Ante los graves hechos ocurridos en la Amazonía peruana, las organizaciones indígenas de Perú han convocado a una jornada de protesta internacional en respaldo a su movilización, para el próximo jueves 11 de junio.
Desde hace más de dos meses los pueblos amazónicos de Perú están protestando y movilizándose de manera pacífica para exigir la derogación de 9 decretos legislativos de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esos decretos, destinados a favorecer la mercantilización de la tierra y de sus recursos a favor de las corporaciones transnacionales, afectan gravemente los territorios de los pueblos de la Amazonía, pero ellos no han sido consultados, tal como ordena el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo, los Obispos de la Selva, la Comisión de Constitución del Congreso y numerosas voces de la sociedad civil se pronunciaron respaldando los reclamos de los indígenas y declarando la inconstitucionalidad de dichos decretos, el gobierno de Alan García se mostró negligente e indiferente, dando por única respuesta dilatar la discusión y desinformar a la opinión pública. El pasado viernes 5, además, respondió con represión a sangre y fuego, dejando un saldo de más de medio centenar de víctimas (entre muertos, heridos, quemados, desaparecidos y detenidos, entre indígenas y policías).
Los organismos de derechos humanos peruanos e internacionales han condenado esta violencia, haciendo responsable al gobierno de Alan García de las vidas perdidas, y exigiendo una investigación inmediata e imparcial para determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y reparar integralmente a las víctimas, sus familias y comunidades; así como exigiendo garantizar la seguridad e integridad de los dirigentes indígenas perseguidos y criminalizados.
Desde hace más de dos meses los pueblos amazónicos de Perú están protestando y movilizándose de manera pacífica para exigir la derogación de 9 decretos legislativos de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esos decretos, destinados a favorecer la mercantilización de la tierra y de sus recursos a favor de las corporaciones transnacionales, afectan gravemente los territorios de los pueblos de la Amazonía, pero ellos no han sido consultados, tal como ordena el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo, los Obispos de la Selva, la Comisión de Constitución del Congreso y numerosas voces de la sociedad civil se pronunciaron respaldando los reclamos de los indígenas y declarando la inconstitucionalidad de dichos decretos, el gobierno de Alan García se mostró negligente e indiferente, dando por única respuesta dilatar la discusión y desinformar a la opinión pública. El pasado viernes 5, además, respondió con represión a sangre y fuego, dejando un saldo de más de medio centenar de víctimas (entre muertos, heridos, quemados, desaparecidos y detenidos, entre indígenas y policías).
Los organismos de derechos humanos peruanos e internacionales han condenado esta violencia, haciendo responsable al gobierno de Alan García de las vidas perdidas, y exigiendo una investigación inmediata e imparcial para determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y reparar integralmente a las víctimas, sus familias y comunidades; así como exigiendo garantizar la seguridad e integridad de los dirigentes indígenas perseguidos y criminalizados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario