martes, 28 de diciembre de 2010

LA CUESTION NACIONAL (CATALANA) VISTA POR EL APÓSTATA GIULIANO






Nuestro corresponsal en la Comunidad de Madrid, Giuliano el Apóstata (ma non troppo), nos envía esta reflexión sobre las elecciones catalanas, la sustitución del Tripartit y el contexto en el que se produce la sustitución de la izquierda plural por la derecha nacionalista autodenominada "civilizada" en relación con otras formaciones más asilvestradas. He aqui el texto de este interesante aportación


El debate sobre los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya abre de nuevo la oportunidad de acometer comentarios más generales sobre la situación política, en el contexto de las crisis de múltiple orden que acontecen en esta actualidad galopante. Hacerlo ahora, ya con cierto retraso, me facilitaría tomar posición en relación con otras reflexiones ya formuladas, algo así como cuando en reuniones o asambleas los más avispados toman la palabra al final para referirse a las intervenciones previas y que suelen añadir poco de la propia cosecha. Sin ser esa mi intención, me atrevo a proponer algunas consideraciones.

En primer lugar, los análisis post-electorales indican orientaciones claras acerca de las causas de la recuperación de la derecha nacionalista en ese país, y del viraje más que probable del electorado hacia la derecha, ahora sin adjetivos, en el conjunto de España, para las próximas generales. A mi me interesa detenerme, en todo caso, en lo que apunta a ser un claro determinante diferencial en España, intensificado a partir de estas elecciones, y que, en mi opinión, se sobrepondrá a otros factores también estructuralmente distintivos de la crisis general en nuestro país.

Me refiero a la llamada “cuestión nacional”. Sin entrar en la larguísima y ya tradicional polémica en torno al “ser” nacional, sea de España o Catalunya, cuestión ésta ontológicamente profunda y que acota un territorio intelectual vedado a quien esto escribe, ya que pese a las muchas lecturas al respecto en las que me he empeñado nunca la he acertado a comprender totalmente, al menos en los términos al uso, me parece absolutamente necesario enfrentar el problema de la configuración fiscal y financiera del Estado que vendrá derivado del complejo ajedrez de pactos y alianzas interpartidarias, al nivel catalán y español, en el nuevo escenario, sea cual sea éste, que surgirá inexorablemente tras las próximas elecciones generales.

Me parece significativo que, atrapados en el ánimo de subrayar las diferencias, no se haya generalmente reparado en las similitudes que acompañan a la crisis en todos los territorios del “Estado”. En este sentido, ni el endeudamiento privado, ni la depredación territorial y medioambiental, ni evidentemente el capitalismo “inmobiliario”, con su secuela de corrupción, como hechos que han invadido el imaginario y la realidad española, han dejado libre espacio alguno en todo el país, y, por lo tanto, no existen singularidades territoriales que hayan escapado a esta dinámica, con la excepción relativa, si acaso, del País Vasco y Navarra, por el peso y la potencia de su sector industrial.

En consecuencia, en esta fase de acumulación, de capitalismo global financiarizado, caracterizado por el descontrol y el desgobierno fruto de la impotencia y desbordamiento del marco político-institucional conocido, y que convierte en principales actores y decisores globales a las élites financieras, es decir, a los grandes bancos e inversores institucionales a escala planetaria, el Estado español, todo, se ha revelado como una arena específicamente dotada de problemas propios, que lo hacen más vulnerable que las grandes economías europeas al ataque de aquellos decisores en su incesante e insaciable búsqueda de lucro y beneficios.

Sin embargo, en su relación con la crisis, no se habla de otra especificiidad, la competición interterritorial, si cabe más relevante tras el triunfo de la derecha catalana en las autonómicas de ese país, una derecha con “seny” que por aquello de que “a Dios rogando y con el mazo dando” hará de la supuesta necesidad virtud y de la homogeneidad política de su nuevo gobierno ("ma non troppo") seña de estabilidad antitética a la corte de los milagros en que se convirtió el tripartito en su última etapa ( confusión a la que aportó más que menos ERC y menos que más ICV-EUiA, pero sobre todo un Tribunal Constitucional incapaz de entender la sensibilidad nacional catalana ). Pero que nadie se engañe, a pesar de las cautelas y de la prudencia de Mas-Collel, nuevo Conseller de Economía y no precisamente un aventurerista, el paso a primer plano de la cuestión del “concierto económico” añadirá un factor nuevo de confrontación a la salida de la crisis en España, y, a mi modo de ver, no inclinado a la izquierda.

En una Europa en la que los Estados compiten entre si en depresión salarial y aplicación de políticas de ajuste fiscal, la “padanización” de Catalunya, aunque con “seny”, será un nuevo problema en el conjunto español de cara a la reconducción de las salidas posibles a la crisis en torno a un liderazgo sociopolítico con el anclaje sindical y partidario de las izquierdas reales. Y no cabe mirar hacia otro lado, las izquierdas deben afrontar este problema de una vez y sin complejos, tomando el camino de la verdadera federalidad solidaria y fraternal, para el Reino de España ( como dirían los amigos de SIN PERMISO ), pero también para toda Europa.

GIULIANO APOSTATA

lunes, 27 de diciembre de 2010

CC.OO. y UGT se reunirán el miércoles 29 de diciembre del 2010 para preparar una posible huelga general





CC.OO. y UGT se reunirán el miércoles para preparar una posible huelga general

Secretarios generales de federaciones y territorios de CC.OO. y UGT mantendrán el próximo miércoles una reunión para preparar el terreno de una eventual huelga general, a la espera de que la Comisión del Pacto de Toledo apruebe ese mismo día la redacción definitiva de sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. Podría convocarse para el 26 de enero, dos días antes de que el Gobierno apruebe la reforma de las pensiones.

http://www.nuevatribuna.es/ agencias 26.12.2010
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Los sindicatos se oponen frontalmente a la elevación de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años que propone el Gobierno y que no ha logrado el respaldo de los grupos parlamentarios, según se constata en el borrador de dicho documento.

Sin embargo, en tanto que la decisión sobre la edad lagal de jubilación depende en última instancia del Gobierno, que se ha comprometido a aprobar la reforma el 28 de enero, los sindicatos ya están midiendo los tiempos e incluso han barajado convocar una huelga general el próximo 26 de enero, dos días antes, según las mismas fuentes.

El encuentro de la próxima semana servirá además para "enfocar" todos los asuntos de actualidad que han vuelto a poner a los sindicatos al pie de la pancarta antes cerrar el año.

Así pues, la reunión coincidirá con la votación en Comisión de la redacción final del informe con las 23 recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones derviado de las reuniones del Pacto de Toledo, que finalizaron el pasado miércoles sin unanimidad por parte de PP, ERC-IU-ICV y BNG, que presentarán votos particulares especialmente en materia de edad de jubilación.

Por su parte, los sindicatos vascos ELA, LAB, STEE-EILAS, Ehne e Hiru ya han anunciado su propia fecha. Euskadi afrontará el próximo 27 de enero su undécima huelga general de la democracia. La primera huelga general que se secundó en Euskadi fue la convocada el 20 de junio de 1985 contra el Gobierno de Felipe González y su reforma de las pensiones.

domingo, 19 de diciembre de 2010

EL ATAQUE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA, POR JOAQUIN APARICIO





Como ya se indicaba en la entrada anterior, en el último número de "Insight" se contiene un muy interesante artículo de Joaquín Aparicio en el que aborda los ataques al sistema de Seguridad Social previstos en los próximos meses, sobre la base de algo tan evidente como que la reforma de la Seguridad Social y la ruptura de la solidaridad intergeneracional no tienen que ver con la necesidad de reducir el déficit público. La Comisión Europea está alentando ataques al Estado Social para dar “confianza” a los mercados financieros que han causado la presente crisis, y el gobierno de España sigue de forma suicida esa misma estrategia antisocial. Este es el textod el artículo:

El ataque a la Seguridad Social en España
Joaquin Aparicio




La tercera etapa del programa reformista del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado y otros entes públicos, la congelación de pensiones para 2011 y del desarrollo de servicios sociales, como los de la Ley de Dependencia, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia.

En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ha sido despreciada la vía negocial que se plasmó en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 2010, 2011 y 2012, pactado por sindicatos confederales más representativos Comisiones Obreras UGT y las organizaciones empresariales CEOE-CEPYME. Con dicho acuerdo se pretendió introducir en las relaciones laborales una flexibilidad interna negociada y una disciplina de los salarios en un largo periodo de tres años, que permitiría una estabilidad para ayudar a salir de la crisis. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación. En mayo de 2010, tras la famosa reunión del ECOFIN, se aplicaron las medidas de austeridad de gastos para contener el déficit y en junio se promulgó el RD-L 10/2010 de reforma laboral, que nada tenía que ver con el déficit, pero fue la excusa de la urgente necesidad que hurtó un debate parlamentario auténtico. Todo para conseguir su convalidación, aprovechando el periodo vacacional, antes de la huelga general del 29 de septiembre.

La reforma de la Seguridad Social tampoco tiene que ver con la urgente necesidad de reducir el déficit público aunque solo sea por la evidente razón de que este mismo año la Seguridad Social tendrá superávit. Sin embargo, el Gobierno, haciendo caso omiso de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la urgente necesidad que justifica el uso del Decreto-Ley, ha vuelto a utilizar esta vía con el RD-L 13/2010, de 3 de diciembre, “de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo” que en un totum revolutum sube los impuestos sobre el consumo de tabaco, reduce los directos para las pequeñas y medianas empresas, privatiza parcialmente los aeropuertos rentables y las loterías del Estado, crea 1.500 plazas de orientadores laborales y establece que a partir de 1 de enero de 2011 los funcionarios de nuevo ingreso entraran dentro del campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social en lugar del de Clases Pasivas.

Este último asunto llama la atención. Es cierto que la integración de los funcionarios en el Régimen General es una medida desde hace tiempo considerada adecuada y beneficiosa para el conjunto del Sistema y para los sujetos protegidos. De hecho ya están integrados en éste Régimen los funcionarios interinos y los de las Comunidades Autónomas, pero no se entiende bien donde está la urgente necesidad para que la integración se haya producido tan sorpresivamente en una norma que es un cajón de sastre. En un sistema democrático el respeto a las formas es esencial y la concertación social un valioso instrumento de enriquecimiento de las vías no muy representativas de una democracia dicha representativa.

En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.

La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los catastrofistas, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 2029. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular?

La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema. Pero no cualquier cosa puede ser considerada Seguridad Social. El Tribunal Constitucional en su STC 32/1981 declaró que el legislador ordinario no puede disponer del “núcleo esencial de la institución”, de manera tal que está obligado a “la preservación de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”.

Eso significa “ que no se pongan en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen” (STC 37/1994), siendo uno de esos rasgos, quizá el más importante, el principio solidario que se expresa a través de la consideración conjunta de contingencias y de la ruptura del sinalagma entre las aportaciones que de un modo u otro puedan hacer los sujetos obligados a ello y las prestaciones que reciban, cosa que ya habían hecho en alguna medida los seguros sociales. Es algo complementario a la consideración conjunta de contingencias. Si todo lo aportado va a una Caja Única de la cual saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas, lo que cada uno deba aportar será lo que se establezca en la ley y lo que cada uno debe recibir, será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas.

La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema, que son todos los integrantes de una comunidad políticamente organizada por el Estado. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.

Si no existe relación sinalagmática entre lo aportado y lo recibido, entonces el sistema financiero que tiene que aplicarse necesariamente es el de reparto, es decir, las aportaciones actuales son las que financian las prestaciones actuales. O dicho de otro modo, los actuales activos son los que se hacen cargo de los actuales pasivos. Se trata de una solidaridad intergeneracional.

Aunque solo sea por experiencia histórica los intentos de reforma parten de una aceptación aparente de estos presupuestos, pero tras la apariencia se esconde otra realidad. El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010 el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” o guías generales que han de guiar las conclusiones del Pacto de Toledo para la reforma. Estas determinaciones generales son: sostenibilidad, equilibrio financiero (ni minorando ingresos ni aumentando gastos), respeto a los derechos de los pensionistas (que luego con la congelación de pensiones de junio se ha visto a donde llega), globalidad, es decir, tener en cuenta todas las prestaciones (aunque en realidad se focaliza hacia la jubilación y parece olvidar que ya en 2007 se hizo otra reforma del Sistema), transparencia, equidad, pacto entre generaciones, gradualidad en la aplicación de la reforma, buscar un papel reforzado para la previsión social complementaria, reformar la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acentuar la separación de fuentes de financiación.

Pero el modo en que se entienden algunas de esas “determinaciones estratégicas” muestra una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social que nos obliga a plantearnos a qué Seguridad Social pretenden ir. Algunas pistas ya se dejan ver. Para empezar, como se incidirá, el equilibrio en realidad trata de conseguirse reduciendo la suficiencia de las prestaciones ya de por si modestas (la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009). La equidad la entiende, de un modo erróneo que nada tiene que ver con la idea aristotélica de búsqueda de justicia según principios que tratan de conseguir “una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta”.

El Documento citado entiende la equidad como que “las mayores aportaciones deben ser recompensadas con mayores retornos”, pero se ve obligado a recordar que la Seguridad Social se basa en el principio solidario y de reparto que es contrario a esa falsa idea de equidad, por eso añade que también el Sistema es “de aseguramiento”, como si quisiera decir que hay una matriz de seguro privado en el que hay una relación contractual entre prima, riesgo, alea y reparación. Pero eso en Seguridad Social es como cuadrar el círculo, un sin sentido. Aunque no cabe duda que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización facilitando su aceptación social. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.

L.a jubilación es la estrella de ese Documento para la cual hace propuestas concretas de reforma, como limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, sin indicar muy bien cómo, y de cuya sinceridad hay que dudar desde el momento en que la Ley 35/2010 permite los despidos objetivos preventivos individuales y colectivos aún en empresas con beneficios. Dos aspectos son los más destacables, el primero desplazar la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años y el segundo incrementar las bases de cotización haciendo depender “en grado creciente” las prestaciones de las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE. El 1 de diciembre de 2010 el Ministro de Trabajo dirigió un discurso a Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el que hacía suyo el Documento citado, aunque introdujo algunas matizaciones, como la afirmación de la solidez del sistema de reparto frente a los de capitalización, que perdieron un 20 % en 2008, o dejar sin concretar una edad determinada cuando trató del retraso de la edad de jubilación.

Como otras veces, la necesidad de las reformas se justifica con el manido y falso argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, pero no impide que se siga utilizando, especialmente por la Comisión Europea que desde hace algunos años está continuamente presionado de modo abierto para llevar a cabo reformas en materia de Seguridad Social que llevarían, de seguir esas directrices, a una transformación radical de nuestro Sistema como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas.

El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá mucho más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.

Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros.

El único problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea está alentando ataques al Estado Social, ataques a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.

La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan.

No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras con exigencias de menores cualificaciones profesionales y por lo general no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporan en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, por lo que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral.

Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, elevar la edad de jubilación aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.

Joaquin Aparicio
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla-La Mancha.
Correo electrónico: Joaquín.Aparicio@uclm.es

miércoles, 15 de diciembre de 2010

EL ULTIMO NUMERO DEL AÑO DE INSIGHT


Acaba de salir el último número de INSIGHT, correspondiente al mes de diciembre del 2010. En su presntación multilingüe - inglés, francés, italiano, español y portugués - destaca en el mismo un artículo de Joaquín Aparicio sobre la reforma de las pensiones en España, de extremo interés.
Este es el resumen de su contenido:



Diciembre 2010 / en este número
Insight http://www.insightweb.it/

El año 2010 se cierra con la crisis del euro. Hay aún el peligro de un efecto dominó en ausencia de una solución posible. Sobre este tema versa el artículo de Ruggero Paladini. Euro’s future

En los Estados Unidos, la derrota electoral de Barack Obama plantea la cuestión de la relación con la oposición republicana y la estrategia del partido democrático. Escriben sobre ello desde diferentes puntos de vista Jeff Faux, Forget Obama: Attack the Corporate Money; Thomas Palley Why President Obama is Failing.

Joaquin Aparicio analiza las propuestas de reforma de las pensiones en España y el libro verde europeo sobre este asunto.
El ataque a la Seguridad Social en España.

Marcello Colitti comenta la tradicional hostilidad americana respecto de la política energética italiana y europea, en relación con Rusia. After Wikileaks, a brief history of the Italian-Russian gas connection

Giuseppe D'Aloia interviene sobre la negociación colectiva en Europa a los dos años de la crisis en relación con los incrementos salariales y la defensa del empleo: Tendenze della contrattazione collettiva in Europa.

Tarso Genro observa desde Brasil la crisis del que ha sido el muy aclamado “modelo irlandés” A lição do Tigre Celta

En la sección de Papers

Alessandro Roncaglia discute los orígenes sociales de la crisis.
Jacques Freyssinet analiza los modelos de negociación del empleo en Francia.
Mario Nuti coloca el modelo social europeo en el ámbito de una búsqueda de una improbable Tercera Vía.

En la sección de Views, escritos de Galbraight, Reich, Toscano, McCoy, Williams.

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

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sábado, 11 de diciembre de 2010

Declaración de la CSI el día de los derechos humanos



La preservación de los derechos humanos se relaciona con la existencia de dictaduras o sistemas totalitarios que los impiden o restringen de forma ilícita. Sin embargo, los derechos humanos no sólo pueden ser vulnerados en el espacio público-estatal en cuanto forma de gobierno no democrática, sino que estas laceraciones se producen en Estados democráticos, ante la absoluta permisividad cuando no complicidad activa de las autoridades públicas, y, evidentemente, en los espacios privados de la producción y del dominio del empleador en los lugares de trabajo. Además, y frente a lo que todavía se sigue leyendo en muchos medios de comunicación y en textos de doctrina, los derechos laborales y sociales son precisamente un tipo de derechos humanos cuya preservación y garantía resulta especialmente necesaria. La reivindicación de la OIT sobre el trabajo decente permite integrar este concepto en la exigencia de la vigencia universal de los derechos humanos. A continuación se transcribe la nota de la Confederación Sindical Internacional que conmemora esa efeméride. En la foto, los participantes en un seminario internacional en Toledo, comentan favorablemente la presencia real de la CSI en muchos espacios decisivos de la globalización y por su actividad muy enérgica en materia de información y comunicación de su ideario.


Declaración de la CSI sobre el Día de los Derechos Humanos



Bruselas, 10 de diciembre de 2010: Los derechos humanos fundamentales están amenazados en todas las regiones del planeta y, en particular, el respeto por los derechos de los trabajadores y trabajadoras está siendo socavado a medida que éstos se ven cada vez más forzados a soportar la carga de la crisis económica mundial, contraviniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo.

En este día – el Día Internacional de los Derechos Humanos – vivir bajo una dictadura absoluta sigue siendo la realidad de decenas de millones de personas, en Birmania, Corea del Norte y en muchos otros países, mientras que la comunidad internacional no tiene la capacidad, o la voluntad, de hacer que los derechos humanos y la democracia sean verdaderamente universales.

Los sindicalistas siguen siendo el blanco de arrestos, encarcelamientos y agresiones, con un tremendo incremento del 30%, en comparación con el año anterior, en las cifras de asesinatos de sindicalistas que han sido documentados en el último Informe Anual de la CSI. En Colombia, que una vez más se lleva la palma por el mayor número de asesinatos de defensores de los derechos de los trabajadores, se reunirán hoy sindicalistas en Bogotá y en otras ciudades para exigir el respeto por los derechos sindicales y otros derechos humanos. Los defensores de los derechos de los trabajadores en Filipinas, Guatemala, Guinea, muchos Estados del Golfo y otros países del mundo se enfrentan a una represión y violencia constantes. La represión brutal de la actividad sindical legítima sigue siendo lo normal en Irán, donde el 9 de mayo el docente sindicalista Farzad Kamangar fue ejecutado junto con otros cuatro sindicalistas. La CSI se opone firmemente al uso de la pena de muerte, que se sigue aplicando en más de 30 países, entre ellos China, Arabia Saudita, Pakistán, RD del Congo, Egipto y EE.UU.

El ganador del Premio Nóbel de este año es especialmente notable por tratarse de Liu Xiaobo, que se encuentra cumpliendo una condena de cárcel de 11 años impuesta por las autoridades chinas en 2009. China ha lanzado una campaña internacional para disuadir a los países de que asistan a la ceremonia del Premio Nóbel, y supuestamente ha detenido o impuesto restricciones a varios centenares de seguidores de Liu en el interior de China. Decenas de activistas sindicales han sido encarcelados en China a lo largo del año pasado, hinchando los rangos de los que ya se encuentran en prisión o en campos de trabajo.

La crisis económica mundial ha supuesto una mayor erosión de los derechos básicos para decenas de millones de trabajadores y trabajadoras. Los más vulnerables, en particular los trabajadores migrantes, han sufrido en muchos casos unas violaciones de sus derechos aún peores que antes. Para un número aún mayor de trabajadores, las medidas de austeridad han conllevado al deterioro de los derechos a la negociación colectiva, dado que muchos gobiernos, a petición de los mercados financieros, están poniendo la carga de la recuperación económica a espaldas de las personas normales y corrientes.

El movimiento sindical, con su sólido compromiso con la democracia, la solidaridad, la equidad y la plena expresión de los derechos humanos, se sitúa al frente de la lucha contra la discriminación, la represión y la explotación. A través de sus propias acciones, y trabajando con otros defensores de los derechos, los sindicatos de todo el mundo reafirman su determinación en este día internacional de los derechos humanos para alzarse en defensa del respeto universal de los derechos humanos fundamentales para todas las mujeres y todos los hombres, sin excepción.
Puede descargarse el Informe anual de CSI del 2010 sobre la violación de los derechos sindicales en http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es

domingo, 5 de diciembre de 2010

ENTREVISTA A FRANCISCO GUALDA: LA ESTRATEGIA JURÍDICA DEL SINDICATO FRENTE A LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA







El diario digital Nueva tribuna entrevista a FRANCISCO GUALDA
Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO
“La Reforma Laboral no acaba con la publicación en el BOE”

Los sindicatos se movilizan en todos los frentes. La ofensiva es muy seria y, en este caso, CCOO ha puesto en marcha la poderosa maquinaria de sus servicios jurídicos y ha convocado en estos días a la “inteligencia jurídica” para debatir sobre los aspectos de la Reforma Laboral y elaborar una estrategia de actuación también desde la óptica jurídica.


nueva tribuna 28.11.2010
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La expectación y la respuesta ha estado a la altura de la situación y han participado en las jornadas celebradas en Madrid, los pasados días 25 y 26 de noviembre, más de 850 juristas y expertos laborales. La organización la ha llevado a cabo la Fundación 1º de Mayo y el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO cuyo director, Francico Gualda, es una persona clave en el conjunto de los servicios jurídicos del sindicato. Los prestigiosos abogados laboralistas de CCOO ya están en marcha.

P. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas?

R. Las jornadas han servido para efectuar un análisis jurídico de los principales efectos de la reforma laboral llevada a cabo por la Ley 35/2010. Nos hemos centrado en los tres temas que suponen los aspectos centrales de la reforma: el alcance de la flexibilización en los mecanismos de extinción del contrato de trabajo, que nos ha de servir para evidenciar hasta donde se la lesionado el derecho a la estabilidad en el empleo; las novedades en materia de contratación e intermediación laboral, y como afecta a la eficacia de la negociación colectiva sectorial, ante los nuevos mecanismos de modificación y descuelgue para intentar privar de efectos generales a los convenios sectoriales.

P. Resulta impresionante la capacidad de convocatoria. Los abogados laboralistas y los servicios jurídicos de CCOO siempre han demostrado su fortaleza.

R. Hemos recibido más de 750 inscripciones previas, y otras muchas se han realizado en el mismo acto, lo que ha representado una participación de más de 850 asistentes. Estos provienen, en una parte considerable, del conjunto de los servicios jurídicos de CCOO y también de las estructuras sindicales que más activamente intervienen en la negociación colectiva y en los expedientes de regulación de empleo. También se han inscrito un importante número de profesores del ámbito de Derecho del Trabajo de la mayor parte de las universidades. También hemos contado con la participación de otros profesionales de las relaciones laborales, consultores, Inspección de Trabajo, así como un destacado número de integrantes de los Juzgados y Tribunales de lo Social.

El Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO organiza regularmente dos jornadas de estudio al año, con sedes en Madrid y Albacete, respectivamente, y ya vamos por la 38 edición, y son un referente en el panorama nacional del Derecho del Trabajo. Esta convocatoria ha generado enormes expectativas, precisamente por la trascendencia de la reforma y la necesidad de reforzar la intervención del sindicato en el nuevo escenario que se nos presenta.

P. ¿Existe margen de debate jurídico en la interpretación de la reforma?

R. Realmente la reforma laboral no acaba con la publicación en el BOE del texto legal, sino que somos conscientes de que deja espacios para que operen diversas opciones interpretativas en los temas esenciales. En última instancia, será la doctrina judicial mayoritaria y la posición definitiva del Tribunal Supremo, y en su caso el Tribunal Constitucional, los que tengan que determinar los efectos prácticos que la nueva regulación tiene para los trabajadores. Es aquí donde resulta decisivo poner las bases para que la aplicación de las normas sea lo menos lesiva posible de los derechos laborales, individuales y colectivos.

P. ¿Se ha elaborado una estrategia ante la Reforma Laboral?

R. La respuesta desde las organizaciones sindicales a la reforma laboral ha sido, esencialmente, la respuesta sindical a través de la movilización y el conflicto. Pero igualmente se ha abordado una estrategia jurídica, que tiene como objetivo último que entre las diversas opciones que plantea la nueva regulación, se rechacen las que suponen una mayor degradación de los derechos laborales. Ello exige un análisis de los problemas que plantea la reforma, pero también la articulación de una respuesta que haga valer los principios consagrados en nuestro sistema constitucional así como en la legislación comunitaria.

La causalidad del despido, el derecho de libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la eficacia de la negociación colectiva, y la legitimidad en la aplicación de los recursos públicos, son principios jurídicos que necesariamente tienen que influir a la hora de integrar la nueva regulación, y que tienen la capacidad de rechazar determinadas conclusiones que son incompatibles con nuestro modelo de relaciones laborales.

Para ello hemos elaborado un documento de análisis a partir de las jornadas de trabajo que hemos mantenido con el conjunto de los servicios jurídicos así como las estructuras de acción sindical de los que dispone de CC.OO. en todos los territorios y sectores, y que representan más de 600 especialistas. Queremos que las conclusiones se trasladen a la defensa de los trabajadores mediante la acción de los servicios jurídicos de CC.OO. y la intervención sindical en los conflictos laborales.

P. ¿Se han empezado a notar ya los efectos de la aplicación de la Reforma?

R. Claro que la reforma ya tiene efectos pues está en vigor desde mediados del mes de junio pasado. Pero valorar los efectos exige un doble análisis: los supuestos efectos positivos en los que se ha querido justificar brillan por su ausencia, pues en nada a contribuido a reducir el desempleo, ni ha potenciado la contratación indefinida, ni ha facilitado la adaptación de las empresas. Pero sabemos que estamos en una fase en la que se están fijando las posiciones estratégicas de las empresas, de la mano de las grandes consultoras, para trasladar la reforma a la práctica en términos de mayor flexibilidad y fortalecimiento del poder empresarial.

P. ¿Qué aspectos destacas como más negativos?

R. Ahora estamos en el debate de la aplicación de la reforma laboral y queremos intervenir en el mismo desde el principio y de forma sistemática y coordinada, para atajar las lecturas que convierten el despido por causas objetivas en un mero acto de gestión empresarial. También tenemos el reto de reconducir el despido expres, al que la reforma laboral le da nuevas funcionalidades, y nos obliga a erradicar las interpretaciones que lo consideran exento de cualquier control judicial, así como susceptible de subvención por el Fogasa. Por otra parte, la reforma diluye la capacidad de ordenación de las condiciones de trabajo de los convenios sectoriales, que es la única base de los derechos laborales para la inmensa mayoría de los trabajadores. Esta cuestión, curiosamente ya ha sido advertida por numerosas organizaciones patronales, que son proclives a reforzar la causalidad del acuerdo de descuelgue por considerarlo, en muchas ocasiones, una mera vía de dumping social, que no sólo perjudica a los trabajadores afectados, sino a los sectores económicos más competitivos.

P. ¿Existe plena garantía constitucional de todos los aspectos de la Reforma?

R. De forma resumida, desde el Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO. hemos puesto en evidencia al menos los siguientes aspectos de la reforma laboral que son incompatibles con el modelo de relaciones laborales que garantiza nuestra Constitución: la ordenación del despido por causas técnicas, organizativas o productivas, que lo convierte en instrumento ordinario de gestión de personal en lugar de la última medida ante las dificultades de la empresa. Hemos hecho una interpretación sistemática de las causas de despido que sea compatible con que la extinción se produzca por un motivo suficientemente justificado, y nunca por la mera discrecionalidad empresarial lo que impide la propia doctrina del Tribunal Constitucional y el Convenio 158 de la OIT.

También nos parece que la posibilidad de que el despido improcedente pueda ser objeto de subvención por el Fogasa es contrario a la Constitución, lo mismo que la supresión de las garantías jurídicas y sindicales ante el despido objetivo, que impide al trabajador su defensa al no conocer las causas del despido, e impide la intervención sindical ante la reestructuración de la empresa al no darse traslado del cese a los representantes sindicales.

Por otra parte, entendmos que la lesión de los derechos fundamentales no puede sustituirse por una compensación económica, que es lo que entiende la reforma laboral. Igualmente, la flexibilización completa del descuelgue del convenio sectorial, lesiona la garantía constitucional de la negociación colectiva y su carácter vinculante.

Y lo mismo sucede con la facultad reconocida expresamente al empresario de dejar de aplicar los propios acuerdos de empresa, máxime cuando se puede justificar en razones de simple mejora del excedente o del beneficio.

Por ello nos interesa poner en evidencia una aplicación de la reforma conforme a la Constitución. Muchas de estas cuestiones se han planteado en estas jornadas de estudio, y el contraste de opiniones nos ha permitido ver que se han incorporado al actual debate jurídico, siendo compartidas desde amplios sectores de la universidad y la judicatura.



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JAVIER LÓPEZ Y LOS HOMBRES GRISES





En el blog de Javier López, se puede leer una hermosa perífrasis sobre un cuento de Michel Ende y el acoso de los mercados financieros y del capitalismo especulativo a los derechos de los trabajadores y al modelo social europeo. La movilización prevista por los sindicatos españoles para el dia 18 de diciembre se inscribe por tanto en ese proceso de rechazo y de resistencia - que será largo - a la ofensiva neoliberal que erosiona los estándares fundamentales de la ciudadanía social.
Este es el enlace:

viernes, 3 de diciembre de 2010

INJERENCIA ANTISINDICAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN MÉXICO






En México, donde la persecución de los sindicatos democráticos es una práctica extendida de los poderes públicos y del empresariado, con la complicidad del sindicalismo corporativo, tal como denunció el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, se ha hecho pública la solicitud del Sindicato Nacional Minero a la Cámara de Diputados para que se realice un juicio político contra el Secretario (Ministro) de Trabajo y Previsión Social del Gobierno mexicano, que, entre otras actividades ilícitas, ofreció a exponentes sindicales la liberación de un dirigente sindical a cambio de la renuncia del derecho de huelga y otras concesiones al sindicato minero. Utilizó por tanto como un rehén al dirigente sindical con finalidades claramente ilícitas. La situación de deterioro democrático en México debería merecer un análisis más amplio en los medios de comunicación europeos, solo preocupados por el problema del narcotráfico y las víctimas mortales que deja esa verdadera batalla. A continuación se inserta la nota de prensa y el comunicado del Sindicato Nacional Minero, enviado por el licenciado Jorge Campos Miranda.




El pasado jueves 25 de noviembre el Sindicato Nacional de Mineros presentó ante la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la denuncia de juicio político en contra del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Aun cuando Lozano afirme que "no le preocupa", primero deberá acreditar su inocencia ante hechos que directamente le involucran y que serán materia de ampliaciones de la denuncia.

El documento, de 228 páginas, revela claramente las conductas violatorias del estado de derecho que se le atribuyen y fundamenta los cargos en sucontra.

Destaca, entre muchas, que en su viaje a Estados Unidos y Canadá de mayo de 2010, Lozano Alarcón ofreció a Sindicatos internacionales como los United Steel Workers, USW, y la Federación Americana del Trabajo, AFL-CIO, liberar a nuestro compañero Juan Linares Montúfar, Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia de nuestra Organización Sindical, y descongelar los fondos sindicales, a cambio de que el Sindicato Minero renunciara al derecho a la huelga y entregara la mina de Cananea a Grupo México, violando con esto sus funciones y responsabilidades como titular de una dependencia pública federal, actuando como fiscal, juez y verdugo en este caso, extorsión que no le fue aceptada.

Cabe recordar que el secretario Lozano insistió en el pasado que "en su Secretaría no se tratan asuntos penales". Sin embargo, su oferta de liberar a nuestro compañero Linares y además descongelar las cuentas bancarias retenidas ilegalmente por la PGR, no sólo acredita que sí trata asuntos penales sino que también ofrece resolverlos.

En reiteración de esta conducta, Álvaro Castro Estrada, entonces subsecretario, en nombre de Lozano Alarcón, afirmó en presencia de un alto funcionario de los United Steel Workers (USW) de Estados Unidos y Canadá, que ese resultado (la liberación de Juan Linares y el descongelamiento de cuentas), se podría dar siempre que el Sindicato Minero renunciara a la defensa de los trabajadores de Cananea y se entregara la mina a Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Ello se traduce también en una clara extorsión, que desde luego igualmente no fue aceptada.

A continuación se enlistan las conductas que se le atribuyen, por ahora:

1.- Perseguir ilegalmente a la dirigencia sindical, participando directamente en la planeación de acciones del orden penal en contra de dicha dirigencia del Sindicato Minero.

2.- Ha participado en la planeación de acciones tendientes a congelar cuentas bancarias del Sindicato Minero --así como mantenerlas ilegalmente aseguradas durante más de 4 años--, a fin de pretender asfixiarlo económicamente.

3.- Ha privilegiado los intereses de Grupo México y de otras empresas, en perjuicio de los derechos de los trabajadores del Sindicato Minero, así como de su dirigencia nacional.

4.- Ha intervenido en acciones tendientes a que Grupo México substituya al Sindicato Minero por Sindicatos blancos, sometidos a sus intereses.

5.- Ha intervenido directamente en acciones por virtud de las cuales se ha negado a "tomar nota" de las resoluciones adoptadas democráticamente por el Sindicato Minero, violando con ello la autonomía y la libertad sindical, proclamada en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscrita en 1950 por el gobierno mexicano.

6.- Por lo tanto, ha irrumpido en contra de la libertad y la autonomía sindical, convirtiéndose en un fabricante de sindicatos "blancos" a través de individuos descalificados que se prestan a esas simulaciones contra los derechos de los trabajadores.

7.- Ha utilizado los conductos oficiales de comunicación de la Secretaría del Trabajo para atacar al Sindicato Minero, a sus dirigentes, a los trabajadores de base, violando su función conciliadora entre las partes obrera y patronal, que le establecen tanto la Ley de Secretarías de Estado como la Ley Federal del Trabajo.

8.- Ha fijado políticas públicas en su ramo --mediante comunicaciones de difusión general dentro de la página institucional de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social--, por virtud de las cuales ataca la libertad y la autonomía sindical, la dignidad y la honra de los dirigentes del Sindicato Minero, el derecho de huelga y sobre todo, ha tomado partido abiertamente para intentar destruir a un Sindicato democrático.

9.- Ha privilegiado la formación de Sindicatos "blancos" en el ramo minero, no sólo en el caso del Sindicato Minero ante Grupo México.

10.- Ha viajado al extranjero a fin de reunirse con organizaciones sindicales internacionales a efecto de ofrecer la liberación de Juan Linares Montúfar (indebidamente privado de su libertad personal), así como el levantamiento de los ilegales aseguramientos de cuentas bancarias, pero después de ello pretendió extorsionar al Sindicato Minero -con la presencia de un alto dirigente sindical extranjero-, al solicitar a cambio de ello que la Organización Sindical entregara a Grupo México la mina de Cananea y concluyera con la huelga declarada legal.

11.- Ha difundido hechos falsos y calumniosos en perjuicio del Sindicato Minero, sus dirigentes y los trabajadores de base, mediante manipulación y presiones sobre los medios de comunicación.

12.- Ha auspiciado la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo en Cananea, Sonora, y en Taxco, Guerrero, con base en causales no previstas en la ley, a sabiendas de que es falsa la premisa de fuerza mayor.

13.- Ha permitido e incluso ha impulsado que se reactive la explotación de la mina de Cananea, con la contratación de trabajadores no sindicalizados y esquiroles pertenecientes a un sindicato "blanco", a pesar de que supuestamente dicha fuente de trabajo se vio afectada de una causa de fuerza mayor lo cual le impide --según se dijo--, el que pueda volver a operarse.

14.- Ha reconocido a dirigencias sindicales falsas mediante la entrega inmediata de "tomas de nota" a sindicatos "blancos", a pesar de existir situaciones análogas con aquellas que le fueron rechazadas al Sindicato Minero, con lo que se siguen criterios parciales y absurdamente contradictorios, violatorios de la autonomía y la libertad sindical.

15.- Ha propiciado el uso de la fuerza pública en contra de los trabajadores del Sindicato Minero en múltiples ocasiones.

16.- Ha actuado con parcialidad dolosa en perjuicio del Sindicato Minero, sus dirigentes y sus trabajadores agremiados.

17.- Ha declarado con falsedad ante los Senadores de la República respecto al conflicto minero.

18.- Ha sostenido reuniones de trabajo para efecto de tratar asuntos penales que no le competen --relacionados con el conflicto minero--, aun cuando públicamente refiere que en su Secretaría "no se tratan asuntos penales".

19.- Ha intervenido directamente en impulsar y generar disidencias del Sindicato Minero a efecto de privilegiar, como hemos dicho, sindicatos blancos en "beneficio" de Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y Altos Hornos de México de Alonso Ancira Elizondo.

20.- Ha sido permisivo con Grupo México a fin de que ingresen a la mina de Cananea trabajadores ajenos al Sindicato Minero sin capacitación ni preparación en la materia, con lo que se han gestado graves accidentes, sin haber fincado responsabilidad alguna para la empresa y en detrimento de vidas humanas e integridad física de los trabajadores ilegalmente contratados.

21.- Ha sido irresponsable y cómplice de Grupo México en la tragedia de Pasta de Conchos al no atender a los trabajadores, ni al rescate de los cuerpos de mineros muertos, y desde luego al no investigar las causas reales de la explosión ni proceder al castigo de los culpables.

22.- Ha permitido que las empresas mineras mantengan condiciones absolutamente irregulares en materia de seguridad e higiene industrial, lo que ha propiciado graves y fatales accidentes.

23.- Ha mostrado una absoluta falta de respeto en cuanto a cumplir el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de respeto a la autonomía y libertad sindical, que es Derecho vigente ya que México lo suscribió en 1950 y está por encima de todas las leyes mexicanas, salvo la Constitución.

Desde este acto se hace público que se ejercerán todos los derechos a efecto de que se sancione al servidor público en cuestión, con su destitución del cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

sábado, 27 de noviembre de 2010

VIENTOS NEOLIBERALES: EMPRESAS TRANSNACIONALES Y VIETNAM





Mientras en Europa los "mercados financieros" insisten en una escalada especulativa que genera un conjunto de reformas radicales que afectan a las pensiones, el mercado de trabajo, los salarios y la negociación colectiva, las prestaciones de desempleo, las políticas activas de empleo y la política social (básicamente, la educación-formación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social), en otras partes del globo las posiciones de las Empresas Transnacionales europeas muestran su cara más agria en la defensa de la explotación laboral de ciudadanos de "terceros países".

En ese sentido, la Confederación Sindical Internacional ha criticado de forma enérgica la posición de la Cámara de Comercio europea en Vietnam (EuroCham), que ha esgrimido la amenaza de retirar las inversiones europeas del país si se aumenta el salario mínimo de los trabajadores del mismo. Es una agresión en toda regla a las iniciativas de aquel país de ir mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores, y una injerencia inaceptable en el ámbito de la soberanía de Vietnam.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, describió la posición de la EuroCham como "una intervención ofensiva en la política salarial de Vietnam, en un momento en que muchas empresas extranjeras en realidad experimentan dificultades para atraer trabajadores debido a los bajos salarios que ofrecen. Las empresas europeas no deben tratar de exportar sus salarios de miseria a Vietnam ni a cualquier otro lugar; los ingresos decentes son esenciales para el crecimiento y el desarrollo económicos.”


Por su parte, John Monks, secretario general de la CES, afirmó que la CES espera que las empresas europeas contribuyan al trabajo decente y el desarrollo sostenible en sus países de acogida. Señaló que la Unión Europea (UE) ha insistido constantemente en que se incluyan cuestiones de desarrollo sostenible en los acuerdos o tratados de libre comercio (TLC) con terceros países, de conformidad con estos objetivos. La UE tiene previsto iniciar negociaciones con Vietnam sobre ese tratado de libre comercio.

En una carta dirigida al Comisario responsable de Comercio, Karel De Gucht, instó a la Comisión a pedir a la Cámara de Comercio europea, la cual según conocimiento de la CES recibió el apoyo de la Comisión, "que se abstenga de hacer declaraciones que sólo pueden socavar el desarrollo de relaciones comerciales adecuadas con Vietnam".

Enlace a la carta de la CES al Comisario europeo de Comercio (sólo en inglés): http://www.etuc.org/IMG/pdf/251110_Karel_de_Gucht.pdf

sábado, 20 de noviembre de 2010

SINDICALISMO COLOMBIANO Y EMPRESAS TRANSNACIONALES


En el marco del Programa de Autorreforma Sindical, aprobado en el Plan de Acción de la Confederación sindical de las Américas (CSA-CSI) para 2008-2012, que dirige Victor Báez (en la foto con Guillermo Gianibelli), se ha situado como uno de sus ejes centrales la promoción de la sindicalización y la negociación colectiva. En un seminario realizado en Lima en octubre del 2010, se han aportado varias experiencias nacionales funcionales a esta finalidad estratégica del sindicalismo latinoamericano, de entre la que se destaca la que ha realizado la CUT colombiana que se recoge a continuación en un documento - programa que es obra de Jaime Goyes Luna, miembro de la Ejecutiva nacional de la CUT.




En el marco general de renovación que fue la característica del V Congreso de la cUT, se plantea la necesidad de fortalecer el movimiento sindical a través de procesos de centralización y coordinación de actividades. En esta estrategia se destaca la nueva estructuración de Departamentos, concentrando en esta propuesta las áreas funcionales, que antes incluían Secretarías.

Uno de estos nuevos Departamentos es el de Asuntos Relacionados con Empresas Transnacionales y la Responsabilidad Social Empresarial el cual, según parece, es la primera estructura de este tipo en una central o confederación de la región latinoamericano-caribeña, y seguramente una de las pocas a nivel mundial.

La creación de este Departamento fue resultado del trabajo previo adelantado desde la anterior Dirección de la Central, en el sector de trabajadores de las empresas multinacionales, específicamente por la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Laborales, que contribuyó con una Declaración Política sobre el tema, en el marco del Seminario “La responsabilidad social empresarial y los derechos laborales en las empresas multinacionales” (Bogotá, julio 2006), realizado con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

Inicialmente, se estructuran unos Comités sindicales de empresa multinacionales (COSEM), con alguna presencia en el Departamento de Antioquia que impulsan importantes actividades de denuncia. Pero, a partir del V Congreso, los Estatutos de la CUT determinan que el nuevo Departamento es quien en nombre de la Central dirige y es responsable de coordinar las políticas de organización, fortalecimiento y defensa de estos trabajadores.

Asimismo, los Estatutos determinan que cada uno de los Departamentos funcione con un equipo nacional integrado con directores de las subdirectivas y de los sindicatos por rama de actividad económica, así como equipos regionales de cada Departamento. El Equipo Nacional de Apoyo se reúne al menos en dos ocasiones al año, y los equipos regionales al menos una vez mensualmente.

La Resolución que dio origen al Departamento señala que:

- A nivel mundial, el fenómeno de la globalización propicia la expansión del modelo económico neoliberal, la eliminación de las fronteras para la inversión extranjera y el comercio exterior, la presencia y proliferación de las transnacionales, que intervienen la política pública de los países atrasados cuyos gobiernos clamen por mayor inversión extranjera sin ningún tipo de obstáculos jurídicos.
- Las transnacionales, en su afán de ganancia y de eludir sus responsabilidades legales, acuden a la figura RSE para proyectar una imagen positiva empresarial ante la sociedad, con contenido sustancialmente seudo filantrópico.

El Departamento ha realizado VII Encuentros Nacionales de Sindicatos en los años 2008, 2009 y 2010. El último precisamente se desarrolló en el mes de julio 2010. con participación de cuatro Subdirectivas (Guajira, Tolima, Nariño, Valle) y la presencia de 45 delegados de los sindicatos nacionales de las multinacionales, que discute el balance de coyuntura política, económica y sindical que define la suerte vivida por los trabajadores de este sector. También se han realizado III Seminarios Nacionales de Directores del Departamento.

En su último Encuentro, se renovó este enfoque con las siguientes definiciones:

- Las transnacionales en Colombia, además de las atractivas garantías ofrecidas por el gobierno nacional en cuanto a exenciones tributarias, flexibilización laboral y jurídica, encuentran en el país un terreno abonado para actuar a sus anchas, desconociendo absolutamente todas las normas nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, y además generan impactos preocupantes en el medio ambiente, con perjuicios incalculables a las comunidades donde tienen influencia sus operaciones.

- Las transnacionales tienen penetradas todas las áreas y ramas de la economía nacional (con muy escasas excepciones). A través de la compra de empresas nacionales a bajo costo, la inversión extranjera directa se orienta hacia la extracción y explotación de recursos naturales, sin generar fuentes de trabajo, y fomentando los despidos masivos. Vincula mediante la modalidad de la tercerización a trabajadores que fueron despedidos o retirados, sin reconocerles ningún tipo de derechos, mientras al sector de trabajadores organizados que sobreviven se les desconoce su derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, a su estabilidad, se los persigue y aniquila.

Asimismo, este Encuentro actualizó la información sobre avances en el trabajo del Departamento. Además de la realización de estos encuentros y seminarios:

- consolidación del Departamento y del Equipo Nacional.
- discusión y aprobación de una Agenda sindical para el sector, planteando líneas estratégicas para la coordinación, fortalecimiento y movilización de los trabajadores de estas empresas.
- Importante participación en los escenarios internacionales.
- Promoción del análisis, debate y profundización en temas de interés del sector de trabajadores de transnacionales.

El Encuentro también reconoció dificultades en cuanto a la debilidad organizativa de la CUT en el sector de multinacionales, persistiendo la dispersión y atomización sindical.

Algunos de los elementos más detallados de este Encuentro son:

Misión. Organización, articulación y coordinación internacional de la lucha de los trabajadores y la defensa de las comunidades bajo la influencia de transnacionales.

Visión. Ser el Departamento que apoye la lucha de los sindicatos y de los trabajadores de transnacionales.

Objetivos:
- Investigar los impactos económicos, sociales, laborales y medio ambientales de las transnacionales en Colombia.
- Fortalecer la organización, formación y acción de los trabajadores contra la globalización y los impactos negativos de la inversión extranjera directa, a través de las Subdirectivas y los sindicatos de empresas transnacionales.
- Conformar redes sindicales nacionales y subregionales.
- Impulsar la negociación colectiva.
- Confrontar las normas del Pacto Mundial, Directrices OCDE y Declaración de OIT sobre Empresas Multinacionales.

Líneas de acción estratégicas:
- Educativo: formación del líderes sindicales
- Asesoría sindical: acompañamiento a los sindicatos en su accionar y lucha.
- Organización: fortalecer la organización, movilización y denuncia. nacional e internacional contra la deslaboralización y tercerización, y el desconocimiento de la libertad sindical.
- Relaciones Internacionales: con organizaciones sindicales y sociales vinculadas con multinacionales en América y el mundo: CSA/CSI, GTTN, Redlat, Red Global, FESUR, FNV, ENS.
- Investigación: banco de información sobre las transnacionales, e incidencia en la construcción del concepto de RSE.

En el campo internacional, el Departamento ha participado de varias actividades sobre transnacionales: Seminario regional CSI/CSA sobre Normas ISO (Sao Paolo, enero 2009), Seminario Regional del GTTN sobre Estrategia sindical en las Instituciones Financieras Internacionales (Montevideo, noviembre 2009), Seminario regional CSA-OIT-TUAC Acción sindical ante las Multinacionales: Declaración de OIT y Directrices OCDE (Buenos Aires, abril 2010), Reunión Redlat sobre Tercerización (Sao Paolo, septiembre 2010), Reunión TUAC-OCDE (París, septiembre 2010).

Finalmente, una de las tareas prioritarias es buscar la financiación de un proyecto de fortalecimiento organizativo, que permita consolidar la ejecución de su plan estratégico, no solamente en el campo de la actividad sindical relativa a las multinacionales sino fundamentalmente en las tareas de coordinación orientadas tanto `por la CSI como por la CSA.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

NUEVO NUMERO DE INSIGHT (NOVIEMBRE 2010)







Noviembre 2010 / En este número






Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

La derrota electoral de Barack Obama y las divisiones en la Unión Europea parece confluir en el agravamiento de la crisis. Pero las políticas que se realizan a ambas orillas del Atlántico se inspiran en líneas diferentes. En América del Norte el debate se centra en la necesidad y la eficacia de las políticas económicas keynesianas, mientras que en la Unión europea la llamada “política de austeridad” coloca en primer plano los paradigmas neoliberales que la crisis parecía haber eliminado. En ambos casos lo que está en juego son las políticas institucionales que regulan las dinámicas del mundo del trabajo y el desarrollo del Estado social. A estas problemáticas responden los artículos seleccionados en este número, que se apoyan asimismo en un conjunto de intervenciones recogidas en la sección de papers, entre los que destaca una aportación de nuestro querido amigo y compañero, miembro del consejo editorial de esta Revista, Massimo Roccella, reciente y abruptamente desaparecido.

ARTICULOS

Mario Nuti : EUROPEAN SOCIAL MODEL AND US MODELS COMPARED
.
Antonio Lettieri: LABOR INSTITUTIONS AND UNEMPLOYMENT - COMPARING THE US AND GERMANY
.
Klaus Nielsen: AUSTERITY - AN IDEOLOGICALLY GAMBLE WITH THE BRITISH ECONOMY .


Bruno Amoroso : EUROPE,EUROPE"
.
Marcello Colitti : EMERGING ECONOMIES BONANZA ?



Antonio Baylos : EL PANORAMA ESPAÑOL DESPUES DE LA REFORMA LABORAL Y DE LA HUELGA GENERAL
.
James K. Galbraith : ON THE ECONOMICS OF DEFICITS
.
William Greider : THE END OF FREE-TRADE GLOBALIZATION

PAPERS




• Il fascino (non tanto) discreto della frode nel mercato del lavoro, de Massimo Roccella
• The Myth of Expansionary Fiscal Austerity , de Dean Baker
• Reforma laboral y estrategia de politica economica en España, por Jorge Uxó González
• France - Dette Publique et crise, de Joël Maurice
• El déficit público español en perspectiva europea, por Manuel Lago



V I E W S

David Bromwich: The Fastidious President
Robert Reich : America's Two Economies, and Why One Is Recovering and the Other Isn't
Estado de S.Paulo: Presidente Lula defende em Seul um Estado ''forte''
Luciano Gallino: Europa - Il modello sociale perduto
CC.OO y UGT: Alternativas sindicales, Derechos y Estado social
Lawrence Mishell : Top group takes large slice of income growth
Joan Fitzgerald and Joseph McLaughlin : On track to jobs

Los lectores interesados en recibir el boletín de novedades de INSIGHT deben registrarse en la página (a la izquierda, en la pestaña en la que se lee “register”).


Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board: Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis;Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Massimo Roccella; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

lunes, 15 de noviembre de 2010

MENSAJE DE UMBERTO ROMAGNOLI AL XIX ENCUENTRO DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS EN RELACIONES LABORALES




El XIX Encuentro de Expertos latinoamericanos que se ha ido reseñando en estas páginas, no pudo contar con la presencia física de Umberto Romagnoli. Sin embargo el maestro envió a través de Pedro Guglielmetti un mensaje escrito en el que relaciona los dos grandes temas del Encuentro y les da una proyección de futuro muy atractiva. En la foto, Umberto Romagnoli conversa en Toledo, en el curso de septiembre de este año, con una de las coordinadoras del mismo, Rosario Gallardo.

A continuación reproducimos el mensaje enviado por Umberto Romagnoli con motivo del XIX encuentro de Viña del Mar (Chile), que puede consultarse en bilingüe en el blog del encuentro: (http://btclm19.wordpress.com )

Queridos amigos:

Confieso que las temáticas del encuentro de hoy me han suscitado mucha curiosidad. Por un lado porque el tema de la familia es absolutamente nuevo para nuestros encuentros, por otro porque la razón de su combinación teórica con el tema de la huelga no resulta inmediatamente clara. Esta razón sin embargo, al final, la encontré. La combinación de los dos temas tiene un valor eminentemente simbólico. En este sentido: si la huelga significó la evolución histórica del derecho laboral, y por eso pertenece a su pasado, la familia representa una “avanzada” de la nueva frontera sobre la cual deberá sentarse el derecho laboral del futuro. Y eso porque el progreso de la emancipación de la mujer, transformando profundamente las relaciones entre familia y trabajo, ha cambiado el paradigma antropológico del mismo derecho laboral: su referente social no es ahora el hombre, adulto y jefe de una familia con una sola renta y con mujer e hijos como cargas familiares.

La percepción de una novedad verdaderamente revolucionaria como èsta, choca en primer lugar con la hostilidad mostrada por el mercado laboral hacia la familia. Una hostilidad feroz y radical, ya que la enorme y permanente precarización del trabajo justamente impide la creación de nuevas familias. De hecho, cuando hoy en día un joven se acuesta en la noche con el miedo de que, al despertar, le digan que su puesto de trabajo ha sido transferido al exterior o, como pasa aún más frecuentemente, ni siquiera puede encontrar un empleo permanente ¿cómo puede decidirse en formar una familia?

Puede ser que la huelga no sea la herramienta adecuada para solucionar dicha situación, pero es cierto que esta clásica (y gloriosa) forma de oposición social mantiene toda su vitalidad, demostrando claramente otra vez que entre antiguos y nuevos institutos no existe antagonismo: “el viejo” ayuda “el niño” a crecer. Es por esta razón que cabe a la autonomía colectiva sindical la tarea de reelaborar la agenda de las prioridades reivindicativas, a fin de asignar la necesaria importancia al conjunto de derechos sociales de ciudadanía, al interior de los cuales aquel de construir una familia es instancia preliminar al derecho a tener ordenamientos normativos que hagan compatible la coexistencia entre exigencias familiares y profesionales. No va a ser fácil. Pero es justamente eso el encanto de las nuevas fronteras.

Aquí, sin embargo, termino para no aprovecharme más allá de lo lícito de la cortesía de Pedro, al cual me une una común condición parental: ambos somos abuelos.

Sepan de todas formas que les envío estas palabras no solamente para desearle un buen trabajo, sino que también para testificar la nostalgia y el pesar con los cuales pienso en todos ustedes. Nostalgia por el clima de los muchos encuentros en los cuales participé, y pesar por la imposibilidad de volver en ese rincón de Chile y de América Latina que aprendí a amar.

Umberto Romagnoli

Traducción: Patrizio Tonelli, investigador Fundación SOL

viernes, 5 de noviembre de 2010

XIX Encuentro de Expertos latinoamericanos en relaciones laborales en Chile




El grupo de expertos latinoamericanos en relaciones laborales agrupa a los ex-becarios del curso organizado por la Universidad de Bolonia y la OIT con la Universidad de Castilla La Mancha, que cada año celebra unas jornadas - "encuentros" - para debatir aspectos importantes de las relaciones laborales, que prepara en un país determinado la sección nacional de dicho grupo. El grupo se nutre de los asistentes al Curso de Expertos que los últimos años se están celebrando durante dos semanas de septiembre en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM, bajo la coordinación de Joaquin Aparicio y Rosario Gallardo. y con la participación de algún experto de la OIT, y un compacto grupo de profesores italianos - Romagnoli, Mariucci, Balandi - bajo la coordinación del profesor de la Universidad de Bolonia, Andrea Lassandari. En este año, ha sido Chile el lugar del encuentro, y el lugar seleccionado Viña del Mar.


Puedese ver un resumen actualizado del encuentro en el blog del mismo que lleva a cabo Gonzalo Durán.

http://btclm19.wordpress.com

lunes, 1 de noviembre de 2010

DILMA ROUSEFF, PRESIDENTA DE BRASIL



Tras una segunda vuelta en la que la agresividad de su contrincante se ha visto amparada y reduplicada por el acoso de los medios de comunicación y al difusión de todo tipo de infamias y falsedades, Dilma Rouseff - en la foto junto a Tarso Genro, el flamante gobernador de Rio Grande do Sul, victorioso en primera vuelta - es la primera mujer presidente de Brasil. Un hecho doblemente importante, en cuanto representante del PT y de su concepción reformista de progreso, y en cuanto mujer en un contexto en que resulta una excepción.


A continuación, algun link en el que comprobar la noticia:
http://www.nuevatribuna.es/noticia/41668/MUNDO/dilma-rousseff-presidenta-brasil.html
http://sul21.com.br/jornal/2010/10/dilma-rousseff-primeira-mulher-presidente-do-brasil

jueves, 28 de octubre de 2010

SOBRE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN LAS RELACIONES DE TRABAJO







Recientemente la editorial Bomarzo ha publicado un libro del que es autora Maria del Mar Ruiz Castillo, profesora de derecho del trabajo en la Universidad de Almería, que tiene por título "Igualdad y no discriminación. La proyección sobre el tratamiento laboral de la discapacidad". Merece la pena que el libro sea conocido y leído no solo por los juristas del trabajo, sino por otros operadores jurídicos y desde luego por los llamados cuadros sindicales. Un resumen del libro se encuentra en el blog hermano "Según Baylos". A continuación se inserta un párrafo significatvio del pensamiento de la autora del mismo.


"Entiendo que es necesario replantearse seriamente las relaciones entre el derecho a no ser discriminado y la lógica empresarial enfocada a una optimización productiva del trabajo, más allá de las conocidas declaraciones de intenciones que tratan de ocultar el conflicto subyacente. El derecho a no ser discriminado en el empleo y a disfrutar de igualdad de oportunidades requiere enfrentarse a las posibles repercusiones en la productividad empresarial y admitir que la proscripción de la discriminación es un objetivo irrenunciable con independencia de la influencia que tenga en el rendimiento de las emrpesas. Es un objetivo público irrenunciable, como lo es, por ejemplo, la erradicación del trabajo forzoso o esclavo aunque éste sea rentable. Y ya se ha hecho realidad en la legislación europea para otros colectivos históricamente discriminados, como el de las mujeres. Así, sobre la base de las conclusiones de la jurisprudencia comunitaria en materia de discriminación por razón de género, se ha afirmado que tomar en consideración el embarazo real o potencial de la trabajadora para aparejar a él consecuencias negativas en el acceso al empleo, en la conservación del puesto de trabajo o en las condiciones de trabajo, consistiría en todos los casos un supuesto de discriminación por razón de sexo, con las consecuencias que tal calificación atrae - nulidad radical - sobre los actos u omisiones basados en el hecho diferencial prohibido. Y ello a pesar que el empresario alegase razones reales de mayor onerosidad económica de la contratación de la mujer embarazada, pues no se consideran relevantes esos argumentos para neutralziar la existencia de la discriminación detectada (Fernández López). Esa irrenunicabilidad pública se afirma para la categoría superior de los derechos laborales reconocidos constitucionalmente, entre los que ocupa un lugar privilegiado el derecho a no sufrir discriminación".





sábado, 23 de octubre de 2010

NUEVO NUMERO DE LA REVISTA INSIGHT (OCTUBRE 2010)













La revista digital Insight, dirigida por Antonio Lettieri, ha sacado su número mensual correspondiente al mes de octubre. La revista, que se subtitula "Pensamiento libre para el progreso social" se concibe como un almacén de ideas que se expresan en idiomas distintos - hasta cinco, inglés, francés, italiano, español y, recientemente, portugués - y que convergen en una aproximación crítica a la realidad de un mundo global y al diálogo entre intelectuales europeos y americanos con una finalidad ineuívocamente progresista. He aquí el sumario de este número, cuyos contenidos se pueden consultar en http://www.insightweb.it





Octubre 2010: en este número




■ La crisis vuelve a plantear la relación entre la industria y los servicios, y, especialmente, las finanzas. Appelbaum y Baft discuten sobre ello refiriéndose a Estados Unidos y al crecimiento del empleo en aquel país. Antonio Lettieri se centra en las consecuencias del paradigma post-industrial y la torpe tentativa de hacer subsistir una estrategia de salida de la crisis a traves de la guerra de divisas y de intercambios comerciales con China.


Herman Schmid analiza la derrota de los socialdemócratas en Suecia y las posibilidades que se abren a partir de la renovación de sus programas..

Marcello Colitti revisa las políticas de la OPÊP con ocasión del cincuentenario de su nacimiento, junto con el papel que ha desempañado el ENI italiano en el periodo de Mattei.

■ Los orígenes de la crisis y las políticas inadecuadas con las que los gobiernos están intentando combatir los efectos de la misma, son examinados en el artículo de Jean Fitoussi. Esta misma problemática se examina en un escrito de Bruno Estrada, y en un manifiesto que ha elaborado un grupo de economistas franceses.

■ Dos textos de Rolf Czeskleba-Dupont y de Carlo Panico reflexionan cobre políticas e instituciones en la Unión Europea.

■En la sección de Views, hay, entre otros, algunos artículos sobre las elecciones en Brasil, el fenómeno de Berlusconi en Italia, y el abandono de Summers, que era el líder de los economistas de la administración Obama

Los lectores que quieran recibir el boletin por correo electronico cada mes, deben registrarse previamente en la página web (en la pestaña situada a la izquierda de la página).


Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board : Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis;Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Massimo Roccella; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

jueves, 21 de octubre de 2010

Trabajadores siniestrados, víctimas invisibles (por Bonifacio de la Cuadra)





Insertamos aqui este incisivo texto del veterano periodista y activista demócrata BONIFACIO DE LA CUADRA, que ha publicado el diario El Pais del dia de hoy, 21 de octubre del 2010.




Trabajadores siniestrados, víctimas invisibles


BONIFACIO DE LA CUADRA

21-10-2010


Un lector de EL PAÍS, Horacio Torvisco Pulido, lanzaba recientemente, en una carta al director, una llamada de atención hacia los entre 800 y 1.000 trabajadores que pierden anualmente la vida en España en el puesto de trabajo, mientras se instala en la opinión pública la mentalidad de que "el accidente laboral es algo inevitable y consustancial al hecho de acudir al trabajo cada día", en lugar, como prefería el lector, de que "la vida de un trabajador está en peligro en nombre de la sacrosanta eficiencia de la cuenta de resultados".

A ese análisis puede añadírsele la observación de que la gran mayoría de esas muertes son invisibles para la sociedad, a pesar de que, para que se produzcan, es necesario casi siempre que se cometa un delito, que suele quedar impune.

Se trata del delito tipificado en el artículo 316 del Código Penal, que castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel, además de multa, a los empleadores que infrinjan las normas de prevención de riesgos laborales y no faciliten los medios necesarios para que sus empleados trabajen con las medidas de seguridad adecuadas, "de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".

Es decir, para castigar por este delito, escasísimamente aplicado, no es preciso que se produzca la muerte del trabajador, ya que, como explica el catedrático de Derecho Penal Nicolás García Rivas, el bien jurídico protegido por el mismo no es la persona física del trabajador, "sino el estado de inseguridad en el trabajo", que pone en peligro su vida, salud o integridad física.

La probabilidad de que las empresas inviertan en seguridad para sus trabajadores es mínima, especialmente en tiempos de crisis, lo cual significa que sus directivos seguramente están delinquiendo, con total impunidad.

El catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos lo describe muy bien cuando dice que las víctimas de accidentes de trabajo lo son "de un sistema de producción y de trabajo en el que, a fin de cuentas, el responsable de la salud y seguridad se encuentra acostumbrado a hacer del ahorro de costes laborales y de la degradación de las condiciones de trabajo las ventajas competitivas a las que incitan autoridades monetarias y expertos económicos, como la forma por excelencia de acumulación y de creación de riqueza". Y en plena crisis, esa es la conducta económica evaluada como patriótica.

Y ni siquiera tienen las familias de esos centenares de trabajadores que mueren cada año a causa de la comisión de ese delito -ni los miles que quedan lisiados, inválidos, heridos-, el consuelo del reconocimiento social que merecen quienes pierden su vida o su salud mientras trabajan por necesidad, no por capricho, para un tercero que se lucra de la actividad del siniestrado sin cumplir la obligación legal de garantizar su seguridad y, en su caso, imponerla disciplinariamente.

La falta de visibilidad mediática de estas siniestras muertes impide que se cree la opinión pública de que los accidentes laborales constituyen un problema humano a erradicar.

El ranking de víctimas potenciadas por los medios de comunicación social se inicia en las del terrorismo -con prioridad para las de ETA-, sigue con las de violencia machista y continúa con las de tráfico, para terminar, a mucha distancia de estas, con las víctimas del trabajo. El protagonismo que dan los medios a las noticias sobre accidentes de tráfico -complementadas con la difusión de campañas de publicidad gubernamental truculentas y sensibleras- y a la eficaz herramienta de la prueba de alcoholemia, contrasta con la escasa existencia mediática de los accidentes de trabajo, seguramente porque se consideran menos noticia, es decir, más normales, más aceptados, más asumibles, más de cajón, y porque no produce alarma social que la justicia apenas persiga el delito que origina esos siniestros.

Esa diferencia de trato me parece perversa en una sociedad democrática, que merece ser informada de las desigualdades sociales que existen en el país y de las consecuencias lamentables que producen para los seres humanos que lo habitan, así como desde una concepción crítica del periodismo con los poderes, también los económicos.

Mientras que los lamentables accidentes de tráfico son en parte consecuencia de la libérrima voluntad de quienes deciden ponerse al volante de su vehículo y arriesgarse a chocar con el que viene de frente, los accidentes laborales se producen en un marco jerarquizado en el que el empresario o sus delegados organizan la actividad en la que se genera el riesgo, y en la que el trabajador se encuentra en situación vulnerable por la precariedad laboral y la amenaza del desempleo.

Faltan análisis periodísticos sobre la etiología de los accidentes de trabajo, la proporción de víctimas inmigrantes, la subcontratación o temporalidad como caldo de cultivo, el tipo de organización empresarial más proclive al siniestro y se echan en falta denuncias mediáticas -ya que apenas las hay políticas, sindicales o jurídicas- sobre la injusticia social que significa lucrarse del trabajo de quienes, al realizarlo, se juegan la vida.