Nuestro corresponsal en Colombia, amigo y doctor por la UCLM, Edgardo González, nos envía este artículo publicado en la Revista Cultura y Trabajo de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, obra de un profesor de historia, Ricardo Sánchez Ángel que se titula "¿Eufemismo o imparcialidad?", donde se comenta críticamente un informe avalado por el PNUD. El tema de la violencia contra el sindicalismo en Colombia es silenciado conscientemente desde los medios de comunicación globales. Pero sigue presente, y este texto alude de forma impresionante a la gravedad de este fenómeno.
A propósito del Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011
A la memoria de Alfredo Correa de Andreis
I.
EL RECIENTE PASADO COLOMBIANO,
PERIODIZADO ENTRE 1984 Y 2011, OPERA COMO UNA PESADILLA SOBRE EL
PRESENTE y no da confianza sobre el futuro. Solo el principio de
esperanza. La crisis humanitaria en este país adquiere dimensiones
mayúsculas y, sin duda en estos tiempos, es la más grave de nuestra
América al lado de Haití: violación a los derechos humanos, secuestros,
crímenes, genocidios, desplazados domésticos y al exterior, abandonados,
desaparecidos, en fin, un universo pavoroso contra la vida y la
dignidad. Los crímenes cometidos desde 1986 hasta 2011, según cifras de
la ENS, son 2.863; según el CINEP, entre 1984 y 2010 alcanzan los 4.791;
y para la Federación Internacional de Sindicatos, ascienden a 3.000
desde 1986, de los cuales alrededor de 1.000 corresponden a maestros.
El desafío es el esclarecimiento de
las distintas causalidades, de las estructuras económico-sociales y de
las superestructuras político-culturales, en el entramado de nuestra
historia y los contextos internacionales. Son varias las investigaciones
académicas, de centros populares, fundaciones, de entidades
paragubernamentales, de periodistas y de protagonistas de lo ocurrido,
como víctimas o autores.
La disputa por la caracterización de
lo ocurrido y cómo nombrarlo, es una cuestión de primer orden por el
carácter simbólico, representativo del tipo de sociedad constituida. No
es una discusión sobre el sexo de los ángeles, meramente nominal. Por
ello, no es lo mismo que se reduzca el conflicto interno al terrorismo, a
que se reconozca que es una guerra, horrorosa, pero una guerra, o
mejor, guerras simultáneas. Ni es lo mismo que se hable de homicidios
cuando se trata de masacres, de genocidios, de crímenes continuados.
Este es un problema grueso que presenta el documento que comento. Es
restrictivo a la conducta de homicidios, lo cual no trae consecuencias
en el derecho internacional humanitario, al contrario de las otras
tipologías penales, duramente sancionables y que ponen en cuestión la
legitimidad estatal.
El informe que comento se divide en
dos tomos: i) la presentación de los análisis sobre la violencia contra
los sindicatos y sindicalistas 1984-2011 y ii) el Resumen ejecutivo en
el que los autores destacan en forma sintética las principales
conclusiones. Se trata de la cristalización de un acuerdo de voluntades
entre el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), las centrales CTC y CGT, con el apoyo
de las embajadas de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Noruega,
Suecia, España, Canadá y Países Bajos. Para la investigación se vinculó a
distintos centros que han realizado trabajos cualitativos y
cuantitativos sobre la violencia contra los trabajadores, los cuales
sirvieron de insumo para la elaboración del Informe del PNUD con su
coordinación académica. Aunque es obvio que no se trata de una
responsabilidad compartida por el contenido, de parte de los centros y
personas vinculadas como aportantes.
Así las cosas, se trata de un
documento funcional a los sectores nombrados, y especialmente a los
intereses de un gobierno que estaba sancionado en lo moral, lo
diplomático y lo político por el Congreso de los Estados Unidos, quien
negó la aprobación del TLC precisamente por los crímenes contra los
sindicalistas como uno de los aspectos centrales.
La sola ilustración cliométrica
destiñe el maquillaje de la democracia colombiana. Con el actual
informe, al presentar las cifras desprovistas de un análisis cualitativo
y crítico adecuado, se coloca una máscara, cuando lo que se necesita es
mirar de frente un rostro. La razón de ello es que se careció de un
campo intelectual autónomo para adelantar este tipo de trabajo, se buscó
complacer al gobierno, al igual que a la ANDI, y a la nomenclatura de
las dos centrales progobiernistas. El análisis realizado responde al
pensamiento blando, ligero, sin penetrar ni contextualizar lo ocurrido.
El propósito de producir un informe a la carta fue logrado, pero al
precio de escamotear la gravedad de lo sucedido.
II.
Una tarea de estas dimensiones tiene
como referente central a las víctimas, se debe investigar desde el campo
moral de ellas, en que lo científico está articulado a sus intereses,
siendo éstos los que la verdad defiende, lo que implica otras
valoraciones, distintas a las presentadas en el documento. Razones tuvo
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al manifestar su desconfianza
sobre la finalidad del informe, aunque hubiese sido de mayor utilidad su
presencia en las discusiones respectivas.
El resumen del Informe sintetiza así
el objetivo central: “El PNUD ha articulado el conocimiento proveniente
de los estudios y de esas discusiones para consignarlo en este informe.
Su objetivo es contribuir a la profundización y refinamiento de los
debates y a la formalización de unas propuestas que permitan realizar
entre todos los actores, a mediano y largo plazos, las mejoras
necesarias para superar esa situación. En tal orden de ideas, este
informe se basa en los resultados y hallazgos de los seis estudios de
los centros y en las discusiones de los conversatorios y del seminario”
(Resumen ejecutivo, p. 8).
En el Informe se elude una
jerarquización de las causalidades del modelo económico-social vigente
de sobrexplotación y desigualdad social que operan como caldo de cultivo
para los distintos tipos de violencias. El eufemismo usado a través de
los documentos es el método dominante de la exposición. Dice así, por
ejemplo: “Aunque se abordan algunos casos conocidos de complicidades de
empresas privadas con grupos paramilitares, este Informe llega hasta
donde las sentencias y los registros de las fuentes facilitan, a partir
de lo cual, en el epílogo de propuestas formula la necesidad fundamental
de la cooperación de todos los actores, primordialmente del Estado,
para superar la realidad actual de desinformación y de altos índices de
impunidad al respecto” (Resumen ejecutivo, p. 36).
Hay momentos en que este Informe
parece más una defensa de los empresarios, realizada a través del método
de la caricatura: “Lejos de caer en la estigmatización hacia el sector
empresarial, con estereotipos infundados de proclividad paramilitar,
hecho tan repudiable como el estereotipo del ‘sindicalista guerrillero’,
es cierto que existen casos individuales de empresas y empresarios que
cierta o presuntamente han buscado y obtenido el beneficio de
paramilitares” (Resumen ejecutivo, p. 26).
Que yo sepa, no hay víctima ni
sindicato que señale al sector empresarial en general como culpable de
las violencias. Al revés, la seriedad de las denuncias se concreta en
señalamientos directos, como en el caso de las multinacionales Chiquita
Brands y Drummond que el propio Informe recoge, sectores ganaderos como
el representado por el anterior Presidente de Fedegan, al igual que
sectores bananeros. Lo que el Informe elude es que, el capítulo de la
paraeconomía y la narcoempresa, se abrió a través de distintas
investigaciones judiciales, a partir de testimonios de víctimas y
victimarios, como los de algunos jefes paramilitares.
Las agencias del Estado encargadas de
la seguridad ciudadana tienen inmensa responsabilidad como
instituciones en los crímenes contra los sindicalistas, situación que el
Informe minimiza. Dado que se habla de “complicidad entre miembros de
las AUC y de funcionarios del DAS en la Costa Caribe”, cuando la acción
del DAS operó a escala nacional, acompañada de un vasto sistema de
espionaje, elaboración de listas oficiales entregadas a los
paramilitares para cometer crímenes, el complot contra la Corte Suprema
de Justicia, la persecución a los opositores políticos y sindicales, que
sin ambages deben ser caracterizadas como expresiones de un Estado
Policía. No fueron funcionarios simplemente, fue la institución.
No se puede explicar con prudencia,
objetividad y verdad histórica, la realidad de un crimen continuado como
el que se cometió contra los sindicalistas, con distintos
propiciadores, estructurado en varias decisiones de largo alcance, sin
que el Estado y sus sectores más decisivos en el manejo de la violencia
legal, no sean responsables por acción y omisión. Al igual que la
situación de impunidad documentada en el Informe, que señala un alto
grado de irresponsabilidad por parte del establecimiento colombiano. No
se puede dejar de lado que estos crímenes se desarrollaron casi en
paralelo al exterminio de los movimientos políticos como la Unión
Patriótica (UP), de magistrados, jueces y periodistas, de indígenas y
campesinos, de líderes políticos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara
Bonilla, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Álvaro
Gómez.
Aunque el Informe se titula sobre la
violencia, otras violaciones a los derechos humanos y sindicales no se
comentan, eludiendo asuntos graves de la criminalidad. En el resumen se
afirma: “Otras modalidades de violaciones, como la desaparición forzada y
la tortura, pueden ser incluso más graves que el homicidio, pero por su
carácter más esporádico, no serían susceptibles de este tratamiento
cuantitativo. El caso de las amenazas, aunque de frecuencias altas, en
general mayores que las del homicidio, presenta mucho más dificultades
que las otras desde el punto de vista de las exigencias del rigor del
tratamiento cuantitativo” (Resumen ejecutivo, p. 15). Reducir la
violencia a sindicalistas a solo homicidios, con las exclusiones
anunciadas, constituye un eufemismo y es francamente inaceptable, al
utilizar la excusa de las dificultades al cuantificar los desaparecidos y
torturados, porque se debe y puede presentar estimativos hipotéticos y
sobre todo, análisis cualitativos inclusivos al tema.
El esfuerzo del Informe en la
presentación de los contextos de violencia se centra en enfatizar el
papel del paramilitarismo y las guerrillas, minimizando el rol de los
aparatos de fuerza legal del Estado. El método utilizado incorpora
aspectos duros y crudos de los aportes de los centros de investigación
para luego realizar conclusiones débiles. Así, dice el Informe: “No cabe
duda, entonces, sobre la existencia de casos que ilustran la
complicidad de algunos agentes del Estado con grupos criminales,
específicamente con los paramilitares. Existen más raramente casos de
complicidad con las guerrillas, más frecuentemente en el ámbito local,
como en la masacre de las milicias de las FARC en el barrio La Chinita
de Apartadó (Antioquia), en cuyo proceso hubo imputación de cargos
contra funcionarios civiles del orden municipal” (Informe, p. 134).
III.
Sobre los epílogos, tanto en el
Resumen como en el Informe, proponen varias medidas aceptables, tales
como el fortalecimiento de la Fiscalía, una política criminal efectiva,
la reparación individual y colectiva en todos sus aspectos, una política
pública de protección y prevención sostenida e integral, y otras más.
Donde yo expreso dudas preocupantes
es sobre el mantenimiento del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, que el Informe define como oficial en estas
materias, que está en cabeza de la Vicepresidencia de la República. El
tema de la información y el sistema estadístico debe integrarse en un
organismo no gubernamental, sí estatal, público, que centralice la tarea
que adelanta el Observatorio, con la actividad de la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo. El nuevo ente, con presupuesto propio y dirección
con período fijo, debe estar adscrito a la Defensoría del Pueblo.
Las recomendaciones a los sindicatos y
empresas son consejos paternalistas, lo mismo ocurre con los medios de
comunicación. La primera exigencia que levantan las víctimas debe ser
aceptada con todas sus letras: verdad, justicia y reparación. Superación
rápida y completa de la impunidad.
Este Informe y su Resumen deben
suscitar la atención de las víctimas directas, como los sindicatos y
familiares que viven el dolor por los asesinados. Debe interesar al
mundo intelectual y político, a las organizaciones nacionales e
internacionales defensoras de derechos humanos, a la justicia nacional e
internacional. El Informe ofrece una documentación estadística
analizada en forma cuantitativa, geográfica y por sectores laborales y
sindicales, producto de la valiosa contribución que hacen los centros de
investigación popular y universitaria. El Informe sustenta su validez
en la ponderación cliométrica: esta es su importancia.
Propiciar que este Informe sea
aceptado en el presente por los herederos de los asesinados, los
trabajadores, equivale a aceptar “que ni siquiera los muertos estarán
seguros”. Se trata de no olvidar con consciencia histórica, como fuerza
cultural, la tradición de lucha que los asesinados encarnan. No es mero
recuerdo, es memoria viva, completa, que solo puede lograrse suprimiendo
los eufemismos, las verdades a medias, la fantasía política que
propugna que la armonía con los poderosos; es el precio que hay que
pagar por la verdad.
Nota breve
Este comentario se realiza a partir
del texto Reconocer el pasado, reconstruir el futuro. Informe sobre
violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011,
con el sello editorial del Proyecto sobre Violencia contra Sindicalistas
y Trabajadores Sindicalizados, y PNUD Colombia. Bogotá (Colombia),
Diciembre de 2011.
Los centros de investigación, de
universidades que hicieron sus aportes para la elaboración del informe
son: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia),
Centro de Investigación y de Educación Popular (Cinep), Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Corporación Nuevo Arco
Iris (CNAI), Fundación Ideas para la Paz (FIP), Universidad Externado de
Colombia y Universidad Nacional de Colombia.
Como organizaciones de la sociedad civil: Escuela Nacional Sindical (ENS) y Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
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