La asociación MEDEL, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, ha hecho público un comunicado denunciando como antidemocráticas y peligrosas las iniciativas de reforma que en España está llevando a cabo el Partido Popular en el gobierno y el ministro Ruiz Gallardón. El texto lo ha distribuido Jueces para la Democracia.
MEDEL ha tenido
conocimiento de la reforma legal que se está tramitando en España, que afectará
a las funciones del órgano de gobierno judicial. Por ello, consideramos
oportuno expresar nuestra valoración pública como asociación de jueces y
fiscales europeos comprometidos con la independencia judicial, frente a las
injerencias de cualquier otro poder estatal o frente a la intromisión de
cualquier interés particular.
Ya en 1993 MEDEL
formuló un conjunto de principios sobre la composición y funciones de los
Consejos de Justicia, esenciales para que este órgano constitucional pueda
garantizar la independencia de los jueces. En sustancia, estos principios han
sido plasmados posteriormente en la Carta europea del estatuto de los jueces
del Consejo de Europa.
Mas
recientemente, en mayo de 2013 MEDEL ha aprobado un Memorandum en Gdansk que
fue remitido a la Comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Viviane Reding,
destacando los ataques a la independencia judicial en los diferentes Estados
miembros de la Unión Europea, con especial mención a la situación en Hungría.
El autogobierno
del Poder Judicial es uno de los principios básicos de la independencia de la
justicia. Por ello, la Unión Europea no puede exigir a los países candidatos el
cumplimiento de estrictos criterios en este ámbito y desentenderse con las
reformas que se acometen en los países miembros.
El proyecto de
reforma del Consejo General del Poder Judicial presentado por el Gobierno
español, que actualmente se tramita en el parlamento, representa una iniciativa
que afectará negativamente a la independencia de los jueces españoles.
Entre otras, la
reducción de competencias del órgano de gobierno judicial y la absorción de
estas funciones por el poder ejecutivo supone una quiebra del principio de
separación de poderes como elemento básico de todo Estado de Derecho.
La finalidad
primordial del Consejo General del Poder Judicial es garantizar la
independencia de la judicatura y la adecuación de sus condiciones
profesionales, a través de una serie de funciones institucionales, entre las
que se encuentra la potestad reglamentaria y determinadas competencias
vinculadas al estatuto profesional de los magistrados. La supresión de estas
atribuciones permitirá en determinados casos la subordinación del poder
judicial al poder político. Ello perjudicará la credibilidad del Estado de
Derecho en España.
Ante ello, desde
MEDEL expresamos nuestra preocupación por esta ruptura del equilibrio entre
poderes que se va a producir en el Estado Español. Asimismo, advertimos del
riesgo que supone esta reforma para la independencia judicial y para la
adecuada labor de los jueces españoles de garantes de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
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