La situación de la crisis sobre la vivienda es dramática, más aun en un momento en el que el desempleo roza los seis millones, la desigualdad social alcanza cotas impensables hace años y España se coloca a la cabeza de los niveles de pobreza en Europa. Todo gracias a la obstinación de unas medidas de austeridad que están condenando a la población española a una situación de degradación y sufrimiento. El presente texto está pensado para su suscripción por todos aquellos relacionados con el mundo del derecho, tanto en España como en Europa y Latinoamérica y otras partes del mundo. Se ruega la adhesión en los términos que más abajo de explicitan en la propia declaración.
DECLARACIÓN DEL MUNDO JURÍDICO ANTE LA REALIDAD DE LOS DESAHUCIOS
El
aumento de los desahucios y del sobreendeudamiento personal y familiar
constituye uno de los aspectos más dramáticos de la realidad actual.
Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, se
han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde los inicios
de la crisis. En muchos casos, al drama de la pérdida del hogar familiar
se suma la pérdida del empleo y la asunción de deudas inasumibles. Todo
ello se traduce en la conculcación reiterada del principio de dignidad
de la persona y de los derechos que le son inherentes, ambos fundamento
de la paz social y del actual orden político y constitucional.
Las
respuestas normativas han sido insuficientes. Tampoco las medidas
paliativas adoptadas están dando una solución adecuada. En ese contexto,
la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, avalada por un
millón y medio de firmas y admitida a trámite por el Congreso de los
Diputados, puede ser un instrumento útil para colmar estas limitaciones y
garantizar a las personas afectadas el derecho a una segunda
oportunidad.
Las
propuestas recogidas en la iniciativa se adecuan a las exigencias
derivadas del principio del Estado social y democrático de derecho y a
los estándares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en el derecho internacional de los
derechos humanos.
Por
todo ello, y en nuestra condición de ejercientes en abogacía,
funcionariado de justicia, judicatura, notarido, procuradoría,
profesorado de derecho, registros, secretariado judicial y otros
operadores jurídicos, apoyamos un cambio de la normativa sobre
ejecuciones hipotecarias que dé una segunda oportunidad a las personas a
partir de las medidas recogidas por la proposición de ley de dación en
pago, paralización de desahucios y alquiler social.
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