En Italia, Berlusconi suele reservar el término "togas rojas" para referirse a los magistrados que según él le someten a un seguimiento partidista y sectario sobre la comisión de sus innumerables delitos, el último de soborno y cohecho. El premier italiano insiste en que se trata de una conjura comunista y profiere descalificaciones tremendas sobre el poder judicial y sobre la capacidad del mismo de entablar investigaciones criminales sobre sus actos políticos y de gestión. Se ha hecho proteger con una decisión normativa por la que en tanto presidente del consejo de ministros, tiene inmunidad respecto de cualquier acto delictivo realizado antes de su elección. En el último congreso de la asocación patronal italiana, Berlusconi recordó a los allí reunidos que él, como presidente del gobierno, estaba a salvo de las investigaciones cirminales y del proceso penal, pero que esta inmunidad no se extendía a ellos como empresarios. Y les advertía: Atención! Sabeis que frente a esta judicatura, vuestros actos de evasión de impuestos, de gestión opaca de la empresa, y las consecuencias de la carencia de medidas de seguridad o de salud laboral, os pueden llevar a la cárcel ante el activismo de las togas rojas.
Esta agresividad frente al juez como garante de la legalidad, con independencia de la posición social de quien la infrinja, contrasta severamente con la posición de los líderes del Partido Popular y en particular con los casos del presidente de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid, destapados por la actividad instructora de Garzón. Aquí por el contrario, la relación con el poder judicial de los investigados e imputados en un procedimiento penal, es extraordilnariamente respetuosa del actuar judicial, confiados en que por el momento jamás un alto cargo del PP ha sido condenado por los tribunales, y los supuestos en los que los indicios de criminalidad son muy potentes, como en el caso Fabra, un continuo turn over de magistrados impiden que el sumario avance.
En el caso de Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, su condición de imputado fué celebrada con alborozo multitudinario a las puertas del juzgado. Considerado como probable autor de delitos importantes, el fervor popular le acompañaba junto a lo más granado del equipo dirigente del PP. Y no sólo ellos. La fotografía publicada por El Pais - y reproducida aqui con cierta dificultad, porque ha sido difícil encontrarla - señalaba la actitud entregada y devota de los miembros de la Guardia Civil que le hacen un pasillo mientras estrechan la mano y saludan militarmente al imputado que sale de serlo por el Juez. Nunca un funcionario de seguridad saluda con viva admiración al presunto delincuente. Pero es que éste no es sólo presunto, sino todo un caballero. Un caballero delincuente en la traducción literal alemana para el que la ley penal no es aplicable con el mismo rasero a los "intocables" que al resto de los comunes mortales. Ójala nuestra magistratura se encamine por la senda del respeto de la legalidad y la represión de los actos de merchandising que están arruinando los espacios de legitimidad social de la acción política, transformándolos en un espacio irrespirable de cinismo y de prepotencia de clase. Aunque entonces se les reproche que sus decisiones obedecen al revanchismo político. Se tratará por contra de jueces que aplican la norma bajo el principio de igualdad.
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