interés se reproduce íntegramente a partir del texto que ha publicado el diario "Lanza" de Ciudad Real.

Los abajo firmantes, profesores y becarios de investigación del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la UCLM, decidimos hacer público nuestro apoyo a la huelga general convocada por los sindicatos y otros movimientos sociales para el día 29 de marzo.
Nos parece que el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,  impone  un cambio drástico y radical en el tratamiento normativo de las relaciones laborales que subvierte directamente el modelo de equilibrio de poderes económicos y sociales en el trabajo que había diseñado el legislador constitucional. Pensamos que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea no exigían una reforma de las relaciones laborales situada en una perspectiva contraria al estado social, potenciadora de un poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Entendemos que la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionales tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical y fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.
Esta regulación se corresponde además con una política de los poderes públicos de recorte de gastos sociales con especial incidencia en la sanidad y la educación. En el caso de nuestra región, nos hemos ya movilizado hace un mes contra las decisiones de la JCCM que degradan los servicios públicos de interés general. En la Universidad, la situación es crítica. Están en peligro becarios de investigación,  interinos y contratados a término, ha desaparecido la posibilidad de promoción para PDI, se han reducido derechos a todos los colectivos, se ha dificultado la gestión cotidiana de la universidad. Las contratas de servicios se renegocian con despidos y bajadas salariales del personal a su servicio, y se han suprimido servicios esenciales para el funcionamiento universitario, como la compra de libros y suscripción de revistas en biblioteca. Los proyectos de investigación se retrasan y en ocasiones se anulan, el campus de excelencia  se da por muerto. En el horizonte las nubes son más oscuras aún. La disposición adicional 2ª del RDL 3/2012, de reforma laboral, establece la posibilidad de despido colectivo de personal laboral al servicio de las administraciones públicas, entre ellas la Universidad, si hay dificultades presupuestarias durante tres trimestres consecutivos. El aumento de jornada y la reducción salarial adicional son elementos seguros en los nuevos presupuestos y el aumento de tasas universitarias se empieza a considerar una consecuencia inevitable de la situación económica crítica de la UCLM.
Frente a estas políticas que hacen retroceder los derechos laborales, restringen las prestaciones sociales y asfixian económicamente la educación universitaria, es importante mostrar de manera contundente nuestro rechazo. Lo hacemos así, anunciando nuestra participación en la huelga general del 29 de marzo, a la que convocamos a todos las compañeras y compañeros del PDI y del PAS, a todos los estudiantes, para dar una señal contundente a las autoridades de que deben radicalmente modificar esas políticas que degradan la condición de ciudadanos y aniquilan la calidad en la prestación de servicios públicos fundamentales. Con esa intención hacemos pública esta carta a la comunidad universitaria.

26 de marzo de 2012.
ADHESIONES:
1. Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo, Ciudad Real.
2. Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo, Albacete
3. Berta Valdés de la Vega, Catedrática de Derecho del Trabajo, Albacete
4. Aurelio Lascorz, Vicedecano de la Facultad de Trabajo Social, Titular de Escuela de Trabajo Social, Cuenca
5. Joaquín Pérez Rey, Titular de Derecho del Trabajo, Toledo.
6. José Antonio Prieto, Titular de Derecho del Trabajo, Ciudad Real
7. José Luís Prado Laguna, Titular de Derecho del Trabajo, Albacete
8. Natividad Mendoza Navas, Titular de Derecho del Trabajo, Talavera de la Reina.
9. Amparo Merino Segovia, Titular de Derecho del Trabajo, Cuenca
10. José Javier Miranzo, Titular de Derecho del Trabajo, Cuenca
11. María José Romero, Titular de Derecho del Trabajo, Albacete
12. Juana María Serrano García, Titular de Derecho del Trabajo, Talavera de la Reina.
13. María Luz Rodríguez Fernandez, Titular de Derecho del Trabajo, Ciudad Real.
14. Tomás Fernandez Garcia, Titular de Trabajo Social, Talavera de la Reina.
15. Eduardo Díaz Herráiz, Titular de Escuela de Trabajo Social, Talavera de la Reina.
16. Jesús Molinero Ferrer, Titular de Derecho del Trabajo, Cuenca
17. Vicenta Rodríguez Martí, Titular de Escuela de trabajo Social, Talavera de la Reina
18. Francisco José Trillo Párraga, Contratado Doctor de Derecho del Trabajo, Ciudad Real
19. Laura Mora Cabello de Alba, Contratada Doctora de Derecho del Trabajo, Toledo
20. Elena Desdentado Daroca, Contratada Doctora de Derecho del Trabajo, Ciudad Real
21. Emilio José Gómez Ciriano, Contratado Doctor de trabajo Social, Cuenca
22. Nunzia Castelli, Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo, Ciudad Real
23. Ana Carbonel de la Fuente, Ayudante de Derecho del Trabajo, Ciudad Real.
24. Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra, Ayudante de Derecho del Trabajo, Ciudad Real. 
25. Rolando Cendón Torres, Profesor Sustituto Interino de Derecho del Trabajo, Albacete
26. Milena Bogoni, Becaria de investigación, Albacete
27. Patricia Espejo Magias, Becaria Ministerio de Educación, Cuenca
28. Fidencio Martín García, Asociado de Derecho del Trabajo, Ciudad Real
29. Marcial Sequeira de Fuentes, Asociado de Derecho del Trabajo, Ciudad Real.
30. Francisco Gualda Alcalá, Asociado de Derecho del Trabajo, Albacete
31. Julián Pérez Charco, Asociado de Derecho del Trabajo, Albacete
32. Luis Collado Garcia, Asociado de Derecho del Trabajo, Albacete
33. Encarnación Tarancón Pérez, Asociada de Derecho del Trabajo, Albacete
34. Julián Monedero Palacios, Asociado de Derecho del Trabajo, Albacete
35. Mª Encarnación Gil Pérez, Asociada de Derecho del Trabajo, Albacete
36. Jesús Rentero Jover, Asociado de Derecho del Trabajo, Albacete.
37. Fernando Casas Mínguez, Profesor de Ciencia Política y de la Administración del  Departamento de Derecho Público y Ciencia Jurídica
38. María José Aguilar Idáñez, Catedrática E.U. de Trabajo Social y Servicios Sociales, Albacete.
39. Patricia Fernández de Castro, Asociada de Trabajo Social, Talavera de la Reina.