Celebrar
el 1 de mayo en el año 2013 en España implica ante todo manifestar por las
calles de tantas ciudades españolas el grito de protesta y de resistencia de
los trabajadores y de las trabajadoras frente a una política que está devastando
el trabajo y anulando los derechos individuales y colectivos que han ido
consiguiéndose con tanto esfuerzo a lo largo de nuestra historia democrática.
El Primero de Mayo se inserta en un largo y continuado proceso de
movilizaciones que no tiene parangón en nuestra historia reciente en donde se
entrecruza la acción de los movimientos sociales y la del sindicalismo más
representativo en unidad de acción, el cual a su vez hace de propulsor de este
proceso unitario. Esta es una fecha que permite la visibilidad social de esta
componente de la resistencia activa a un estado de cosas frente a la que el
gobierno del Partido Popular exige la sumisión voluntaria de la ciudadanía
basada en la desesperanza de la sociedad y en la impotencia de la política. Es por
tanto un momento más en la exteriorización de un proceso de lucha que no sólo
se define por el rechazo de los mandatos del gobierno, sino que opone a éstos
un programa alternativo claramente viable y hacedero.
Los
manifiestos del 1 de mayo normalmente no se leen, porque la simbología de la
fecha es tan evidente que no requiere más explicaciones. Pero en el de este
año, UGT y CCOO han sintetizado los elementos básicos de sus líneas de
actuación. Se trata de poner límites a la agresión que está sufriendo la
ciudadanía española, y por eso se requiere otra política económica – la
reactivación económica frente a la política del rigor presupuestario – la
expansión del sector público y de los servicios de interés general como sanidad
y educación frente a la preconcebida privatización y degradación de los mismos,
la recuperación del garantismo de los derechos individuales laborales y del
principio de autonomía y negociación colectiva, y, en fin, la defensa de la
democracia frente a las tendencias involucionistas y autoritarias del poder
público que se manifiestan no solo en la criminalización creciente de la
protesta social, sino en un continuo incumplimiento y modificación ilícita del
cuadro de libertades reconocidos en la Constitución.
En
ese mismo manifiesto se habla de la necesidad de un acuerdo social y político
para modificar radicalmente la situación de plena emergencia social en la que
nos encontramos y de la que dan fe de forma dramática los más de seis millones
de parados y el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Es una réplica de la
reivindicación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que exige un
nuevo contrato social para Europa, en el que se establezca de una vez por todas
la necesidad de una dimensión social fuerte en la Unión Europea y la sumisión
de las reglas de la gobernanza económica al respeto de los derechos sindicales
y sociales de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Pero ese acuerdo social y
político tiene necesariamente que tener en cuenta que nos encontramos en una
situación generalizada de desigualdad y de vulneración de derechos laborales y
de protección social, y por consiguiente invertir esta posición degradada y
subalterna es la prioridad del contenido del mismo. La Confederación Sindical
Internacional lo ha afirmado como eje del 1º de mayo en todo el espacio global:
desarrollar el poder de trabajadores y trabajadoras.
En
España, como en todas las periferias europeas, la situación es extremadamente
grave. En un editorial de la Revista de la Fundación 1 de Mayo, Rodolfo Benito la ha sintetizado
definiéndola como una situación de emergencia social. Para remediarla, “o se
abre camino a otra política o el camino, no hay otro, es el del cambio en la
dirección política de nuestro país”. Otra política es posible, pero no es probable
que el Partido Popular, con su bagaje de cinismo, mentiras, corrupción y
autoritarismo, pueda desarrollarla. Por eso la movilización sindical deberá ir
incorporando elementos más “políticos” como condición necesaria para el
desarrollo de su función de representación de los intereses de los trabajadores
y trabajadoras de este país.
Una
repolitización de la acción sindical que incorpore la reivindicación de un
amplio proceso constituyente cuyos términos están por definir en concreto más
allá de la necesidad de modificar el
sistema electoral que sostiene el bipartidismo y el cambio en la forma de
gobierno, pero que pasa de forma prioritaria por la desposesión de la
conducción del estado español a sus gobernantes actuales, que arrastran en el
aluvión de sus miserias la suerte de la mayoría de la población española,
condenada así al sufrimiento, a la desesperanza y a la sumisión. De esta
manera, el movimiento sindical español enlaza con su nacimiento en democracia,
cuando reivindicaba amnistía y libertad junto a mejores condiciones de trabajo
y de empleo, como condición necesaria para conseguir un compromiso que
instaurara el trabajo y sus derechos en un marco democrático y tendencialmente
igualitario. Desarrollar el poder de los trabajadores y trabajadoras, como
señala el manifiesto del CSI, implica por tanto hoy en día en España exigir un
cambio en la dirección del gobierno y una amplia coligación de las fuerzas
sociales y políticas en un programa común que incorpore los elementos clave de
las movilizaciones sociales y sus exigencias de cambio y de reforma
alternativa.
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