LA CUT CHILENA SE PRONUNCIA SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Tras el rescate de los mineros sepultados en la mina San josé, se ha planteado en público la inseguridad laboral en la que se mueven los mineros, y la necesidad imperiosa de reformas legislativas en Chile que busquen eliminar los riesgos laborales y las enfermedadades profesionales. La CUT ha preparado un informe en el seno de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, dirigido por Magda Echeverria, ella también ex-becaria del curso de especialización en relaciones laborales organziado por la Universidad de Bolonia, UCLM y la OIT. El informe se ha presentado en público en Santiago de Chile el pasado viernes 15 de octubre, y supone unelenco de reproches a las insuficiencias y omisiones del sistema legal chileno. En la foto, varios amigos y conocidos de la directora del informe comentan favorablemente este texto.

A continuación se presenta el comunicado difundido por la CUT y la Comisión de Seguridad y Salud, en conferencia de prensa encabezada por el presidente de la multisindical, Arturo Martínez, y la portavoz de la comisión, Magdalena Echeverría, en el contexto del drama de los mineros de San José.

PRIMERA APRECIACIÓN ACERCA DEL TRABAJO SEGURO Y LA SALUD OCUPACIONAL

1.En nuestro país mueren en promedio 370 trabajadores al año; la muerte de más de un trabajador por día en accidentes laborales es la muestra más violenta del problema de la inseguridad en el trabajo. por ello, una vez más la CUT señala que: no basta con crear. empleos, éstos deben ser empleos decentes, dignos, justos y garantizar la vida y la salud de quien lo realiza. Es inaceptable el que una persona deba enfrentar el dilema entre un trabajo precario en condiciones de inseguridad o padecer la cesantía.

2. La cobertura del seguro no supera el 70% lo que indica que más del 30% de la población laboral está desprotegida frente a accidentes y enfermedades ocupacionales, lo cual suma a más de 2 millones de trabajadores. Es urgente dar cobertura a los trabajadores independientes de baja calificación y de subsistencia con apoyo decidido del estado, pues es irreal pensar que estos sectores estén en condiciones de cotizar por su propia cuenta. Al mismo tiempo, es
indispensable una política de formalización del empleo que otorgue prestaciones de Seguridad Social.

3. Sólo el 14% de los ingresos de los recursos de las Mutuales se destinan a las Actividades de Prevención, siendo que las Mutuales tienen suficientes recursos para invertir en Asesoría y Asistencia Técnica a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas que son las que más siniestralidad presentan. Sin embargo, el Sistema de Mutuales prefiere invertir en infraestructura hospitalaria que se desvía a atenciones privadas, desnaturalizando su función propia. Necesitamos buenos hospitales donde los trabajadores se atiendan cuando lo requieran, en forma oportuna y digna en el trato, pero por sobre todo queremos que la necesidad de utilizarlos sea excepcional, el último recurso.

4. A la vez, son muchas las enfermedades que tienen su origen en el trabajo, pero éstas no son identificadas ni por el Seguro de Salud y, muchas veces, ni por el propio portador. A diferencia de los accidentes el diagnosticar estas enfermedades es un trabajo de búsqueda de la actividad médica, lo que no se realiza en nuestro país.

5. Las enfermedades profesionales cambian producto de las nuevas formas de organización del trabajo. A las enfermedades profesionales tradicionales como la silicosis y la asbestosis se le suman trastornos musculoesqueléticos y en la salud mental, cuyas causas laborales son más complejas de identificar. Este es un desafío para la salud ocupacional chilena que el sistema debe enfrentar.

6. Existe un subregistro de enfermedades ocupacionales. No es creíble que en más de 3 millones y medio de trabajadores ocupados en el año 2009 sólo se registraran 4.171enfermedades ocupacionales. Los estándares de naciones más desarrolladas registran una siniestralidad más alta lo que hace pensar en una siniestralidad oculta de proporciones. En muchos casos el trabajador afectado por un accidente o enfermedad es derivado alSistema de Salud Público, perdiendo éste sus prestaciones por el Sistema de Mutuales establecidos en la Ley 16744; de esta forma también las Mutuales traspasan sus costos al Sistema Público de Salud, el cual financiamos todos los chilenos, los empleadores al no usar el sistema de Mutuales se ahorran también la sobre tasa de siniestralidad laboral.

7. Los avances que ha logrado la Comisión que hemos creado para recoger con un tratamiento técnico las inquietudes de los trabajadores, nos conducen desde ya, y sin perjuicio del Informe Final que emitirá dicho colectivo de trabajo en los próximos días, a plantear las siguientes medidas inmediatas:
• El Gobierno y el Parlamento deben dar una señal concreta en materia de Seguridad en el Trabajo y ratificar los convenios de la O.I.T., C155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la recomendación 164 y el Convenio 187 sobre el marco promocional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que nos obligan como país a definir una política nacional de seguridad y salud de los trabajadores.
* Establecer en el Presupuesto Nacional un ítem para fomentar la prevención, asegurar los estándares internacionales de seguridad y fiscalización y, promover una cultura en materia de
Higiene y Seguridad de la Salud Laboral. Este año además, el presupuesto debe contemplar recursos para fortalecer parte de las carencias manifiestas. Ese tema debe abordarse ya para revertir en los meses próximos una situación que no admite demoras.
• Recayendo en la empresa la primera responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores, son los propios trabajadores quienes más conocen de sus riesgos, por lo que la Legislación debería contemplar el derecho a que éstos puedan paralizar sus funciones
sin perder sus derechos remuneracionales ni poner en riesgo sus estabilidad laboral cuando estimen que la empresa donde laboran está exponiendo su integridad y su salud.
• El Estado tiene que asumir un papel activo y debe contar con un Programa Nacionales y Regionales de Prevención de Riesgos de Accidentes y Enfermedades, con metas claras, conocidas por el país, que se evalúen periódicamente y con un Sistema de Información Integrado que de cuenta de la situación de todas y todos los trabajadores y, a la vez, debe promover un espacio tripartito de participación y de trabajo compuesto por los empleadores, los Trabajadores Organizados, el Gobierno y los Administradores del Sistema.
• Es indispensable fortalecer, coordinar, ampliar y profesionalizar a los entes fiscalizadores y establecer una sólida coordinación institucional en el terreno de la fiscalización.

SANTIAGO, OCTUBRE 15 DE 2010