domingo, 16 de junio de 2013

MAGISTRADOS EUROPEOS CONTRA LA REFORMA DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA








La asociación MEDEL, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, ha hecho público un comunicado denunciando como antidemocráticas y peligrosas las iniciativas de reforma que en España está llevando a cabo el Partido Popular en el gobierno y el ministro Ruiz Gallardón. El texto lo ha distribuido Jueces para la Democracia.


MEDEL ha tenido conocimiento de la reforma legal que se está tramitando en España, que afectará a las funciones del órgano de gobierno judicial. Por ello, consideramos oportuno expresar nuestra valoración pública como asociación de jueces y fiscales europeos comprometidos con la independencia judicial, frente a las injerencias de cualquier otro poder estatal o frente a la intromisión de cualquier interés particular.

Ya en 1993 MEDEL formuló un conjunto de principios sobre la composición y funciones de los Consejos de Justicia, esenciales para que este órgano constitucional pueda garantizar la independencia de los jueces. En sustancia, estos principios han sido plasmados posteriormente en la Carta europea del estatuto de los jueces del Consejo de Europa.

Mas recientemente, en mayo de 2013 MEDEL ha aprobado un Memorandum en Gdansk que fue remitido a la Comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Viviane Reding, destacando los ataques a la independencia judicial en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, con especial mención a la situación en Hungría.

El autogobierno del Poder Judicial es uno de los principios básicos de la independencia de la justicia. Por ello, la Unión Europea no puede exigir a los países candidatos el cumplimiento de estrictos criterios en este ámbito y desentenderse con las reformas que se acometen en los países miembros.

El proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial presentado por el Gobierno español, que actualmente se tramita en el parlamento, representa una iniciativa que afectará negativamente a la independencia de los jueces españoles.

Entre otras, la reducción de competencias del órgano de gobierno judicial y la absorción de estas funciones por el poder ejecutivo supone una quiebra del principio de separación de poderes como elemento básico de todo Estado de Derecho.

La finalidad primordial del Consejo General del Poder Judicial es garantizar la independencia de la judicatura y la adecuación de sus condiciones profesionales, a través de una serie de funciones institucionales, entre las que se encuentra la potestad reglamentaria y determinadas competencias vinculadas al estatuto profesional de los magistrados. La supresión de estas atribuciones permitirá en determinados casos la subordinación del poder judicial al poder político. Ello perjudicará la credibilidad del Estado de Derecho en España.

Ante ello, desde MEDEL expresamos nuestra preocupación por esta ruptura del equilibrio entre poderes que se va a producir en el Estado Español. Asimismo, advertimos del riesgo que supone esta reforma para la independencia judicial y para la adecuada labor de los jueces españoles de garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos.



viernes, 14 de junio de 2013

SOBRE EL CONVENIO 122 DE LA OIT: INTERVENCIÓN DE HORACIO MEGUIRA EN LA OIT







Horacio Meguira, abogado de la CTA argentina, ha intervenido en el debate celebrado en la OIT, en la Comisión de Aplicación de Normas de la 102 Conferencia de aquella organziación en Ginebra sobre el caso de "España". Su intervención, reflexionando en términos globales y concretos, creo que merece la pena ser conocida. Héla aquí.






El Convenio 122 ademas de ser un convenio de gobernanza se inscribe dentro de los denominado convenios anticíclicos. Se refieren concretamente a medidas activas de los gobiernos para evitar entre otros fines los efectos de los períodos de crisis del capitalismo.
En la actualidad el foco de atención de esta larga crisis global es la situación de los países europeos. Los trabajadores están siendo afectados por un avance sostenido sobre derechos que, a lo largo de gran parte del siglo XX, habían parecido estar fuera de toda discusión. Justamente porque es es espacio geográfico del nacimiento de los mismos expresados en el derecho del trabajo y la seguridad social.
Desde muchos Estados, y en particular desde los organismos multilaterales, se insiste en señalar que las reformas laborales son necesarias para retomar el camino del crecimiento y de la creación de empleo.
Sin embargo, la experiencia de los países de América Latina indica exactamente lo contrario. Las políticas de ajuste profundizaron los efectos pro-cíclicos, agravaron la recesión, e impidieron toda recuperación en el empleo.
Resulta alarmante, la similitud entre las recetas que hoy se imponen en España, y aquellas que se llevaron adelante en América Latina. Las mismas fórmulas, el mismo discurso, las mismas imposiciones, contando en dicho caso con la complicidad necesaria de sangrietas dictaduras militares
Las medidas adoptadas  por el Gobierno de España, que incluyen el establecimiento de un contrato a prueba por un plazo de un año,  medidas destinadas a facilitar y abaratar el despido, el establecimiento de una prioridad en las negociaciones colectivas a nivel de empresa, y  el aumento de las posibilidades de que el empleador modifique unilateralmente las condiciones de trabajo, se emparentan directamente con aquellas reformas laborales que fueron implementadas en muchos países de América Latina en los años '90, como mi país Argentina, que llevaron a muchos de ellos a las crisis económicas y políticas más grandes de la historia reciente.
Por otra parte, las reformas laborales en España demuestran un profundo desprecio por los mecanismos democráticos. Rompen con los compromisos que habían establecido fuertes lazos de comunicación y de diálogo social. Más aún, en el caso de la reforma laboral  del año 2012 el objetivo directo es el debilitamiento de las organizaciones sindicales. Esto ha llevado al maestro Antonio Baylos Grau a afirmar, que estamos en presencia de la des-constitucionalización del trabajo en España.
“Es un fenómeno que trasciende la problemática del “modelo de flexiseguridad meridional”, supone un cuestiona­miento serio del proyecto constitucional que se afirmó en la democracia”. Esto expli­ca la movilización social de resistencia que han enfrentado los sindicatos y movimientos sociales
No existe evidencia empírica que permita vincular la existencia de normas protectorias de los derechos de los trabajadores con la creación de puestos de trabajo. Las reformas laborales implementadas en América Latina no se tradujeron en un crecimiento del empleo, sino que por el contrario, constituyeron un incentivo para del despido a un menor costo.
El caso de España, en los últimos dos años y medio, luego de la reforma del año 2010, se destruyeron casi dos millones de puestos de trabajo), y la tasa de paro alcanzó el 27,2% (más de 6 millones de trabajadores), su máximo histórico. La calidad del empleo también se ha deteriorado, y los contratos temporales alcanzan al 22,1% de los trabajadores, uno de los valores más elevados de Europa.
Sabemos que sin crecimiento económico no habrá creación de empleo, y la austeridad económica va en la dirección contraria a esta prioridad. En el caso español, las reformas laborales de septiembre de 2010 y de febrero de 2012, lejos de mejorar la situación del empleo, lo han empeorado.
No solamente se han destruido puestos de trabajo sino también de precarizar a los sobrevivientes. En efecto el despido sin causa es materia corriente, se ha arrebatado fácticamente la estabilidad, condición del trabajo decente. La nulidad del despido improcedente fue  sustituida en la práctica, por indemnizaciones cada vez más reducidas que no compensan los daños al trabajador.
El mercado de trabajo en España presentó su mayor dinamismo entre los años 1995 y 2007, cuando fue quien más contribuyó para la reducción del desempleo en la Unión Europea. Por el contrario, la destrucción de puestos de trabajo se aceleró luego de la reforma laboral impuesta en el año 2010.
En la Argentina la mayor destrucción de puestos de trabajo se produjo al calor de la implementación de reformas laborales que redujeron los márgenes de protección normativa para los trabajadores, facilitando el despido y priorizando la negociación colectiva a nivel de empresa. La recuperación de  puestos de trabajo en la Argentina hasta el 2007 se produjo sin reformas significativas.-
En paralelo, el objetivo de las medidas de ajuste impulsadas actualmente en los países europeos está directamente vinculado con la necesidad de garantizar la salud del sistema financiero, principalmente de las bancas de los países centrales, quienes durante muchos años registraron enormes ganancias a partir de la utilización de medidas especulativas que al estallar la crisis poseían sus balances muy expuestos a la suerte de los bancos de la Europa mediterránea. De esta manera, las medidas de ajuste que se imponen a los trabajadores tienen como última finalidad garantizar las condiciones de repago de la deuda del sistema financiero, transfiriendo las responsabilidades a los Estados, quienes así han visto deterioradas sus cuentas públicas hasta niveles críticos.
Nuevamente, esta situación presenta puntos de contacto con la crisis de la deuda en los países de América Latina; la solución propuesta por los organismos multilaterales presenta fuertes puntos de continuidad.
En esta Comisión se encuentra el caso de progreso de Islandia, donde el sector financiero no fue el primer destinatario de los programas de rescate. Asimismo, cabe remarcar el repudio generalizado en varios países de América Latina a los organismos multilaterales de crédito debería ser considerado dentro de las alternativas posibles de salida de la crisis.
En definitiva, asistimos a un momento de definiciones, donde la credibilidad del discurso del ajuste se ha agotado y los trabajadores no estan dispuestos a seguir pagando la cuenta originada en una fiesta especulativa, disociada de la economía real, a la que  ni siquiera fueron  invitados.