Como condición previa a la firma del Tratado de Libre Comercio bilateral entre Colombia y USA, el Partido Demócrata impuso, a instancias de los sindicatos norteamericanos AFL-CIO y de la Confederación Sindical Internacional, un Plan de Acción Laboral que pretendía conseguir que se garantizara paulatinamente el derecho de libertad sindical, poniendo fin a la situación de extrema violencia antisindical que reina en Colombia. La Organización no Gubernamental WOLA - Washington Office on Latin America - ha hecho público un informe muy crítico sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan que a continuación se resume.
El 8 de septiembre, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió adelantos en el Tratado de Libre Comercio con Colombia. A finales de Agosto, con una delegación que incluyó al congresista James McGovern visitamos a Colombia, donde nos reunimos con miembros de sindicatos, activistas laborales y trabajadores de los sectores portuarios, palma aceitera, petróleo y automotriz. Les preguntamos a éstos si la situación de los derechos laborales en Colombia había mejorado desde el 15 de Abril con la implementación del Plan de Acción Laboral (PAL) entre Colombia y Estados Unidos para pasar el TLC. Fuimos informados que mientras el PAL es un paso adelante, sólo ha conllevado a cambios formales, en vez de cambios reales en las condiciones laborales y la protección de sindicalistas.
22 sindicalistas han sido asesinados en lo que va de 2011, 10 de ellos cometidos después del anuncio del PAL el 15 de abril. Las amenazas de muerte y la difamación de los activistas laborales también continúa. El nivel de impunidad en casos de sindicalistas asesinados permanece extremadamente alto: alrededor de 94%. El Programa de Protección incluido en el PAL es muy lento para responder a las necesidades de quien sufren amenazas. Mientras que un decreto para contratar a 100 inspectores laborales fue expedido, ninguna información de su progreso está disponible al público.
Un componente importante del PAL es que demanda que Colombia desmantele el modelo explotador de las cooperativas de trabajo asociado (CTA), sistema de contratación que permite que las empresas subcontraten trabajadores por vía de terceras partes, para evitar sus obligaciones y el respeto de derechos laborales. Cientos de miles de trabajadores son parte de las CTA en la industria del azúcar, palma aceitera, salud, minería y los puertos. Las CTA impiden el derecho de sindicalización y negociaciones colectivas. La intención del PAL con las CTA es que el Gobierno las desmantele para que el trabajador contrate directamente con el empleador. En pocos casos, como en los hipermercados Carrefour y Éxito, la prohibición de Colombia de las CTA ha llevado a contratos directos con los trabajadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos las CTA sólo han cambiando de nombre, pero el modelo sigue en la práctica.
Los trabajadores nos informaron que un nuevo modelo de contratación llamado Compañía Simplificada de Acciones (SAS), igual al de las CTA, han reemplazado de facto los contractos de trabajo, y a raíz de esto no se ve ningún cambio en las condiciones que afrontan los trabajadores.
Los trabajadores portuarios en Cartagena afirmaron que prohibir las CTA es un buen primer paso. Sin embargo, toda forma de subcontratación temporal e intermediaria debe ser prohibida. Compañías de servicios temporales son otras formas de subcontratación que se encuentra en este sector. El 80% de los 30.000 trabajadores portuarios son afro colombianos, quienes, al igual que los corteros de palma aceitera y caña de azúcar, sufren un alto grado de abuso de sus derechos laborales y discriminación racial en el trabajo. Hay varias estadísticas importantes para considerar: 70% de los trabadores portuarios no tienen contrato directo con las compañías para las que trabajan; 50% no tiene acceso a seguridad social; 25% no reciben beneficios de pensión porque las compañías se rehúsan a sumar trabajos de corto plazo al número total de años trabajados que se requiere para obtener este beneficio.
Los trabajadores portuarios que tratan de organizarse en sindicatos son frecuentemente despedidos y colocados en listas negras. Como resultado, los sindicalistas son forzados a hacer su trabajo clandestinamente y muchos reciben amenazas de muerte. Este fue el caso de John Jairo Castro Balanta, Director del Sindicato Portuario de Buenaventura, quien visitó los Estados Unidos en un viaje patrocinado por AFL-CIO a principios de junio, donde informó el Congreso de EE.UU sobre la situación de los derechos laborales en Colombia y el Tratado de Libre Comercio. En Junio 24, John Jairo y su co-directora, Elizabeth, recibieron los siguientes mensajes: “Si ustedes, la gente del sindicato portuario, continúan creando problemas, van a encontrar lo que no se les ha perdido”. Y “Si ustedes, la gente del sindicato portuario, continúan creando problemas y denunciando cosas, van a morir en una morgue de sindicalistas”.
Durante nuestro viaje también nos enteramos de dos conflictos laborales de gran preocupación en el sector automotriz y petrolero. El 14 de julio alrededor de 12.000 trabajadores subcontratados en la industria petrolera, que trabajan para la multinacional canadiense Pacific Rubiales en Puerto Gaitán y Campo Rubiales (departamento del Meta), empezaron una protesta masiva para llamar la atención sobre las condiciones que los trabajadores tienen que aguantar. Por ejemplo, éstos están forzados a vivir en carpas junto con otras cien personas por el periodo del contrato, el cual sólo es por 21 días, y continuamente renovado. Estas carpas (de campamento) concentran altos niveles de temperatura sin la adecuada ventilación. Las condiciones higiénicas son inapropiadas y el uso de sanitarios requiere esperar en largas filas y con frecuencia hay cortes de agua.
Así como los trabajadores portuarios, estos trabajadores son subcontratados y puestos a trabajar horas y turnos extras, y reciben por ello un salario de muy bajo escala. Los accidentes laborales son comunes, y el uso de terceros contratantes para proveer servicios de primeros auxilios disminuye la responsabilidad de la empresa en hacerse cargo de los trabajadores enfermos. Los trabajadores que tienen accidentes o se enferman no son contratados nuevamente, o simplemente son despedidos por los subcontratistas. Los esfuerzos de los sindicalistas, incluyendo miembros de la USO, quienes tratan de organizar y visitar estos trabajadores, son con frecuencia saboteados. Por ejemplo, miembros de la USO nos informaron que vehículos fueron colocados para bloquear el único camino de acceso al lugar donde los trabajadores se congregan, y que se cavaron huecos en el camino para impedir que los representantes se reunieran con los trabajadores. La USO nos informó que esta empresa funciona básicamente como una “república independiente”.
Las protestas masivas de trabajadores petroleros terminaron cuando el gobierno acordó reunirse con ellos para discutir su situación, el 3 de Agosto. Esta reunión terminó con la conformación de varias mesas de trabajo para discutir las preocupaciones de los trabajadores. El 20 de septiembre la USO reportó que estas mesas no conllevaron a ningún cambio, los trabajadores habían reiniciado protestas desde el 18 de septiembre. La policía anti-motines, ESMAD, ha utilizado fuerza desmesurada para disipar el último round de protestas, lanzando desde helicópteros grandas aturdidoras modificadas con metralla y balas de caucho, sobre mujeres, hombres y niños. Las tiendas donde estaban viviendo también fueron quemadas. De acuerdo con la USO, desde el inicio de las protestas, en julio, 50 trabajadores han resultado heridos y más de 500 sindicalistas despedidos.
También visitamos los trabajadores despedidos por la General Motors (GM), quienes iniciaron una huelga de hambre en frente de la embajada de Estados Unidos. Eran un grupo de 25 trabajadores de GM que fueron despedidos después que la empresa se enterara que estaban enfermos o tenían alguna inhabilidad. Estos trabajadores argumentan que la compañía actúo fraudulentamente al manejar su historia clínica como excusa para despedirlos. Una esposa y madre de 5 hijos, casada con uno de los trabajadores, describió cómo el desespero que sintió su esposo lo llevó a intentar suicidarse. El sobrevivió el intento de suicidio, pero llevaba varios días desaparecido.
El 13 de septiembre el presidente de Asotrecol (nombre del grupo de ex trabajadores) y otros dos trabajadores fueron abordados por un policía en una motocicleta, quien los advirtió de tener cuidado. También los estaba siguiendo un taxi con una persona que les tomaba fotografías. Cuando las personas del taxi fueron detenidas por la policía, respondieron que fueron contratadas para hacer un estudio de “seguridad”. Ésta es sólo una de las varias actividades sospechosas cometidas en contra de los miembros de Asotrecol.
El Plan de Acción Laboral, mientras tiene fallas y se muestra insuficiente, presume cambiar una problemática sistemática de las prácticas laborales que han sido usuales en Colombia en los últimos 20 años. La administración de Obama y el Congreso de Estados Unidos no pueden asumir que los cambios radicales van a suceder de la noche a la mañana. Ni tampoco pueden cometer el error de asumir que las nuevas leyes, decretos y planes se traducen en protección o salvaguarda inmediata de los trabajadores. En cambio, deben monitorear de cerca la implementación del PAL y determinar si de hecho mejora la realidad que enfrentan los trabajadores. Como también deben insistir en que, más allá del PAL, los asuntos más complejos que generan violencia, injusticia e impunidad en Colombia, sean tenidos seriamente en cuenta. Adelantar el Tratado de Libre Comercio con Colombia antes que lo anterior tenga lugar, sería una injusticia contra los trabajadores colombianos.
(22 de septiembre 2011)
