jueves, 25 de febrero de 2010

EL CASO GARZON: HABLA PEDRO KESSELMAN


El diario digital Nueva Tribuna ha hecho una entrevista al conocido abogado laboralista y luchador democrático Pedro Kesselman sobre el caso Garzón. La perspectiva con la que se enfoca el caso desde la experiencia argentina es muy ilustrativa de cómo se deben hacer las cosas. Como nuestro blog hermano Metiendo Bulla, nosotros también en éste hemos tomado partido en contra de la persecución legal que el pseudo sindicato faccioso Manos Limpias y el partido fascista Falange Española llevan a cabo, con la complicidad activa de relevantes miembros de la judicatura y el apoyo indisimulado de una parte del Gobierno, contra el Juez Garzón en su interpretación de las Leyes de Amnistía y de Memoria Histórica en España. La entrevista se transcribe a continuación.


El 'Caso Garzón': "España está preparada para revisar su Transición"
Última actualización 21/02/2010@19:05:39 GMT+1
AGNESE MARRA

El 'Caso Garzón' no deja de causar sorpresa entre la comunidad internacional. Este diario habla con el abogado argentino Pedro Kesselman, ex vicepresidente del Colegio Público de Abogados la Capital Federal, con el que repasamos la historia dictatorial de ambos países que optaron por un final bien diferente: "Si Garzón es destituido la imagen de España será lamentable y con signos de decadencia".

La dictadura argentina y la dictadura franquista no son históricamente comparables. Pero tienen ciertos puntos en común: miles de víctimas desaparecidas, torturadas, encarceladas por fuerzas militares que tomaron el poder tras un golpe de estado.

El caso argentino es mucho más reciente, y su pasado parece estar más resuelto. El español se mantiene en el olvido, y la primera persona que se ha atrevido a destaparlo, ahora mismo podrían sentarla en el banquillo.


El Dr. Pedro Kesselman sigue sorprendido con todo lo que está aconteciendo en España: “No tiene sentido que hablen de prevaricación. Por lo que he entendido Garzón es juzgado por haberse atrevido a investigar los crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante el franquismo, y esos delitos nunca prescriben. Los argumentos que usan para juzgarle son florituras elegantes para enmascarar esta tremenda injusticia”.

Cuando se habla del ‘Caso Garzón’ inevitablemente se habla de Derecho Internacional , y el letrado argentino no puede olvidar lo que hizo el magistrado español por conocer la verdad de su país: “En la Argentina Garzón fue muy valiente, y lo que hizo fue tomar los artículos de Derecho Internacional y ponerlos en práctica, consiguió juzgar a muchos y fue un pionero la defensa de los derechos humanos”.

A Kesselman le cuesta entender por qué cuando el magistrado hace lo mismo en España, sus compañeros se le echan encima: “Además también me sorprende que se aceptara investigar la muerte de españoles durante la dictadura Argentina, y de los españoles que desaparecieron en España no se quiera saber nada. Este proceso está lleno de contradicciones”, insiste el abogado.


“HAY QUE REPARAR A LAS VÍCTIMAS"

El juez Garzón es acusado por delitos de prevaricación al no respetar la Ley de Amnistía de 1977. Algunas de sus voces más críticas además acusan al magistrado de intentar juzgar a personas que él ya sabía que habían fallecido, por lo que también sería prevaricación.

Para el letrado Kesselman estos argumentos no se sostienen: “El derecho internacional no acepta las leyes de auotoamnistía cuando se enmascaran delitos de lesa humanidad, por lo que no habría problemas para seguir adelante con las investigaciones. Y por otro lado, hay que subrayar que no importa que los criminales estén muertos, hay que ofrecer una justicia simbólica para los descendientes de las víctimas y para las víctimas que todavía siguen vivas. La justicia que en su momento les arrebataron”. El letrado recuerda la importancia del Derecho a la Verdad y a la Reparación de las víctimas, dos derechos que ampara la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana.

“El derecho a la Verdad es imposible de dejar de lado”, dice contundente el abogado argentino, quien alerta sobre las consecuencias de no respetarlo: “Si España opta por guardar la basura debajo de a alfombra sentará un precedente gravísimo, ningún otro juez se atreverá a investigar el franquismo, pero lo peor es que si un país deja de lado su memoria corre el peligro de que se vuelvan a repetir las atrocidades de su pasado, en cualquier momento podríamos tener a un Haider entre los políticos españoles”.

La memoria argentina tampoco fue fácil de rescatar. El primer gobierno democrático de Alfonsín decretó dos leyes, la de Punto final y la de Obediencia debida, ambas dejaban libres de culpas a los militares. Después llegó Menem, y con él dos indultos, que volvieron a dejar en la calle y con total impunidad a los miles de torturadores de la dictadura.

¿Cómo se consiguió la derogación de estas leyes, qué actores intervinieron?-

“Las asociaciones de derechos humanos se movilizaron mucho, también los movimientos sociales, los familiares de las víctimas, pero lo realmente definitivo fue la decisión política del Gobierno de Néstor Kichner. Este presidente cambió toda la Corte Suprema de Justicia, a partir de ese momento aceptaron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y derogaron las le ley de punto final”.

El abogado cuenta con satisfacción como en su país están todos los días juzgando a sus criminales. “Ayer mismo llevaron a la cárcel a Martín Rodríguez, era joven durante la dictadura pero participó en muchas torturas y mató a mucha gente. Ahora trabajaba como profesor en la Universidad Católica de Salta, y no tuvieron ningún problema en arrestarlo, juzgarlo y hoy está en la cárcel. Incluso para España sería más fácil porque no tendrían que llevar a gente presa, la mayoría falleció, pero deben respetar el derecho a la verdad, a conocer su historia”.

El letrado reconoce como en Chile “poco a poco” se está avanzando y se comienzan a juzgar a algunos de los verdugos de la dictadura pinochetista, recuerda cómo se juzgó en Perú a Fujimori: “Los países civilizados están respetando los tratados de Derechos Humanos, España no puede quedarse entre los países que no son civilizados”, dice Kesselman.

LA TRANSISCIÓN EN TELA DE JUICIO

La Ley de Amnistía de 1977, bajo la que se ampara el juez Luciano Varela para intentar sentarle en el banquillo a su compañero Baltasar Garzón, es uno de los símbolos de la Transición española.

El periodista Patxo Unzueta señalaba en el diario El País cómo el magistrado que hoy es juzgado “ignoró mediante complicados razonamientos, el alcance y significado profundo de la Ley de Amnistía de 1977”. Unzueta parecía apelar al sentido simbólico de esta Ley fruto y característica de nuestra Transición, que tanto miedo da criticar.

Desde Argentina muestran una visión diferente, a tener en cuenta: “Es evidente que la Transición española como la argentina fue negociada, una suerte de posibilismo en aquel momento. Pero no se puede olvidar que la Ley de Amnistía se pactó bajo el miedo de una vuelta a la dictadura, esa fue la mejor forma que encontraron para ‘safar’ (escapar) de los fantasmas que todavía estaban muy vivos”. Según Kesselman una vez consolidada la democracia “se puede revisar también la Transición porque ahora no hay peligro de un retorno franquista, sólo quedan algunos nostálgicos que se reúnen en el Valle de los Caídos”. En este sentido el letrado insiste: “España debe rescatar su memoria, por los descendientes de las víctimas y por el futuro de los españoles”.

¿JUSTICIA ESPAÑOLA POLITIZADA?

En la última semana las voces críticas con los jueces que acusan a Garzón han hablado de “venganzas personales” de “politización de la justicia”. Incluso el ex fiscal Ignacio Gordillo decía en Público que a “Garzón le mata su afán de protagonismo”. A Kesselman le vuelven a sorprender estos debates: “Ayer escuché en una radio argentina que acusaban a Garzón de ser un juez mediático. Eso no importa nada, lo que hay que ver son sus condiciones de fondo y en ese sentido habría que darle un premio por su coherencia y su valentía en la defensa de los derechos humanos”. Con mucho humor el letrado argentino nos dice: “Respecto al egocentrismo del juez, sólo tengo que decir que Garzón en Argentina sería el magistrado más humilde del país, no se le puede juzgar por eso”.

Kesselman no cree que España esté dando una imagen de que su justicia esté politizada: “Todos los jueces tienen su ideología y en cualquier país hay magistrados conservadores y progresistas, ese no es el problema”. Lo que realmente le preocupa al abogado es la imagen que puede llegar a dar España en el caso de que Garzón fuera destituido y no se siguiera adelante con la investigación de los crímenes del franquismo: “Si ese fuera el final de este caso, la imagen que daría España sería más que lamentable, además de contradictoria, porque es un país que ha luchado por los derechos humanos en América Latina y no hace lo mismo en su propia casa. Además de lamentable, mostraría signos de cierta decadencia”.

martes, 23 de febrero de 2010

"ROMA" DE ADOLFO ARISTARAIN: EL EXILIO COMO PÉRDIDA.

En la asignatura "Cine y Derechos Sociales" que se imparte en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM se proyecta el día 26 de febrero "Roma" una película de Adolfo Aristarain (Argentina, 2004), que se relaciona en el programa, dedicado a la inmigración, con el exilio como forma de separación y de alejamiento de un país. A continuación se insertan las reflexiones introductorias a la película que acompañan a la ficha técnica de la misma y que se entrega a los alumnos.




En el mundo del extranjero ocupa un lugar preferente el inmigrante, el movimiento hacia el trabajo como fuente de renta y promesa de mejorar la vida que desplaza a flujos inmensos de población de unos territorios a otros. Pero hay otras trayectorias que suponen el desplazamiento personal, el abandono de un pasado y una existencia que se juzga insoportable. El exilio se define como “la separación de una persona de su tierra”, voluntaria o forzadamente. En este último caso, el exilio está motivado por el peligro para la vida o la integridad de la persona que permanezca en su país. El exilio político es el supuesto más frecuente, pero hay exilios producidos por motivos de género o de preferencia sexual que son motivos en la actualidad muy atendidos a través de la configuración amplia de un derecho de asilo por los países receptores.

El exilio es ante todo separación, sensación de pérdida de un pasado truncado en su proyección hacia el futuro. Pero es también un repliegue hacia si mismo y hacia un reconocimiento posiblemente melancólico de la propia impotencia en cambiar la situación política o las relaciones sociales que le impiden seguir viviendo en su “lugar” de origen. El exilio es por tanto una deslocalización afectiva, intelectual e ideológica, que normalmente se plasma en el cambio de territorio y por consiguiente en la habituación a nuevas costumbres y nuevas formas de expresarse personales y colectivas, pero que puede a veces integrar una actitud sin que la persona cambie definitivamente de país. Es el exilio interior al que tuvieron que recurrir en España tantos por la obscenidad de la dictadura, en paralelo al exilio puro y duro de tantos intelectuales y trabajadores que debieron abandonar el país durante la larga noche de piedra del franquismo.

El exilio es “una sensación de extranjería que se mete en los huesos como un frío intransferible” – como señalaba Vázquez Montalbán – y esta es la que lleva consigo el protagonista de Roma, la película de Adolfo Aristaráin. El director argentino es muy conocido en España por su producción cinematográfica en la que sobresale una relación de ida y vuelta entre España y Argentina en sus protagonistas, muy marcados por las vicisitudes históricas de las respectivas dictaduras en sendos países y la existencia constante del exilio en la doble dirección. Aristaraín fue el que a muchos nos hizo conocer a uno de sus actores fetiche, Federico Luppi, en su impresionante film Últimos días de la víctima (1982), y que lo enfrentó a José Sacristán en una historia conmovedora de neocolonialismo a través de las multinacionales españolas – Un lugar en el mundo (1992) – o lo sitúa junto a Mercedes Sampietro en una bellísima narración sobre la dignidad humana de un trabajador jubilado forzoso que reacciona ante la injusticia y el sufrimiento escapando de su mundo cotidiano – una vez mas exiliándose a otro lugar, el de su libertad definitiva, fuera de la ciudad. La película que sin embargo tiene más relación con Roma es la que posiblemente le ha hecho más conocido del público español, Martin Hache (1997), en donde existe una clara similitud entre el personaje del padre terrible (de nuevo Federico Luppi) y el escritor crepuscular que protagoniza Sacristán, como también hay un hilo conductor entre el frágil Martin H y el joven brillante y vacío que configuró el pasado del escritor exilado (en ambas películas Juan Diego Botto).

El carácter autobiográfico de este film es muy evidente. Aristaráin, como su personaje, se exiló en Madrid en 1967, y volvió a Buenos Aires en 1974, dos años antes del golpe de Videla que entronizaría la Junta Militar.A su través está presente de forma inquietante el Buenos Aires de las décadas de los cincuenta y sesenta, y el final traumático de aquellas ilusiones en los días previos a la dictadura militar.

Roma es la historia de la melancolía que se percibe desde el exilio con distancia respecto a cómo se desenvuelve la narración de la propia existencia. Frente a lo que dice la sinopsis del film, es una historia descrita de modo pausado, destacando las sensaciones de pérdida (del padre) y a partir de allí de esa incapacidad del personaje de construir su felicidad a pesar del apoyo vigilante y la ternura intensa de la madre, que adquiere ese rol de protagonista de la narración. El personaje dice que ve pasar las cosas y los acontecimientos desde un rincón, pero es patente la fuerza sentimental de la escritura cinematográfica, la densidad humana del personaje del escritor que llega al final de su genio y conoce que ya no va a decir mas cosas que interesen. En ese discurso final hay también una llamada a la propia capacidad del cine de decir y no sólo narrar. Las películas de este importante director argentino se caracterizan en efecto por ser muy discursivas, es decir, que sus personajes no solo hablan, sino que dicen cosas y expresan pensamientos, porque el cine es escritura y es discurso que expresa ante todo ideas y sentimientos.

domingo, 21 de febrero de 2010

MANIFESTACION POR EL DERECHO A UNA PENSIÓN DIGNA: 23 DE FEBRERO 2010






Ciudad Nativa cumple con ésta sus primeras 100 entradas. Y para ello nada mejor que recoger un artículo del Secretario General de CCOO de Madrid, Javier López, sobre la movilización del 23-F en defensa del sistema de pensiones frente a la propuesta del gobierno sobre el aumento de la edad de jubilación a los 67 años.

La Constitución española, en su artículo 50 establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Leído esto sobrarían palabras, si no fuera porque son muchos los que intentan ignorar el artículo 50, anunciando el fin de la seguridad social y de las pensiones. Cada cual que se pague su pensión futura y el que no pueda hacerlo que se pudra.
La Constitución es muy clara. No son los bancos, la bolsa, ni las aseguradoras privadas las que tienen que garantizar las pensiones de nuestros mayores, sino los poderes públicos, el Estado. Pensiones, por ciento, que deben ser dignas, suficientes y actualizadas.
Cabe extraer, así pues, una primera conclusión. Si las cuotas de trabajadores y empresas no fueran algún día suficientes para costear las pensiones, los poderes públicos deberían asumir su responsabilidad y pagar pensiones decentes, como pagan carreteras, sanidad, educación, o ayudas ingentes al sistema bancario. Con la diferencia de que el sistema bancario no tiene el carácter de derecho constitucional.

Sobran, así pues, consideraciones interesadas sobre la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones porque sería tanto como afirmar que no es viable la Constitución, ni sostenible la democracia en este país.

Sostener las pensiones es obligación constitucional del Estado, de los poderes públicos. Nada indica, por lo tanto, que las pensiones tengan que ser pagadas exclusivamente a costa de las cotizaciones de los trabajadores. Dicho lo cual, con un sistema de seguridad social saneado como el que tenemos (nadie olvide que en plena crisis ha seguido generando superávit y que cuenta con un importante Fondo de Reserva que hemos ido dotando desde que se puso en marcha el Pacto de Toledo), sería imprudente detraer recursos del Estado, absolutamente necesarios para potenciar la economía, salvar empresas y empleo, proteger a los parados y fortalecer la protección social, para evitar fracturas sociales.

No viene a cuento, por lo tanto, empezar la casa por el tejado y anunciar recortes en las pensiones, por la vía de alargar la edad de jubilación a los 67 años o ampliando los años de cómputo para cobrar una pensión. Aún menos cuando el argumento que se utiliza, el mismo de siempre, el mismo que auguraban hace quince años, es que habrá muchos mayores dentro de veinte años.

La experiencia ha demostrado que el sistema de Seguridad Social y las pensiones, no dependen del número de mayores que haya en cada momento, sino de la riqueza del país, del empleo que tengamos, de la calidad de ese empleo y la dignidad de los salarios que tengamos.
Dicho de otra manera, da igual cuántos mayores haya dentro de veinte años. Si somos un país pobre, con pocos trabajadores y mal pagados, el sistema actual de Seguridad Social será inviable. Pero en ese caso, muy probablemente, todo el país será inviable.

Nada puede hacernos pensar que ese será nuestro futuro. Si hacemos los deberes y fortalecemos nuestra economía, nuestro empleo, nuestra riqueza y nuestros salarios, el sistema de Seguridad Social seguirá gozando de buena salud.

Claro que habrá que adaptar y acometer reformas en el sistema. Pero hay muchas fórmulas negociables y acordables que no tienen por qué suponer recortes.

Por ejemplo, si la Seguridad Social no tuviera que pagar los complementos de las pensiones mínimas, cada año la Seguridad Social ahorraría cerca de 5.000 millones de euros y sería aún más solvente.
Por ejemplo, en un escenario de personas que vivimos más años, incentivar la prolongación de la vida laboral de forma más intensa, permitiría que un mayor número de personas optasen por jubilarse unos años más tarde de forma voluntaria.
Son solo algunas ideas que hemos aportado y que habría que tomar en consideración antes de prolongar hasta los 67 años la edad para poder jubilarse.

Es cierto que es sólo una “propuesta” del Gobierno, pero apunta en la mala dirección, de forma innecesaria, alimentando un miedo infundado y alentando a cuantos ansían hincarle el diente a los cuantiosos recursos de la Seguridad Social para sus fines e interés privados.
Por eso, para defender una vida digna, para defender las pensiones, CCOO y UGT hemos convocado a toda la ciudadanía a participar en Manifestaciones que recorrerán las calles de toda España.

En Madrid el 23 de Febrero a las 7 de la tarde, entre Neptuno y Sol. Una cita con la vida y el derecho constitucional a una pensión digna

jueves, 18 de febrero de 2010

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACION SINDICALES (CONVERSACION ESPAÑA – PERU)





Las reflexiones que López Bulla publicó en su blog con ocasión de un acto en la Escuela de Formación de la CONC en el que se presentaba el libro de Baylos “Sindicalismo y Derecho Sindical” en catalán, dio lugar a unos comentarios del sindicalista peruano Carlos Mejía que han sido a su vez proseguidos por una reflexión mas detallada en el blog Metiendo Bulla:

Se inserta aquí un extracto de esta intervención y el comentario adicional de Carlos Mejía.


JOSE LUIS LOPEZ BULLA

He intentado aproximarme anteriormente al vínculo entre “representatividad” y “representación”. O sea, la “participación”, aunque un servidor prefiera la expresión de “hechos participativos”. La ausencia de esta praxis conduce inevitablemente a un sindicato que, en sus formas de ser, le hace ser taylorista en la más amplia acepción del término.


Afirmo, contra quienes mantienen que la innovación tecnológica impide inexorablemente la realización de los hechos participativos. Sin embargo, es muy verdad que la innovación tecnológica pone trabas al tradicional ejercicio de la participación. La asamblea de la fábrica fordista (que ya va siendo en Europa pura herrumbre) de naturaleza ecuménica –todos presentes a la misma hora y en el mismo espacio—va entrando, si ya no ha entrado, definitivamente en crisis. La innovación tecnológica y la morfología del centro de trabajo ha puesto en crisis la relación espacio / tiempo. Pero, también precisamente por ello, en el sindicalismo han aparecido (con la normal escasez de los primerizos) nuevas formas de relación entre el personal. Que la asamblea tradicionalmente presencial sea cada vez menos posible, no impide la puesta en marcha de nuevas concreciones en la participación y los hechos participativos.


De donde me saco de la manga una reflexión que viene al pelo de lo que se viene diciendo. Las innumerables webs sindicales son, de hecho, nuevas sedes del sindicalismo. Esta es una novedad sobre la que, todavía, no he visto suficientes reflexiones al respecto. Hoy por hoy esas nuevas sedes sindicales son una extraordinaria riqueza, y lo serían más si el formato de tales páginas contribuyera a una real participación. Me explico: la mayoría de ellas cuentan con una información (casi en tiempo real) de lo que sucede o se organiza para que ocurra. Pero, puestos a ser exigentes con esta gente tan seria, ¿no sería exigible que tales webs –hasta ahora concebidas, la mayoría de ellas, como instrumentos de arriba hacia abajo, fueran también mecanismos de participación, esto es, de discusión?


Puede que algún sindicalista emérito o de parecida estirpe me diga: “Oye, no hay que olvidar la asamblea presencial, el contacto humano, la relación interpersonal”. Naturalmente que no, afirmo con rotundidad. Pero no caigamos en el síndrome del Asno de Buridán. Así pues, lo importante es la participación como ejercicio de la soberanía sindical; de qué forma se haga es secundario.


Finalmente, entiendo que con el compañero Carlos Mejía, cuyo blog Bajada a bases sigo cotidianamente con interés, parece que han quedado algunos matices en el aire. Es normal, las situaciones son muy diferentes. Podemos y debemos, por eso, seguir hablando. Para mí es un placer.

CARLOS MEJIA:

Como siempre resulta estimulante leer tus ideas. En general, considero que más que diferencias, lo que tengo son preguntas para entender mejor los cambios necesarios en la casa sindical.
Donde si hay diferencias es en la construcción organizativa del modelo español de sindicalismo y el modelo andino (podría decir latinoamericano, pero tengo la impresión que la experiencia de México, Brasil y Argentina establecen diferencias sustanciales con el resto de países de la región). Estas diferencias implican entre otras cosas, una mayor debilidad estructural del sindicalismo andino comparado con el vuestro. En ese sentido, me parece que el énfasis que das al sindicato-de-los-trabajadores es una clave central y una aspiración común para todos. Como imaginaras, en la región andina, salvo pequeños enclaves vinculados a las inversiones extranjeras, el escenario productivo se rige por criterios casi fordistas. Por esta razón, la crisis de representatividad en nuestro caso no tiene el mismo impacto que en España. Por el contrario nuestra capacidad de representación se ve seriamente limitada, pero no por dificultades para articular una agenda sindical de todos y todas, sino por que el otro lado (gobierno y empresarios), básicamente no reconoce al sindicato como interlocutor del trabajo.
En la región andina se ha venido desarrollando un proceso de cambio y reestructuración organizativa bajo la denominación de “autoreforma sindical” en los últimos años. Este proceso en el que la CGTP ha tenido importantes avances, ha encontrado diferentes obstáculos en la región, entre los que podemos señalar la brecha generacional, caciquismos, “machismo” y corporativismo. Y bueno, nada más que darte las gracias por tu gentil y rigurosa respuesta.
Espero mantener una conversación fluida pues enriquece sinceramente la visión y práctica que tenemos los sindicalistas de este lado del mundo.

Un abrazo

domingo, 7 de febrero de 2010

LA CRISIS Y EL LARGO SILENCIO DE LA IZQUIERDA


En la revista digital Eguaglianza & Libertà, su director, Antonio Lettieri - en la foto al lado de Bruno Trentin en los lejanos años setenta - acaba de publicar un interesante artículo que el blog amigo Metiendo Bulla ha traducido y publicado. Nosotros nos arpopiamos de este texto y lo damos a conocer en esta región de la blogosfera.



Antonio Lettieri

Ha pasado un poco más de un año de cuando el mundo fue zarandeado por la que se definió como la crisis más grave tras la Gran depresión de los años treinta. La crisis, de manera no diversa, de la de 1929 nació del estallido de la banca. Pero, en esta ocasión, estaba claro que en su origen estaba –además de la especulación financiera, la explosión de los desequilibrios sociales que se acumularon en los últimos decenios. Con la congelación de los salarios y la expropiación de los beneficios de la productividad por alrededor del 20% de la población más rica, la economía americana creció con el endeudamiento de las familias. Y la banca encontró el modo de realizar una colosal especulación sobre las hipotecas adoptando los más sofisticados instrumentos de las nuevas finanzas. Pero, a pesar de su responsabilidad en la crisis, se abrió camino la idea de que ante todo era necesario salvar los bancos para evitar una nueva Gran depresión. “Demasiado grandes para dejarlos caer”: este fue el principio rector de todos los gobiernos occidentales. Se pensó después en poner en movimiento la economía real para frenar el desempleo que, mientras tanto, crecía a simple vista.


A poco más de un año de distacia, podemos decir que la operación de salvamento de la banca ha salido adelante. Incluso obtienen grades beneficios y distibuyen bonus como lo hacían en pleno boom de la economía, creando un cierto embarazo incluso en las élites del capitalismo global que se reune anualmente en las nieves de Davos. ¿Cómo ha podido ocurrir? Muy simple. Los gobiernos occidentales han puesto a su disposición trillones de dólares con durísimas consecuencias para las finanzas públicas. Los efectos de la recesión, sumados al salvamento, no podían no hacer levitar el retroceso de las cuentas públicas. Los Estados Unidos presentaron un retroceso del presupuesto superior al 10 por ciento, el más alto registrado en tiempos de paz. En Gran Bretaña fue próximo al 13 por ciento del PIB. Grecia, Portugal y España están en una situación más o menos parecida a esas cifras. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Grecia es el caso ejemplar.


La Comisión Europa exige volver a los parámetros de Maastricht lo más rápidamente posible. Grecia, no teniendo otra salida –si no es la salida del euro con los riesgos que comporta— se esfuerza en contraer la caída del 13 a 2 por ciento en el año 2012. Para conseguirlo deberá reducir el gasto público, aumentar los impuestos indirectos y privatizar una parte de las empresas públicas. La Comisión Europa y el Banco Central, finalmente, se han declarado satisfechas. Pero para un país en crisis es una cura de caballo, una enorme sangría. Los sindicatos se rebelan. Los mercados financieros aprecian la opción de “sangre y lágrimas”, pero no creen que el gobierno socialista consiga realizar el programa. Vuelve a surgir la especulación financiera y se extiende a Portugal y España. En substancia, la Comisión Europea y el Banco Central adoptan las mismas medidas estranguladoras que son típicas del Fondo Monetario Internaciona: las llamadas políticas de ajuste, tendentes a la reducción de los salarios reales, el gasto público y las inversiónes públicas. Pero Grecia es, solamente, la punta del iceberg de una política que es un impudoroso retorno al pasado. En el inicio de la crisis se dijo que el primer paso debía ser parar el derrumbe de las finanzas. El segundo paso sería la intervención en la economía real y el empeño por el empleo. Hoy se dice que el objetivo es frenar la caída de los presupuestos, cuyo origen –no lo olvidemos-- está en el origen de la recesión y en el salvamento de la banca. Lo que Paul Krugman llama la “budget hysteria” bloquea el segundo paso: la intervención para relanzar la economía y el empleo. Las políticas neoconservadoras vuelven a la carga. El Estado debe volver a las andadas. La reforma sanitaria en Norteamérica se ha reducido a un simulacro y peligra con evaporarse del todo. El desempleo frena el avance (y reciprocamente) pero permite el aumento de la productividad y de los beneficios junto a una comprensión de los salrios. No está dicho que esta línea pase dado que las consecuencias sociales de la crisis se arrastrarán durante largo tiempo. La crisis del 29 tuvo altibajos durante una década. Pero fue la era del New Deal lo que puso las bases de una revolución cultural y social que proyectó sus efectos en los decenios sucesivos.


¿Podemos esperar un nuevo “New Deal” tras la crisis más grave –así se la ha considerado unánimemente-- de los últimos ochenta años? Sería una esperanza exagerada. Aquella fue la época de Franklin Roosveelt, John M. Keynes y Lord Beveridge. De diverso modo todos ellos estaban convencidos de que el viejo modelo liberal se demostró fracasado y que al Estado le correspondía un nuevo papel para garantizar el crecimiento, el pleno empleo y un nuevo equilibrio social. No eran ni anticapitalistas ni marxistas. Eran la expresión de una visión del mundo y de una práctica política que, no sin esfuerzo, podemos definir progresistas o de izquierdas.


Hoy la crisis se consuma en la opacidad del debate cultural y político. O, para ser más preciso, el debate se desarrolla en América en la minoría democrática que se sitúa a la izquierda de Obama. En Europa emerge, sin embargo, más o menos confusamente en el interior de las filas del gobierno de centroderecha, como lo demuestra el enfrentamiento entre Angela Merkel y sus partners liberales sobre los temas sociales y fiscales. Pero es un debate que dificilmente aflora en los grandes partidos de la izquierda o centroizquierda, estén en el gobierno o en la oposición. Callan o se mueven al margen del gran estrago que la desregulación ha llevado al mundo del trabajo. La tutela del trabajo se considera una utopía del siglo XX. Se mira a los sindicatos con sospecha y se les considera responsbles del dualismo del mercado de trabajo. La intervención pública, tras la borrachera de las privatizaciones, se considera un retorno al pasado.


En esto, la crisis no de manera distinta a los años treinta, es el fracaso del modelo económico neoliberal. Esta cultura estaba profundamente insinuada en la izquierda, apenas enmascarada en la retórica de la “Tercera vía”. La crisis era la ocasión para un profundo reexamen cultural y político. Pero poco o nada se ha visto en esta dirección. Un largo silencio domina a los grandes partidos de la izquierda europea. El temor a salir de la ortodoxia ha prevalecido hasta ahora frente al deseo de indagar los orígenes de la crisis, el fracaso de las teorías neoconservadoras y la posibilidad de abrir nuevos caminos ideológicos y políticos.





Versión castellana de la Escuela de Traductores de Parapanda del original La crisi e il lungo silenzio della sinistra.

jueves, 4 de febrero de 2010

EL PROBLEMA DE LOS PIIGS


En medio de una barahunda de noticias a cual mas desastrosa para la economía española, se viene a conocer que para las llamadas agencias de calificación o rating que orientan "los mercados" señalando "bajo vigilancia" las economías de los estados-nación que no están a su juicio llevando las políticas económicas convenientes para lograr la solvencia del país, existe un área de países que están entrando ya en esa zona de "insolvencia". Les han buscado un acrónimo: PIIGS, que significa Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, pero que suena en inglés de la mejor de las maneras. algo así como CEERDOS. Manca finezza!, diría sin duda un natural de una de las dos íes de los países execrados.
La cuestión viene a resumirse así: estas economías se han endeudado de forma importante para salvar el sistema financiero puesto en crisis, entre otras razones, por las extraordinarias calificaciones que las agencias de rating dieron a los productos financieros tóxicos, sub prime y otros inventos de la ingeniería financiera de la especulación y de la economía de casino. Ahora que el sistema financiero se ha estabilizado, las agencias de calificación consideran que estos paises deben reducir su endeudamiento. Naturalmente lo deben hacer cercenando derechos sociales, reduciendo el Estado social y remercantilizando espacios importantes de las necesidades sociales. Aun a costa de romper el diálogo social y siempre disciplinando a las organizaciones que representan el trabajo. ¿A quien interesa que la crisis se desplome sobre el trabajo subordinado, destruyendo el sistema de empleo y degradando la ciudadanía social?
No hablemos, claro, de esa estupidez de la soberanía popular y de las decisiones que los ciudadanos adoptan en democracia. Es un asunto de CEERDOS (PIIGS).