sábado, 2 de julio de 2016

MASTER EN IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UCLM




El master en igualdad de género que organiza la UCLM bajo la dirección de la profesora de Derecho dl Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Marta Olmo, conoce ya su octava edición. El Master está enfocado a la formación de agentes de igualdad. Es un curso on line que se realiza en cooperación con el Centro Universitario Inmanuel Kant y la Universidad Cooperativa de Innovación Comunitaria, ambas entidades de México, y la Universidad de la República de Uurugay en Montevideo. La secretaria del curso es la también profesora ayudante de Derecho del Trabajo en la misma facultad, la Dra. Patricia Espejo Megías.

El cuadro de profesores es muy extenso e interdisciplinar, y se beneficia de esta cooperación internacional. Así, el maestro Enrique Larios, de la UNAM, aborda el tema de políticas públicas de género el profesor titular de Derecho del Trabajo de la UDELAR y Director del Instituto de Trabajo de esa Universidad,  Hugo Barretto, se hace cargo de la metodología de la investigación en materia de género y la profesora de la UDELAR uruguaya Lujan Charrutti tiene a su cargo la materia de identidad de género y salud reproductiva. Un nutrido grupo de profesores de la UCLM se desempeñan en las diversos módulos en los que el Master se descompone. 

Los distintos módulos que componen el Master (de 60 créditos) son los siguientes

MÓDULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DE LO FEMENINO EN EL MUNDO: DESMONTANDO ESTEREOTIPOS/CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS (11 ECTS)

MÓDULO II: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE GÉNERO (12 ECTS)

MÓDULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN (11 ECTS)

MÓDULO IV: IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA (4 ECTS)

MÓDULO V: MUJERES Y VIOLENCIAS (7 ECTS)

MÓDULO VI: TRABAJO FIN DE MÁSTER (15 ECTS)

 La modalidad online de este máster permite al alumnado de diferentes países obtener una formación completa y transversal, si bien gran parte del aprendizaje corresponde al alumno y el nivel de conocimientos alcanzado dependerá en gran medida de su interés e implicación en las enseñanzas del curso.
. Se evaluará el grado de esfuerzo y adquisición de conocimientos del alumnado a la finalización de cada uno de los cuatro módulos, mediante un examen tipo test sobre los contenidos de cada uno de ellos. No entregar en plazo el cuestionario resuelto correctamente -salvo causa justificada documentalmente- supone no superar el Máster y no obtener la titulación. En caso de no superar uno de los exámenes, se propondrá al alumnado una prueba alternativa de recuperación.
. Con el fin de permitir que el alumnado enfoque la formación recibida al ámbito o materia que le resulte de especial interés, deberá elaborar un trabajo fin de máster inédito -mínimo 40 páginas- sobre un tema que debe proponer a la dirección del curso. Para la elaboración del mismo el alumnado estará tutorizado por profesorado del máster. El plazo de entrega del trabajo es mayo de 2017.

METODOLOGÍA DOCENTE
  • El curso se imparte completamente on line a través del sistema e-learnig.
  • Cada viernes se facilitarán al alumnado dos unidades didacticas a través de la web del máster. A la finalización de cada uno de los cuatro módulos deberá resolverse un cuestionario de evaluación sobre los contenidos impartidos en el mismo. En cada módulo se dispone de un número de horas de tutorías personales on line.
  • Debe realizarse un trabajo fin de máster (entre 30 y 50 folios inéditos), que el alumnado enviará por email en MAYO 2017 y que tras su valoración documental, será calificado en JUNIO 2017 y expuesto por videoconferencia.
  • En cada una de las cuatro Universidades se ofertan un máximo de 20 plazas. Una vez preinscritos on line (pestaña "Inscripción") la admisión de candidatas/os será decidida por la Dirección del Máster. La Universidad comunicará a cada alumno/a la aceptación de su preinscripción para que proceda a formalizar la matrícula. La dirección se reserva el derecho a suspender el Máster en la Universidad en la que no se matriculen un mínimo de 5 alumnos y un total de 15.

La inscripción se realiza, hasta el 30 de septiembre de 2016, en esta dirección electrónica :
Master de Iguad UCLM 

PRECIO. El precio del Máster es de 1.200 euros, fraccionado en dos pagos de 600 euros.
  • BECAS. El alumnado desempleado disfrutará de becas parciales de 200 euros, exclusivamente para  para el Título de Máster. Se ofertarán becas adicionales en función de la disponibilidad de fondos para ello

lunes, 6 de junio de 2016

POR UN NUEVO MARCO DE RELACIONES LABORALES



El período electoral todavía no ha comenzado formalmente pero es evidente que ya todo se prepara para este momento, que además debería cerrar un período de indecisión política que ha obligado a repetir las elecciones de diciembre. En esta ocasión, sin embargo, Unidos Podemos, que expresa a nivel estatal la convergencia entre Podemos e IU y que se vertebra en determinadas nacionalidades mediante la confluencia entre distintas fuerzas políticas que construyen un bloque de progreso en Cataluña, en Galicia y en Valencia principalmente, representa una oportunidad única en la historia de la democracia española desde 1978 para obtener un consenso ciudadano muy amplio en torno a sus políticas de reforma.

Por eso es importante debatir y dar a conocer cuales son las líneas maestras del cambio en los distintos sectores que definen y determinan la acción de la representación política de Unidos Podemos y sus confluencias nacionales. Es un debate que interesa a todas y a todos, y que por tanto, como y intuimos, no va a encontrar espacios públicos para poder expresarse.

El martes 7 de junio - mañana al redactar esta nota - en el Espacio Ecooo, en Lavapiés, calle Escuadra 11, se celebrará a las 19 horas un debate sobre el nuevo modelo de relaciones laborales que se diseña. En este ámbito de discusión, intervendrán Nacho Álvarez - Secretario de Economía de Podemos - Yolanda Díaz - candidata al Congreso por En Marea - Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT en España - Fernando Lezcano - Secretario Confederal de Organziación y Comunicación de CC.OO. - Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis y Antonio Baylos, profesor de la UCLM.

Se trata en definitiva de reunir diferentes visiones sobre los aspectos más polémicos sobre el modelo de relaciones laborales desde el que partimos y los objetivos a los que puede encaminarse en un futuro gobierno que haga posible el cambio político y revierta la situación extremadamente negativa en la que nos han situado las reformas laborales del Partido Popular.

Una convocatoria abierta a la que se invita a todos los que tengan interés o curiosidad por verificar el programa de reformas en materia de relaciones de trabajo alternativo al que ha sido impuesto progrsiva y forzosamente desde 2010 y 2012.





sábado, 30 de abril de 2016

EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO Y EL NEOLIBERALISMO


Ante la celebración del 1 de mayo, nuestros amigos y compañeros mexicanos, abogados de la ANAD, Oscar Alzaga y José Luis Contreras, han publicado un enorme alegato democrático en favor del movimiento obrero mexicano, su historia y sus luchas, en el que reivindican que en la actualidad debe sobrevivir a la presión política, económica, social y mediática que genera el neoliberalismo en una región geoestratégicamente decisiva como es México. El artículo, publicado en el periódico La Jornada del 30 de abril, es el siguiente:

¿Podrá resurgir el movimiento obrero  mexicano en el neoliberalismo?

José Luis Contreras y Óscar Alzaga*

Desde el ascenso del neoliberalismo impulsado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, así como la caída del socialismo, los sindicatos del mundo reducen membresía y peso en el trato obrero-patronal en la arena internacional. En México desde 1982, pero pactan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los topes salariales desde 1977.

La decaída de los sindicatos no fue igual para todos; varios factores intervinieron. En los años 80 a los europeos los acompañó la integración de la Unión, una política progresista. En cambio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los 90 fue un arreglo neoliberal excluyente. La década de 2000 en América Latina cambió en favor de gobiernos democráticos y sociales. En contraste, en ese tiempo Europa giró a la derecha.

De 1970 a 1982 México vería los últimos vestigios de economía mixta y nacionalismo. Los sustituye una política peor: el neoliberalismo lleno de promesas que fue desmantelando al Estado social, el paraestatal y la relativa soberanía exterior. (No se rompió con Cuba, se apoyó la lucha de El Salvador, se creó Grupo Contadora y respaldó el exilio internacional.) Hubo grandes luchas contra la política neoliberal: en las elecciones de 1988, 2006 y 2012; la reforma eléctrica la frena el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 1999, a la reforma petrolera la impide la lucha ideológica en 2008. Las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mineros, maestros, migrantes de la primavera de 2006 en Estados Unidos (EU), Ayotzinapa y otras. Pero fueron insuficientes.

Y el neoliberalismo siguió. Sin planificar ni evaluar aplicó el modelo, de modo frontal se fue contra la Revolución de 1910, la Constitución de 1917 y la obra cardenista de 1934-40, incluso la posterior: IMSS, Issste, Infonavit, utilidades, las estatales Luz y Fuerza del Centro, mineras, siderúrgicas, ingenios y otras. De igual modo la política exterior es más entregada el capital trasnacional y a EU. Ahora juegan otro papel los medios de comunicación, la mentira es parte de la política oficial; los sindicatos de una estrategia empresarial y de Estado. Borran la historia en las escuelas y en la conciencia del pueblo, las enseñanzas de sus luchas, triunfos y derrotas. Claves para la lucha ideológica y política.

Los sindicatos y la tasa de ganancia del capital

¿Qué papel tiene el sindicato en la política y la economía? Sabemos que sirven para defender los intereses y derechos de los trabajadores ante los patrones. Pero también afectan el mercado interno, el reparto de la riqueza y la desigualdad social, porque influyen en la tasa de ganancia empresarial, el costo de la mano de obra y el empleo; por tanto, afectan la economía y la política del país.

Por su naturaleza colectiva los sindicatos son fuerzas políticas y en una sociedad de clases los intereses que representan chocan con los del patrón. Por eso desde hace décadas se ejerce el control de la mayoría, pero ahora van más lejos: quieren sindicatos blancos.

Jurídicamente fueron concebidos para la defensa de sus socios. Pero la lucha de clases desigual deforma esa función. El Estado y los empresarios les impiden ejercer sus derechos: de libertad sindical, de independencia política y de autonomía organizativa en sus acciones, bases indispensables para la acción y unidad de los trabajadores.

A los neoliberales los caracteriza el lucro irracional, las concesiones mineras sin medida; la reforma energética revela abusos de todo tipo, a costa de bajísimos salarios, de accidentes de trabajo, de malos servicios de salud y educación. El trabajo no es productivo ni racional, es explotación virulenta sin defensa sindical. El capital confunde las ventajas comparativas con los abusos, pues los bajos salarios no tienen justificación. Su visión del trabajo es de una mercancía, lo contrario a la Constitución y los derechos humanos. El control de los sindicatos –para ellos– es una variable económica redituable.

El sindicalismo de lucha de 1936-46 fue de grandes logros al frenar los abusos patronales de Monterrey con la huelga vidriera; la huelga general del SME en el centro del país crea un contrato colectivo de trabajo bilateral; la huelga de 25 mil jornaleros de la comarca lagunera inició la reforma agraria, la única que afectó la propiedad privada; las huelgas petroleras de 1933-34 y 1937 en las compañías extranjeras impulsan la expropiación; la ola de huelgas de 1943-44 descongelaron el salario; la huelga general minera de 1944 fue antimperialista, etcétera. Pero la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de los años siguientes pasó a ser subordinada de gobiernos: con Miguel Alemán apoyó los charrazos en sindicatos independientes. No obstante, defendía los contratos colectivos de trabajo, las conquistas de la ley laboral y el IMSS. Pero ahora pasa de resistir al neoliberalismo con Fidel Velázquez a la entrega total, se desliza hacia el sindicalismo patronal.

Hoy la mayoría de los sindicatos abandona la lucha por la defensa de sus derechos, pocos impulsan la libertad sindical, la independencia política y la autonomía de sus organizaciones. Ceden el paso a los contratos colectivos de protección patronal, al trofeo oficial de cero huelgas, a los recuentos sindicales los promueven los patrones. Como nunca, se ocultan los contratos colectivos, los estatutos y los registros sindicales a los titulares de esos derechos –los obreros–, en toda la provincia.

Los contratistas ocultan la responsabilidad patronal en la maquila de la frontera, la automotriz y autopartes, en empresas de la oligarquía, la principal beneficiaria del atraso sindical. O, enemigo principal de los derechos históricos sindicales. Para ellos es estratégico oponerse a los derechos de la libertad, independencia y autonomía sindicales.

En tales condiciones: ¿podrá resurgir el movimiento obrero? Creemos que sí, porque nada hay más justo y legítimo en los seres humanos que recuperar sus propios derechos. ¿Podrá el pueblo recuperar su soberanía? Creemos que sí, todas son tareas comunes del pueblo.

*Abogados de la ANAD





miércoles, 23 de marzo de 2016

MANIFIESTO DE JURISTAS BRASILEÑOS (DE MINAS GERAIS) POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA




 
En el blog hermano Según Baylos, se ha presentado la situación crítica que está atravesando Brasil, y el diseño de un golpe blanco que revierta el resultado electoral de hace un año. Frente a ello, se han confeccionado una serie de manifiestos de juristas que denuncia los aspectos inconstitucionales y la debilitación de las garantías de los derechos fundamentales que se están producido en el marco de este proceso de grave desestabilización política. A continuación, se inserta el manifiesto de juristas mineros (de Minas Gerais) que ha coordinado el Magistrado Jose Eduardo de Resende Chaves Junior, para todos sus amigos y para los usuarios de este blog, Pepe Chaves, que ha conseguido además una larga fila de adhesiones internacionales que se añaden a continuación de la versión en castellano del manifiesto.
 
(La fotografía, en Barcelona el año en el que Lula venció las elecciones a la presidencia de Brasil, donde se puede reconocer, en primer término, a Pepe Chaves, y presidiendo la mesa, el titular d este blog con otros magistrados de ANAMATRA. A la derecha de un servidor se puede ver un (más) joven Gerardo Pisarello, hoy teniente de alcalde de Barcelona).

Este es el texto del manifiesto


JURISTAS DE BRASIL (ESTADO DE MINAS GERAIS) EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Para el poder ideológico que ataca a la democracia en forma disfrazada, lo importante no es vivir en una democracia, sino que la gente ingenuamente crea que vive en ella. Lo mismo ocurre con el Estado Constitucional. Ahora lo que vemos que sucede de manera agresiva es un teatro en el que la forma oculta el contenido. Juicios, procesamientos, coches de policía, parlamentarios, periódicos, televisión, togas, birretes, trajes y corbatas... un aparato tragicómico, todo para justificar el desmantelamiento de un proyecto de transformación social.

Parece que ya no hay espacio para el “golpe de Estado” al estilo de los años 1960 y 1970. Los tanques de guerra en las calles, las detenciones sin orden judicial, la tortura abierta, no parecen complacer a la mayoría de la opinión pública mundial. Los golpes son ahora más sofisticados. Los medios de comunicación parecen haber perdido la vergüenza respecto a la manipulación, distorsión y ocultación de los hechos. Hay más tecnología para ensimismar a las personas, y el teatro del absurdo es permanente. Asistimos al espectáculo de las cárceles, la exposición de las personas a la destrucción pública.

El discurso de lucha contra la corrupción es instrumentalizado para ocultar los verdaderos intereses que lo mueven, y la historia parece repetirse: Sucedió en 1954  con Getúlio Vargas y  en 1964 con Goulart.

En medio de todo esto, un grupo de personas están perdidas en el fuego cruzado de la guerra ideológica que fomenta el odio a la diferencia. Estudiar, entender lo que está sucediendo, es posible y necesario.

Los militares tienen la función constitucional de preservar la soberanía nacional democrática, nunca podrían intervenir para destruirla como algunos pocos desean. Estamos en medio de una guerra ideológica y económica. La solución es más democracia, mayor participación, información pluralista y respeto a la Constitución.

Lo que se espera de las autoridades estatales y sus poderes es la imparcialidad que les da sentido. El espíritu republicano, más allá de las creencias personales y las ideologías, impone a todos los ciudadanos responsables de la interpretación y aplicación de la ley, del poder judicial o del Ministerio Público, una rigurosa imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

En el desempeño de estas funciones vitales no puede haber preferencias o antipatías ni –mucho menos– odio político o de cualquier otro orden. Estos ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones, no pueden tener otra ideología que la que constitucionalmente está precisada: el respeto a la ley, a la Constitución, a las normas, a los principios y a los valores que fija la propia Constitución. Están vinculados por estos conceptos fundamentales, inmodificables por cualquier mayoría parlamentaria o por cualquier decisión que se corresponda con una opinión pública aunque haya obtenido un amplio consenso mediático. Se vinculan, así, a la misión esencial de la función judicial de preservar la norma constitucional de garantía de los derechos fundamentales de la persona humana.

El papel de la Constitución, en la democracia, es evitar que tentaciones mesiánicas puedan llegar a ser en algún momento coercitivamente eficaces. No hay necesidad de probar el veneno para descubrir que mata. No necesitamos volver al autoritarismo para saber que mata, tortura y destruye. La Constitución es intocable; sus preceptos fundamentales y básicos sobre el sistema de derechos y de garantías se confunden con la democracia.
Y esta es la lista de adhesiones internacionales
 
ADESÕES RECEBIDAS DA COMUNIDADE JURÍDICA INTERNACIONAL

Elvia Barrios, Ministra da Suprema Corte do Peru

Fernando Salinas, Ministro da Suprema Corte da Espanha

Jordi Augusti, Ministro da Suprema Corte da Espanha

Roberto Contreras, Ministro de Corte no Chile, Presidente da Rede Latino-americana de Juízes - Chile

Adoración Guaman, Professora da Universidade de Valência - Espanha

Agustín Lovera Cañete, Magistrado do Tribunal de Apelação Penal – Paraguai

Alicia Pastor Camarasa, Advogada de Direitos Humanos - Bélgica

Amparo Merino Segovia, Professora da Faculdade de Direito UCLM – Espanha

Ana Murcia Claveria, Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Valladolid e Diretora da Cátedra de Dialogo Social

Antonio Baylos Grau, Catedrático da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Antonio Loffredo, Professor da Faculdade de Direito de Siena - Itália

Carlos Ala Santiago Rivera, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidad San,Juan de Puerto Rico, recinto Rio Piedras – Porto Rico

Carlos Alfonso Mellado, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Valência - Espanha 

Carlos Petit Calvo, Catedrático de Historia do Direito da Universidade de Huelva – Espanha

Dolores Santos, Professora da Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena - Itália 

Edwin Figueroa Gutarra, Juiz Superior em Lambayeque – Peru

Emma Rodriguez, Professora da Universidade de Vigo - Espanha

Francisco Trillo, Professor da Faculdade de Direito da UCLM - Espanha

Gabriela Merialdo, Desembargadora no Uruguai

Gianluigi Palombella, Professor da Faculdade de Direito da Università Degli Studi di Parma – Itália

Gonçal Mayos Solsona, Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona - Espanha

Guillermo Gianibelli, Professor da Faculdade de Direito da Universidad de Buenos Aires – Argentina

Horacio Meguira, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Buenos Aires e Director do Gabinete Jurídico de CTA - Argentina

Hugo Barretto,  Professor da Faculdade de Direito UDELAR, Uruguai

Isabel Torres Vega,  Juíza Provisória da Suprema Corte - Peru

Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Vigo – Espanha

Jaqueline Yalán Leal, Juíza Superiora – Peru

Jesus Rentero Jover, Desembargador do Tribunal Superior de Justiça de Castilla La-Mancha - Espanha

Joaquin Aparício Tovas, Catedrático da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Joaquín Perez Rey, Professor da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Joan Coscubiela Conesa, Advogado e Deputado no Parlamento da Catalunha – Espanha

Juan-Ramón Capella, Professor da Universidade de Barcelona - Espanha

Juan Terradillos Basoco, Catedrático de Direito Penal da Universidad de Cádiz – Espanha

Laura Mora Cabello de Alba, Professora da Faculdade de Direito da UCLM

Luigi Mariucci, Professor da Universidade Ca Foscari de Veneza - Itália

Luis Collado Garcia, advogado e Professor Associado da UCLM, Editor da Editora Bomarzo - Espanha

Luis Roberto Salas, Magistrado Nacional, Tribunal Oral Penal – Argentina

Manuel Atienza, Catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Alicante - Espanha

Maria José Romero Rodenas, Catedrática da Faculdade de Direito da UCLM – Espanha

Matthew Kramer, Catedrático de  Filosofia do Direito da Universidade de Cambridge – Reino Unido

Rafael de Asís Roig, Catedrático da Faculdade de Direito da Universidad Carlos III – Espanha

Ramon Saez Valcarcel, Magistrado da Sala Penal da Audiência Nacional - Espanha

Roberto Pagés Llovera, Desembargador do Tribunal de San Juan – Argentina

Salomon Saavedra Dorantes, Juiz aposentado – México

Sebastián Martin,  Profesor História do Direito da Universidade de Sevilha - Espanha

Teresita Ricardi, Vice-Presidente de Estudos para a Integração da Rede Latino-americana de Juízes – Paraguai

Vania Boutaud, Juíza de Garantia - Chile

 
 
 


lunes, 14 de marzo de 2016

SEMBLANZA DE ENRIQUE LILLO




Con ocasión del acto de entrega del premio Abogados de Atocha por la Unión Regional de CCOO de Castilla La Mancha a Enrique Lillo, se proyectó esta semblanza del premiado, con un texto leído por la abogada de CCOO de Toledo y presentadora del acto, Carolina Vidal. Este es el video


domingo, 6 de marzo de 2016

SOBRE LA EXTRADICION DE LOS MILITARES QUE ORGANIZARON EL ASESINATO DE LOS JESUITAS EN LA UCLA DE EL SALVADOR




Juan Gumucio, un buen amigo chileno y abogado laboralista, me envía este comunicado de los jesuitas ante la oposición a la extradición de los autores materiales - no los inductores - del asesinato terrible de la masacre en la UCLA de 1989. Su lectura es extremadamente provechosa, en momentos en los que la impunidad parece ser la regla en otros países vecinos, como Honduas, tras el golpe que depuso al presidente Zelaya, y muchos de sus argumentos pueden ser aplicados a las resistencias que en España presenta el Gobierno y tantos otros grupos de presión frente a la petición de extradición por la justicia argentina de los asesinos y torturadores del franquismo.

Ante las reacciones por las órdenes de captura de exmilitares reclamados por la justicia española. 


La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, frente a las reacciones generadas por las órdenes de captura de los 17 exmilitares señalados por la justicia española como presuntos autores intelectuales y materiales de la masacre del 16 de noviembre de 1989, comunican su posición a la sociedad en general.

1. No deben extrañar las reacciones de los sectores que tradicionalmente se han opuesto a que la justicia brille en El Salvador. Ante la exigencia de verdad y justicia, siempre han sonado tambores de guerra, han anunciado nuevos derramamientos de sangre, han hablado de abrir heridas, de venganza y de inestabilidad en el país. ¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad: los que buscamos la verdad y la justicia, o los que defienden la impunidad?
2. Demasiadas veces se ha escuchado la obscena frase “perdón y olvido”. El dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas. Ese es el camino del perdón cristiano y la senda para la verdadera reconciliación. Exigir justicia no es venganza, sino reclamar que se repare el daño causado.
3. La Compañía de Jesús y las autoridades de la UCA han reiterado muchas veces su disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen. Sin embargo, sigue pendiente que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, lo cual se hace a través del sistema de justicia, para que posteriormente se pueda ofrecer el perdón.
4. Es cierto que la exigencia de verdad y justicia incomoda a los señalados y preocupa a sus amistades y familiares. Pero no se debe olvidar quiénes son las verdaderas víctimas de los crímenes del conflicto armado y quiénes provocaron tanta humillación, sufrimiento y muerte. Víctimas inocentes son Elba, su hija Celina y nuestros hermanos jesuitas. Víctimas son los niños, mujeres y ancianos del Sumpul y de El Mozote. Víctimas fueron monseñor Romero, los sacerdotes, religiosas y miles de catequistas asesinados durante la guerra. Y todas las personas que fueron violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Estas víctimas nunca han sido centrales para los Gobiernos de posguerra. Se les condenó al olvido y a sus victimarios se les premió con impunidad. Ahora, cuando se acusa judicialmente a quienes la Comisión de la Verdad señaló como responsables últimos de la masacre en la UCA, se pretende hacer pasar como víctimas a los verdugos.
5. Las capturas y la petición de extradición no son un asunto político, como se pretende hacer ver. Las capturas responden a una orden de captura internacional girada a través de la Interpol, cuyo cumplimiento es obligatorio por los compromisos asumidos por El Salvador a nivel internacional en material policial y judicial. Al contrario, ha sido la falta de voluntad política la que ha impedido que se haga justicia en nuestra tierra y la que ha obligado a recurrir a la justicia española. Lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo: queremos que funcione el sistema de justicia salvadoreño y por ello hemos trabajado, aunque sin obtener ningún resultado hasta la fecha.
Mientras la justicia salvadoreña mantenga sus puertas cerradas, no se debe impedir que el caso se ventile en las instancias de justicia internacional. Si los imputados no son culpables de lo que se les acusa, tendrán la oportunidad de demostrarlo en un juicio que ofrece las debidas garantías. Si solo obedecían “órdenes de los políticos”, como declaró un alto militar de la época, deben decir qué políticos les dieron la orden de masacrar a dos mujeres inocentes y a seis defensores de la verdad y la justicia. Si es cierto que esa orden existió, los altos jefes militares debieron actuar conforme a su conciencia y desobedecerla, pues ya monseñor Romero les había avisado: “Ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice ‘No matar’”.
6. Las reacciones y opiniones contra las capturas realizadas por la Policía responden a los intereses de los responsables de planificar y ejecutar masacres durante la guerra; victimarios que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado y han preferido optar por la impunidad en desmedro de la verdad y la justicia. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por parte del Estado son más graves en cuanto está obligado a defender y proteger siempre los derechos humanos, incluso en situación de guerra. Quienes decidieron el asesinato de los jesuitas con nocturnidad y alevosía saben perfectamente que no perpetraron “simples asesinatos”. La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado con la lógica del terrorismo de Estado, y por ello es un crimen de lesa humanidad. Defender a los que tuvieron la última responsabilidad en los asesinatos e impedir que la justicia realice su misión es avalar el crimen y ponerse del lado de la impunidad.
7. Querer conocer la verdad de lo que ocurrió y llevar el caso ante la justicia no atenta contra el auténtico espíritu de los Acuerdos de Paz. Hay que recordar que las partes negociadoras se comprometieron a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y reconocieron la “necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en los casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos”. A tal fin, las partes remitieron “la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio […] de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley” (Acuerdos de Paz, Capítulo I: Fuerza Armada). Este es el verdadero espíritu de los Acuerdos de Paz, que fue desvirtuado posteriormente por las partes al aprobar la ley de amnistía.
8. La actuación del Gobierno al respecto deja mucho que desear. La PNC no solo cumplió tardíamente la difusión roja, sino que únicamente ha capturado a cuatro militares (tres de ellos de bajo rango y con menos probabilidades de ser extraditados), permitiendo la fuga de 13 exmilitares, entre ellos seis reconocidos exoficiales que nunca se han sentado en el banquillo de los acusados y que son acusados de ser los presuntos autores intelectuales de la masacre. Además, el Presidente trató el caso como un asunto político al reunirse con los partidos para darles explicaciones por las capturas, sin que haya trascendido el mensaje que les transmitió. Tampoco fue pertinente ni acertado que el Vicepresidente pidiera la no extradición y se uniera así al coro de la derecha política, que pretende seguir manoseando la autonomía e imparcialidad del sistema de justicia.
9. Reconocemos y apoyamos la actuación del Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos, que con valentía y con argumentación sólida ha instado a las autoridades respectivas a cumplir con la ley. Y condenamos las acusaciones e insultos de los que ha sido objeto por parte de los que quieren que la impunidad siga vigente en el país; gente que no tiene ninguna autoridad moral para criticar a un defensor de los derechos humanos.
10. Conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a que se haga justicia para la víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y llevará paz a los mismos victimarios. Solo siguiendo este camino podremos decir con el profeta Isaías: “La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos”. Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, entre verdad y paz. Al contrario, la paz es el fruto de la verdad y de la justicia.
La Libertad, 2 de marzo de 2016
UCLA, El Salvador.

lunes, 22 de febrero de 2016

RYANAIR CONDENADA EN ESPAÑA



La estrategia de la aerolínea irlandesa se basa fundamentalmente en la elusión de las legislaciones laborales nacionales y sus obligaciones de Seguridad Social, sobre la base de remitirse a Irlanda como base de operaciones y lugar de celebración de los contratos de trabajo. Este esquema de elusión ha sido ya combatido por varios ordenamientos. En el blog hermano "Según Antonio Baylos" se dió noticia, hace dos años y medio, de la condena de esta aerolínea en Francia ( Ryanair condenada en Francia) , y los intentos de la UE por lograr un Reglamento contra el dumping social en el sector aéreo, que también se publicó en el mismo blog a través de la responsable de comunicación de SEPLA Un reglamento europeo contra el dumping social. Ahora, el Diari del treball trae una noticia relacionada con este asunto, que los servicios jurídicos de la CONC han gestionado con éxito, y cuyo texto es el que se pasa a continuación, aunque puede verse directamente en este enlace El diari del Treball.


El Juzgado de lo Social 29 de Barcelona ha resuelto la demanda de una trabajadora de la compañía aérea RYANAIR (CREWLINK IRELAND LIMITED), que estuvo de baja médica un mes en el año 2011, en concreto del 23 de agosto al 23 de septiembre. En su día, ni la empresa ni el INSS realizaron el pago de dicho periodo de incapacidad temporal a pesar de haber sido reclamado por la trabajadora. La sentencia se ha dictado el 8 de enero de 2016.
Las razones aducidas por la Seguridad Social eran que no les constaba que la trabajadora estuviese dada de alta o situación asimilada, y, ciertamente, el contrato de la misma se había realizado en la República de Irlanda, que es el país de la empresa RYANAIR (CREWLINK IRELAND LIMITED), y la empresa adujo que los tribunales españoles no eran los competentes para conocer de la reclamación de la trabajadora ya que el salario y las cotizaciones sociales se hacían desde Irlanda y que ellos no disponían de oficinas en España.
La trabajadora prestaba sus servicios como tripulante de cabina, siendo su “Base” la del aeropuerto de Girona. Es decir, que el origen y destino final de su jornada de trabajo era Girona.
Ante la negativa por parte de la empresa de realizar el pago delegado y la del INSS a abonar la prestación por Incapacidad Temporal (baja médica), la actora interpuso con carácter previo la reclamación ante la administración y, posteriormente, la demanda ante los juzgados, recayendo en el nº 29 de Barcelona. Anteriormente, el JS 29 había aceptado la excepción alegada por la empresa de incompetencia de los jueces y tribunales españoles, y, por consiguiente, había desestimado la solicitud de la trabajadora. Dicha decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que en fecha de 14 de enero de 2014, manifestó mediante sentencia que los tribunales españoles sí que eran competentes para conocer sobre esta cuestión a tenor de lo establecido en el art. 1.7 del Reglamento CE 8/2008 de la Comisión, relativo a los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión. En el citado reglamento, se denomina “Base” al lugar asignado por el operador a cada tripulante, en el cual habitualmente este comienza y termina su jornada. En aplicación de dicha normativa puesta en relación con el art. 25 de la Ley orgánica del poder judicial, puede interpretarse que el lugar de prestación de servicios radica en territorio español, por consiguiente anuló la sentencia de instancia y ordenó la retroacción de las actuaciones para que, nuevamente, el juzgado de lo social nº 29 de Barcelona, entrase a conocer del fondo del asunto y dictase sentencia.
A pesar de ello, la empresa recurrió en Casación ante el Tribunal Supremo, recurso que no le fue admitido a trámite. Y como decíamos, al inicio y al final de todo este proceso, el Juzgado de lo Social nº 29 de Barcelona se ha pronunciado y ha dictado sentencia en la cual condena a la empresa RYANAIR (CREWLINK IRELAND LIMITED) al abono del subsidio por incapacidad temporal, absolviendo al INSS ya que la trabajadora no había sido dada de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y ,de acuerdo con lo establecido en el Art. 125.3 de la Ley General de la Seguridad Social, cuando un trabajador no es dado de alta será la empresa la responsable del pago del subsidio.
A modo de conclusión, decir que a pesar de que estamos hablando de una cuantía pequeña para una empresa como Ryanair, no tan pequeña para una trabajadora, cada vez más nos podemos encontrar con situaciones como la descrita que nos hacen entender las mil y una maniobra de empresas como la mencionada y los atropellos que cometen.
Los autores son : Mariona Castellana i Jesús Martínez, advocat del Gabinet Tènic Jurídic de CCOO de Catalunya