jueves, 9 de agosto de 2012

VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN COLOMBIA 1984-2011










Nuestro corresponsal en Colombia, amigo y doctor por la UCLM, Edgardo González, nos envía este artículo publicado en la Revista Cultura y Trabajo de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, obra de un profesor de historia, Ricardo Sánchez Ángel que se titula "¿Eufemismo o imparcialidad?", donde se comenta críticamente un informe avalado por el PNUD. El tema de la violencia contra el sindicalismo en Colombia es silenciado conscientemente desde los medios de comunicación globales. Pero sigue presente, y este texto alude de forma impresionante a la gravedad de este fenómeno.



A propósito del Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011
A la memoria de Alfredo Correa de Andreis
I.

EL RECIENTE PASADO COLOMBIANO, PERIODIZADO ENTRE 1984 Y 2011, OPERA COMO UNA PESADILLA SOBRE EL PRESENTE y no da confianza sobre el futuro. Solo el principio de esperanza. La crisis humanitaria en este país adquiere dimensiones mayúsculas y, sin duda en estos tiempos, es la más grave de nuestra América al lado de Haití: violación a los derechos humanos, secuestros, crímenes, genocidios, desplazados domésticos y al exterior, abandonados, desaparecidos, en fin, un universo pavoroso contra la vida y la dignidad. Los crímenes cometidos desde 1986 hasta 2011, según cifras de la ENS, son 2.863; según el CINEP, entre 1984 y 2010 alcanzan los 4.791; y para la Federación Internacional de Sindicatos, ascienden a 3.000 desde 1986, de los cuales alrededor de 1.000 corresponden a maestros.
El desafío es el esclarecimiento de las distintas causalidades, de las estructuras económico-sociales y de las superestructuras político-culturales, en el entramado de nuestra historia y los contextos internacionales. Son varias las investigaciones académicas, de centros populares, fundaciones, de entidades paragubernamentales, de periodistas y de protagonistas de lo ocurrido, como víctimas o autores.

La disputa por la caracterización de lo ocurrido y cómo nombrarlo, es una cuestión de primer orden por el carácter simbólico, representativo del tipo de sociedad constituida. No es una discusión sobre el sexo de los ángeles, meramente nominal. Por ello, no es lo mismo que se reduzca el conflicto interno al terrorismo, a que se reconozca que es una guerra, horrorosa, pero una guerra, o mejor, guerras simultáneas. Ni es lo mismo que se hable de homicidios cuando se trata de masacres, de genocidios, de crímenes continuados. Este es un problema grueso que presenta el documento que comento. Es restrictivo a la conducta de homicidios, lo cual no trae consecuencias en el derecho internacional humanitario, al contrario de las otras tipologías penales, duramente sancionables y que ponen en cuestión la legitimidad estatal.

El informe que comento se divide en dos tomos: i) la presentación de los análisis sobre la violencia contra los sindicatos y sindicalistas 1984-2011 y ii) el Resumen ejecutivo en el que los autores destacan en forma sintética las principales conclusiones. Se trata de la cristalización de un acuerdo de voluntades entre el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), las centrales CTC y CGT, con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, España, Canadá y Países Bajos. Para la investigación se vinculó a distintos centros que han realizado trabajos cualitativos y cuantitativos sobre la violencia contra los trabajadores, los cuales sirvieron de insumo para la elaboración del Informe del PNUD con su coordinación académica. Aunque es obvio que no se trata de una responsabilidad compartida por el contenido, de parte de los centros y personas vinculadas como aportantes.

Así las cosas, se trata de un documento funcional a los sectores nombrados, y especialmente a los intereses de un gobierno que estaba sancionado en lo moral, lo diplomático y lo político por el Congreso de los Estados Unidos, quien negó la aprobación del TLC precisamente por los crímenes contra los sindicalistas como uno de los aspectos centrales.

La sola ilustración cliométrica destiñe el maquillaje de la democracia colombiana. Con el actual informe, al presentar las cifras desprovistas de un análisis cualitativo y crítico adecuado, se coloca una máscara, cuando lo que se necesita es mirar de frente un rostro. La razón de ello es que se careció de un campo intelectual autónomo para adelantar este tipo de trabajo, se buscó complacer al gobierno, al igual que a la ANDI, y a la nomenclatura de las dos centrales progobiernistas. El análisis realizado responde al pensamiento blando, ligero, sin penetrar ni contextualizar lo ocurrido. El propósito de producir un informe a la carta fue logrado, pero al precio de escamotear la gravedad de lo sucedido.

II.

Una tarea de estas dimensiones tiene como referente central a las víctimas, se debe investigar desde el campo moral de ellas, en que lo científico está articulado a sus intereses, siendo éstos los que la verdad defiende, lo que implica otras valoraciones, distintas a las presentadas en el documento. Razones tuvo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al manifestar su desconfianza sobre la finalidad del informe, aunque hubiese sido de mayor utilidad su presencia en las discusiones respectivas.

El resumen del Informe sintetiza así el objetivo central: “El PNUD ha articulado el conocimiento proveniente de los estudios y de esas discusiones para consignarlo en este informe. Su objetivo es contribuir a la profundización y refinamiento de los debates y a la formalización de unas propuestas que permitan realizar entre todos los actores, a mediano y largo plazos, las mejoras necesarias para superar esa situación. En tal orden de ideas, este informe se basa en los resultados y hallazgos de los seis estudios de los centros y en las discusiones de los conversatorios y del seminario” (Resumen ejecutivo, p. 8).

En el Informe se elude una jerarquización de las causalidades del modelo económico-social vigente de sobrexplotación y desigualdad social que operan como caldo de cultivo para los distintos tipos de violencias. El eufemismo usado a través de los documentos es el método dominante de la exposición. Dice así, por ejemplo: “Aunque se abordan algunos casos conocidos de complicidades de empresas privadas con grupos paramilitares, este Informe llega hasta donde las sentencias y los registros de las fuentes facilitan, a partir de lo cual, en el epílogo de propuestas formula la necesidad fundamental de la cooperación de todos los actores, primordialmente del Estado, para superar la realidad actual de desinformación y de altos índices de impunidad al respecto” (Resumen ejecutivo, p. 36).

Hay momentos en que este Informe parece más una defensa de los empresarios, realizada a través del método de la caricatura: “Lejos de caer en la estigmatización hacia el sector empresarial, con estereotipos infundados de proclividad paramilitar, hecho tan repudiable como el estereotipo del ‘sindicalista guerrillero’, es cierto que existen casos individuales de empresas y empresarios que cierta o presuntamente han buscado y obtenido el beneficio de paramilitares” (Resumen ejecutivo, p. 26).

Que yo sepa, no hay víctima ni sindicato que señale al sector empresarial en general como culpable de las violencias. Al revés, la seriedad de las denuncias se concreta en señalamientos directos, como en el caso de las multinacionales Chiquita Brands y Drummond que el propio Informe recoge, sectores ganaderos como el representado por el anterior Presidente de Fedegan, al igual que sectores bananeros. Lo que el Informe elude es que, el capítulo de la paraeconomía y la narcoempresa, se abrió a través de distintas investigaciones judiciales, a partir de testimonios de víctimas y victimarios, como los de algunos jefes paramilitares.

Las agencias del Estado encargadas de la seguridad ciudadana tienen inmensa responsabilidad como instituciones en los crímenes contra los sindicalistas, situación que el Informe minimiza. Dado que se habla de “complicidad entre miembros de las AUC y de funcionarios del DAS en la Costa Caribe”, cuando la acción del DAS operó a escala nacional, acompañada de un vasto sistema de espionaje, elaboración de listas oficiales entregadas a los paramilitares para cometer crímenes, el complot contra la Corte Suprema de Justicia, la persecución a los opositores políticos y sindicales, que sin ambages deben ser caracterizadas como expresiones de un Estado Policía. No fueron funcionarios simplemente, fue la institución.

No se puede explicar con prudencia, objetividad y verdad histórica, la realidad de un crimen continuado como el que se cometió contra los sindicalistas, con distintos propiciadores, estructurado en varias decisiones de largo alcance, sin que el Estado y sus sectores más decisivos en el manejo de la violencia legal, no sean responsables por acción y omisión. Al igual que la situación de impunidad documentada en el Informe, que señala un alto grado de irresponsabilidad por parte del establecimiento colombiano. No se puede dejar de lado que estos crímenes se desarrollaron casi en paralelo al exterminio de los movimientos políticos como la Unión Patriótica (UP), de magistrados, jueces y periodistas, de indígenas y campesinos, de líderes políticos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez.

Aunque el Informe se titula sobre la violencia, otras violaciones a los derechos humanos y sindicales no se comentan, eludiendo asuntos graves de la criminalidad. En el resumen se afirma: “Otras modalidades de violaciones, como la desaparición forzada y la tortura, pueden ser incluso más graves que el homicidio, pero por su carácter más esporádico, no serían susceptibles de este tratamiento cuantitativo. El caso de las amenazas, aunque de frecuencias altas, en general mayores que las del homicidio, presenta mucho más dificultades que las otras desde el punto de vista de las exigencias del rigor del tratamiento cuantitativo” (Resumen ejecutivo, p. 15). Reducir la violencia a sindicalistas a solo homicidios, con las exclusiones anunciadas, constituye un eufemismo y es francamente inaceptable, al utilizar la excusa de las dificultades al cuantificar los desaparecidos y torturados, porque se debe y puede presentar estimativos hipotéticos y sobre todo, análisis cualitativos inclusivos al tema.

El esfuerzo del Informe en la presentación de los contextos de violencia se centra en enfatizar el papel del paramilitarismo y las guerrillas, minimizando el rol de los aparatos de fuerza legal del Estado. El método utilizado incorpora aspectos duros y crudos de los aportes de los centros de investigación para luego realizar conclusiones débiles. Así, dice el Informe: “No cabe duda, entonces, sobre la existencia de casos que ilustran la complicidad de algunos agentes del Estado con grupos criminales, específicamente con los paramilitares. Existen más raramente casos de complicidad con las guerrillas, más frecuentemente en el ámbito local, como en la masacre de las milicias de las FARC en el barrio La Chinita de Apartadó (Antioquia), en cuyo proceso hubo imputación de cargos contra funcionarios civiles del orden municipal” (Informe, p. 134).

III.

Sobre los epílogos, tanto en el Resumen como en el Informe, proponen varias medidas aceptables, tales como el fortalecimiento de la Fiscalía, una política criminal efectiva, la reparación individual y colectiva en todos sus aspectos, una política pública de protección y prevención sostenida e integral, y otras más.

Donde yo expreso dudas preocupantes es sobre el mantenimiento del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que el Informe define como oficial en estas materias, que está en cabeza de la Vicepresidencia de la República. El tema de la información y el sistema estadístico debe integrarse en un organismo no gubernamental, sí estatal, público, que centralice la tarea que adelanta el Observatorio, con la actividad de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El nuevo ente, con presupuesto propio y dirección con período fijo, debe estar adscrito a la Defensoría del Pueblo.

Las recomendaciones a los sindicatos y empresas son consejos paternalistas, lo mismo ocurre con los medios de comunicación. La primera exigencia que levantan las víctimas debe ser aceptada con todas sus letras: verdad, justicia y reparación. Superación rápida y completa de la impunidad.

Este Informe y su Resumen deben suscitar la atención de las víctimas directas, como los sindicatos y familiares que viven el dolor por los asesinados. Debe interesar al mundo intelectual y político, a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, a la justicia nacional e internacional. El Informe ofrece una documentación estadística analizada en forma cuantitativa, geográfica y por sectores laborales y sindicales, producto de la valiosa contribución que hacen los centros de investigación popular y universitaria. El Informe sustenta su validez en la ponderación cliométrica: esta es su importancia.

Propiciar que este Informe sea aceptado en el presente por los herederos de los asesinados, los trabajadores, equivale a aceptar “que ni siquiera los muertos estarán seguros”. Se trata de no olvidar con consciencia histórica, como fuerza cultural, la tradición de lucha que los asesinados encarnan. No es mero recuerdo, es memoria viva, completa, que solo puede lograrse suprimiendo los eufemismos, las verdades a medias, la fantasía política que propugna que la armonía con los poderosos; es el precio que hay que pagar por la verdad.


Nota breve
Este comentario se realiza a partir del texto Reconocer el pasado, reconstruir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011, con el sello editorial del Proyecto sobre Violencia contra Sindicalistas y Trabajadores Sindicalizados, y PNUD Colombia. Bogotá (Colombia), Diciembre de 2011.
Los centros de investigación, de universidades que hicieron sus aportes para la elaboración del informe son: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Centro de Investigación y de Educación Popular (Cinep), Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), Fundación Ideas para la Paz (FIP), Universidad Externado de Colombia y Universidad Nacional de Colombia.
Como organizaciones de la sociedad civil: Escuela Nacional Sindical (ENS) y Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

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