Es difícil concebir que un gobierno que se denomine democrático sea capaz de cerrar una empresa pública de más de 50.000 trabajadores con la finalidad no disimulada de lograr, a través de esta decisión, elminar un sindicato combativo y autónomo, no sometido a la disciplina corporativista de la gran mayoría del sindicalismo oficial. Esto ha sucedido sin embargo en México, y ha sido criticado justamente por el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical del que se ha dado cuenta en estas páginas. Ahora se coloca en esta página una interesante reflexión de Hugo Barretto Ghione, profesor de derecho del trabajo de la Universidad de la República de Uruguay y abogado laboralista, que establece una relación entre este tipo de decisiones autoritarias y las que en su país se pusieron de manifiesto en la campaña electoral por los candidatos de la derecha. (En la fotografía, Barretto y Aparicio comparten un frugal desayuno en Colonia de sacramento, hablando de la Revista de Derecho Social- Latinoamérica).
La motosierra mexicana
Por Hugo Barretto Ghione Abogado laboralista
Uno de los momentos cumbre de la reciente campaña electoral en Uruguay fue sin dudas la apelación que el candidato del Partido Nacional hizo a la motosierra para significar el corte abrupto que haría a todo el entretejido de gastos sociales que el actual gobierno articuló en los últimos años. La motosierra, de exabrupto frívolo pasó a ser una pesadillesca rémora que el candidato nunca pudo explicar del todo y en un último esfuerzo por exorcizarla hizo que en un acto público la fórmula LacalleLarrañaga blandiera patéticamente motosierras de plástico.
La metáfora, nunca más atinada y pertinente y sincera, parece haber encontrado sorprendente eco en un reciente decreto del presidente mexicano, Felipe Calderón, de fecha 11 de octubre de 2009, mediante el cual extingue la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), que gira en la distribución de energía eléctrica, y despide consiguientemente a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Fuera de toda (obvia) consideración acerca de su inconstitucionalidad, llama la atención la desmesura de la medida, demostrativa de cierta impunidad desembozada con que el gobierno neoliberal de ese país prepara el camino para la previsible privatización de la empresa estatal.
Pero primero fue el verbo. Quiero decir que antes que los militares cercaran la empresa para que los trabajadores no la defendieran (la noche anterior al dictado del decreto el ejército ocupó las instalaciones de la empresa), mucho antes de ello, un pertinaz discurso fue imponiéndose hasta hacerse hegemónico: "La empresa estatal Luz y Fuerza es una entidad improductiva e ineficiente". El decreto mismo refiere en su fundamentación a que la empresa era incosteable, inoperante e improductiva. Omite, claro, que la conducción de la empresa es política y que la falta de inversión y modernización de las instalaciones es también una responsabilidad del gobierno, así como la alegada y previsible apelación a la mala administración.
Fuera de lo bárbaro del procedimiento, no apto para nuestros neoliberales vernáculos de los noventa, lo común y cierto es que la motosierra, lejos de comportar un lapsus o un error mediático del candidato de la derecha, es antes que nada una envidiable síntesis del modo de operar cuando se trata de disminuir la actividad del Estado o ajustar el gasto social. La sensibilidad social no es patrimonio del neoliberalismo. Es más fácil encontrar rosas en el mar, dijera Luis E. Aute.
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