lunes, 11 de junio de 2012

INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES EN LA OIT


En la 101ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, el representante de la delegación española de los trabajadores, que este año ha correspondido a Javier Doz, secretario confederal de internacional de CCOO, mantuvo el 8 de junio la intervención que a continuación transcribimos en su integridad

INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES

EN LA 101ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL

TRABAJO

Ginebra, 8 de junio de 2012



Señor Presidente, señoras y señores delegados:



En primer lugar, expreso mi profundo agradecimiento a Juan Somavía por el gran Trabajo realizado al frente de la OIT, y felicito a Guy Ryder por su elección como nuevo director general. Le deseamos lo mejor, en bien de los derechos laborales y sindicales, de la generalización del trabajo decente y del fortalecimiento del papel de la OIT. Mi aprobación al Informe del Consejo y a la Memoria del Director General.


Un hecho insólito ha enturbiado esta Conferencia: el veto de la delegación de los empleadores al tratamiento de las denuncias por vulneración del derecho de huelga. Llamamos la atención a todas las partes integrantes de la OIT sobre lo insostenible de esta actitud. Atenta contra los principios básicos de su funcionamiento y bloquea su instrumento de trabajo más importante. Los empleadores tienen que reconsiderar su posición forzosamente.

Tras más de cuatro años de crisis económica y dos de políticas de austeridad y de reformas / recortes de los derechos laborales y sociales, la situación económica y social de España es de una extrema gravedad. Caminamos hacia los seis millones de parados, el 25% de la población activa, y el paro juvenil ya ha superado el 50%.

El actual gobierno del Partido Popular ha radicalizado la aplicación de las citadas políticas, impuestas, con distintos grados, a todos los países de la Unión Europea por sus instituciones políticas bajo el dictado del gobierno alemán. El resultado en nuestro país, en muchos otros y en el conjunto de la UE .es un fracaso absoluto. No sólo no se han conseguido sus objetivos explícitos sobre deudas soberanas y déficits, sino que hoy todo está mucho peor que en mayo de 2010. La prima de riesgo de la deuda española es 3,5 veces superior a la existente antes de aplicar estas políticas que supuestamente iban a “hacernos recobrar la confianza de los mercados”. El desempleo se ha vuelto a desbocar, se ha pasado de la frágil recuperación a una nueva recesión y tampoco podrán alcanzarse los objetivos de reducción del déficit, a pesar de los brutales ajustes presupuestarios que han sumado 50.000 millones de euros.



No podía ser de otra manera cuando se deprimen conscientemente todos los factores que configuran la demanda interna, en España y en toda la UE simultáneamente, y no se establece ninguna medida de estímulo del crecimiento y del empleo. Sólo el dogmatismo ideológico de quienes hoy gobiernan España y Europa puede explicar tal perseverancia en el error. El conservadurismo neoliberal y antikeynesiano olvida por completo todas las lecciones de la historia económica.

 
El segundo gran error es pensar que se puede compensar los efectos depresivos de la fuerte y simultánea disminución del consumo y la inversión, públicos y privados, mediante el recorte de los salarios y los derechos sociales y laborales, para así “ganar competitividad y la confianza de los mercados”. Como era de prever está sucediendo todo lo contario: más desempleo, más recesión y más desconfianza. Estudios muy recientes del FMI demuestran que no existe correlación alguna entre creación de empleo y reformas laborales.


Las consecuencias de todo esto, en España y buena parte de Europa, son desoladoras. Además de las mencionadas: fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad social y profundo deterioro de los servicios públicos y de los sistemas de protección social. Las medidas adoptadas hasta el momento han supuesto el despido de 105.000 empleados públicos. Sólo los nuevos recortes en educación pueden implicar, si las movilizaciones sociales no lo impiden, el despido de más de 80.000 profesores y un notable deterioro de la calidad de la enseñanza pública. Si a ello unimos la drástica reducción de los gastos en I+D+i, cabe decir que nuestros gobernantes no sólo están sacrificando nuestro presente sino nuestro futuro como nación.



La percepción mayoritaria en nuestras sociedades, por encima de las preferencias políticas, de que los gobiernos están aplicando unas políticas tan equivocadas como injustas está produciendo un peligroso efecto de deslegitimación de las instituciones democráticas. Las europeas, carentes de liderazgo político alguno, han llevado a la UE a la peor crisis de su historia, poniendo en juego la propia existencia del proyecto político más importante del Siglo XX. ¡Cómo es posible que la Comisión, el Consejo y el Banco Central europeos, instituciones no elegidas por los ciudadanos, se permitan imponer o proponer la vulneración de constituciones y leyes nacionales, convenios de la OIT, convenios colectivos y acuerdos del dialogo social! Esto ha ocurrido en Grecia, Portugal y otros países. En España, la Comisión Europea acaba de proponer, en sus observaciones al Plan anual de reformas, la vulneración del muy importante Acuerdo tripartito de reforma del sistema de pensiones, de enero de 2011.


Cuando se actúa así, cuando se quiere basar la competitividad en bajos salarios y escasos derechos, hay que sacrificar el diálogo social y la negociación colectiva. Es lo que ha sucedido en España, que hasta hace muy poco tiempo era puesta, con razón, por la OIT como uno de los países con diálogo social más fructífero. CC OO y UGT han dado sobradísimas muestras de su voluntad y capacidad para negociar y acordar con los empresarios y con gobiernos de distinto signo político. Sin embargo, el presidente del gobierno, D. Mariano Rajoy, se niega a recibir a sus secretarios generales, en medio de una situación de emergencia económica y social sin precedentes. Eso no ha sucedido nunca en la democracia española. Y peor aún: la reforma laboral de mayor envergadura de nuestra historia democrática ha sido aprobada por decreto-ley, a principios de febrero, sin diálogo alguno con los interlocutores sociales. Y lo ha hecho sólo trece días después de que UGT y CC OO suscribieran con CEOE y CEPYME un acuerdo sobre salarios, empleo y negociación colectiva para los próximos cuatro años con sacrificios en salarios, flexibilidad negociada y primacía del empleo. El Acuerdo fue olvidado y vulnerado por el Gobierno en su reforma laboral cuyos principales objetivos son facilitar y abaratar el despido, debilitar la negociación colectiva y conceder al empresario la facultad de bajar los salarios y modificar las condiciones de trabajo unilateralmente.

 
Por primera vez en la historia de la España democrática CC OO y UGT hemos presentado ante la OIT sendas quejas contra el Gobierno de España, por violación de los derechos relacionados con el despido de trabajadores, al vulnerarse el Convenio 158, y por violación de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, al vulnerarse los convenios 87, 98 y 154. El sólo hecho de probarse la vulneración de estos convenios -que los son flagrantemente en al menos ocho supuestos-, sería motivo de inconstitucionalidad de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

 
El sindicalismo español está luchando contra este estado de cosas con todos los medios a su alcance, siendo apoyado por la mayoría de los trabajadores y amplios sectores de la ciudadanía en manifestaciones masivas y en la huelga general del pasado 29 de marzo. Lo vamos a seguir haciendo, en España y en Europa, acompañando la protesta con propuestas sobre deuda, equilibrio fiscal, crecimiento, empleo, gobierno económico de Europa y política fiscal, reforzamiento y sostenibilidad del Estado de bienestar, etc., que son mucho más justas y eficaces que las fracasadas políticas que padecemos.

 
Y seguiremos luchando por la restauración del diálogo social y la negociación colectiva que son esenciales para salir de la crisis. Y pese a la merecida pérdida de credibilidad de la UE, por sus políticas tan profundamente antisociales, decimos que la solución es “más Europa”, pero no más de esta mala Europa, sino de una nueva Europa que sea capaz de utilizar sus grandes potencialidades y la solidaridad entre sus Estados para salir de la crisis con políticas que preserven su modelo social. El compromiso del sindicalismo europeo con Europa pasa necesariamente por la refundación de la UE en base a un Nuevo Contrato Social Europeo y la profunda democratización de todas sus instituciones.

Javier Doz

Delegado de los Trabajadores de España


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